Gustavo Márquez Marín | En agosto de 2014 hubo un encuentro
ministerial colombo-venezolano para implementar el “plan de choque contra el
contrabando” acordado por los presidentes Santos y Maduro. Un año después, en
un cónclave del mismo tenor, ambos gobiernos reconocen que la situación
de hoy es mucho más grave y afecta a ambos países. Es evidente que aún no
se ha concretado una acción eficaz conjunta, para erradicar esa economía
“subterránea” controlada por una poderosa estructura criminal paramilitar
transnacional.
El contrabando crea desabastecimiento y acelera la inflación
del lado venezolano mientras en el colombiano genera recesión y desempleo. En
ambos, se comporta como un vector que frena el desarrollo
socioproductivo, carcome la funcionalidad del Estado como garante de la
legalidad, fortalece la cultura de la corrupción, expande la violencia y la
inseguridad. Fomenta los roces entre ambos países afectando especialmente a las
poblaciones fronterizas. Conspira contra la integración y la buena vecindad que
debe prevalecer entre pueblos hermanos.
