La ley del Infogobierno destinada a “garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente, en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del sector, privado no afecten los intereses colectivos o sociales”, no termina de ser implementada y todos los esfuerzos que se han hecho en esa dirección no terminan de cuajar. La ley Orgánica de Contraloría Social decretada en el 2012 aún no ha sido reglamentada ni se han creado los mecanismos para su aplicación. Pareciera que todas las iniciativas impulsadas por el Presidente Chávez para intentar hacer transparente la administración pública, a fin de que el pueblo pudiese ejercer su vigilancia y control, terminan en las fauces voraces del burocratismo.
La corrupción, al crear ineficiencia y desmoralización está
debilitando el piso ético y la credibilidad del discurso político
revolucionario. El soborno ablanda los controles con un impacto económico y
social considerable afectando las condiciones de vida y de trabajo de las
mayorías, especialmente de los más pobres. Incide notablemente en la calidad y
costos de los bienes y servicios impactando a la economía en su conjunto. Solo
un Poder Popular no tutelado desde la burocracia estatal, que haga contraloría social
efectiva articulado con el Poder Ciudadano y los medios alternativos, tendría
la fuerza telúrica para cambiar las cosas. Eso sería posible con un golpe de
timón al estilo Chávez.
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