Luis Britto García
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| Especial para La Página |
¿Qué requisitos definen nuestra profesión? ¿Requiero título universitario para ejercerla en los
medios? ¿Habría que excluir de ellos a los propietarios, en su mayoría no titulados? ¿La ejercemos
ilegalmente los comunicadores pasionales como yo, que desde los catorce años
publico ininterrumpidamente en medios estudiantiles o nacionales, clandestinos
o legales? ¿Requerirán diploma
internecios, blogeros, weberos, twiteros, comunicadores comunitarios, libres y
alternativos?
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¿Cómo se forman nuestros colegas? La Escuela de Comunicación
Social de la Universidad Central no ofrece especializaciones sobre la trama de
la comunicación contemporánea: Redacción de guión, Publicidad, Mercadeo,
Periodismo digital o Audiovisual, Edición. En cambio mantiene costosos cursillos
relámpago que venden títulos de locutor a no profesionales. Institutos privados
imparten todavía más costosos postgrados en algunas de esas disciplinas. Lo
costoso es la norma.
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¿Cómo juzgan nuestros comunicadores la profesión? Hace
décadas docentes universitarios
redactaron contundentes críticas sobre
nuestros medios, mantenían publicaciones para analizarlos. O los medios
actuales son perfectos, o la tinta crítica se ha secado. La deconstrucción
mediática ha pasado a outsiders como Mario Silva, Miguel Ángel Pérez Pirela o
quien esto escribe. Tampoco es relevante la producción de textos formativos.
Escribí hace décadas el Manual de Estilo para un cotidiano. Debí recurrir
fundamentalmente a bibliografías foráneas.
El inestimable trabajo de Olga Dragnic sigue siendo la principal
referencia para las nuevas generaciones. Desaparecieron gran parte de las
revistas sobre la materia. Apenas el jesuítico
Centro Gumilla mantiene Comunicación.
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¿Cómo trabajan nuestros comunicadores? Encuesta realizada
por José María Aguirre reveló un desempleo profesional de 33,3%. Los empleados
padecen prácticas de tercerización laboral y de despido periódico para evitar
acumulación de prestaciones. Con igual finalidad los patronos les exigen
constituirse en personas jurídicas ficticias, que no tienen derechos laborales.
O a cobrar con facturas del Seniat para disfrazar una relación laboral como
trabajo a destajo. Las remuneraciones son bajas, y las de las colaboraciones
free lance, insignificantes. Poco hace por sus agremiados un Colegio de
Periodistas que pasó una década sin elegir nuevas directivas, o un Sindicato
Nacional de Trabajadores de Prensa que aceptó el despido masivo de medio millar
de comunicadores luego del cierre patronal de 2002-2003, y las sucesivas oleadas
de cesantías.
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¿Cuál es la función de nuestros comunicadores? Líderes y
partidos políticos opositores se reconocen desacreditados, y sostienen que los
comunicadores son los nuevos actores políticos ¿Actores políticos contratados
por empresarios? ¿Actores políticos que no son elegidos, ni escogen
democráticamente sus dirigencias ni sus
programas, en desacato de la Ley de Partidos Políticos? ¿Actores cuya línea
editorial es la aprobada por
propietarios e impuesta por jefes de Redacción? Para 2003 Marcelino
Bisbal verificó que apenas dos diarios mantenían un relativo equilibrio
informativo. Gremios de comunicadores han publicado remitidos donde separan su
posición política de la de la empresa donde trabajan.
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¿Deben los actores políticos autodesignados limitarse a
criticar al poder político, lo cual es su derecho mientras lo hagan con
veracidad? ¿Son igualmente críticos con las empresas, sus prácticas y sus
productos? ¿Tenemos publicaciones como el Consumer´s Report, de Ralph Nader,
que defiendan a los consumidores? ¿Columnas o programas que en lugar de
enjuiciar a políticos desmonten ofertas
comerciales engañosas, esquemas de
financiamiento usurarios, ganancias exorbitantes? ¿Se ejerce la crítica de los
medios desde los propios medios? ¿Se es capaz de ver la viga en el ojo propio
antes que la paja en el del vecino? ¿De no confundir el amor con el amo?
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¿Cuál es la relación del comunicador con la ley? ¿Es
aceptable el síndrome del motorizado, que se considera por encima de toda regla
salvo la solidaridad automática con el infractor? ¿La libertad de expresión
incluye la de mentir? ¿La de acusar descaradamente de corrupción administrativa
a un menor de once años, fallecido trece años antes? ¿La de inventar muertos
que están vivos, y pontificar que el agua contaminada produce Alzheimer? ¿La de
publicitar golpes de Estado como artículos de consumo? ¿La de ejercer con
desenfado el racismo y la discriminación social? ¿La de asumir todos los
poderes sin ser elegido para ninguno, y legislar, ejecutar y sentenciar por
cuenta propia? ¿La de violar sistemáticamente la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión, acribillando los programas de prohibida publicidad por
inserción y por emplazamiento, excediendo todos los límites del espacio
publicitario, elevando el volumen durante la emisión de las cuñas? ¿La libertad
de mantener un perpetuo final de fotografía entre el cúmulo de infracciones y
la incapacidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para proteger al
público? ¿La de desacreditarse desacreditando? Son demasiadas preguntas para un
día. Quizá el Día del Periodista sea la ocasión para contestarlas, o por lo
menos plantearlas.
