Manuel Acuña Asenjo | En
uno de nuestros últimos documentos, y comentando lo que podría suceder en los
meses siguientes a las elecciones primarias de junio, aseverábamos que los
hechos de la escena política nacional prevalecerían por sobre todos los demás
sucesos y que la información de los medios de comunicación se volcaría, por
entero, a solazarse con ellos. Afirmábamos que veríamos desplazarse, por dicha
escena, a figuras, personalidades, actores políticos que no sólo ocuparían los
espacios disponibles en esos medios sino, además, se incorporarían a nuestro
diario vivir invadiendo la privacidad de nuestros hogares y gobernando el
contenido de nuestras conversaciones con sus afirmaciones, acciones y demás
decires. Los hechos han confirmado esta apreciación, pues no ha sucedido de
otra manera. Y no dejará de suceder hasta que el evento principal que motiva
tales comportamientos, que es la competencia por acceder a la Presidencia de la
nación o algún cargo en el Parlamento, quede resuelta. Sólo entonces bajará en
intensidad este ‘noise’, este ‘ruido’ comunicacional que impide ver al Chile
real, el Chile que se oculta y no se permite emerger, que es el de los
movimientos sociales, el de las clases dominadas. Este documento, por
consiguiente, necesariamente ha de referirse a esos hechos aunque, de soslayo,
intente desentrañar el intrincado mundo de la lucha de clases que subyace tras
esas acciones.
Punto de partida
Comencemos recordando que el miércoles 17 de julio, el hijo
mayor de Pablo Longueira, abanderado presidencial no sólo del partido Unión
Demócrata Independiente UDI sino de todo el conglomerado denominado ‘Alianza
Por Chile’, a nombre de la familia del candidato, dio lectura a un documento en
el que dicho personero hacía pública su irrevocable decisión de abandonar la
lucha política por razones de salud. Al parecer, había sufrido el candidato una
fuerte depresión que lo inhabilitaba para continuar en su empeño de alcanzar la
mayoría necesaria para vencer a sus contrincantes en la carrera presidencial.
Y, como era de suponer, no hubo en ese anuncio información alguna acerca de las
razones que provocaron esa depresión ni, tampoco, posibilidad de inquirir
acerca de ello, pues la generalidad de las intervenciones referidas al hecho no
hicieron más que lamentar lo sucedido, desearle los mejores parabienes al
candidato y ‘respetar’ la reserva de la familia. Sin embargo, culminaba así una
crisis que ya se manifestaba entre las organizaciones políticas integrantes de
la coalición ‘Alianza Por Chile’ (Renovación Nacional RN y UDI), desde la
nominación que hiciera esta última, de Laurence Golborne, ex ejecutivo de
CENCOSUD, como candidato presidencial a nombre de ese partido.
Como muchas de las circunstancias que a diario ocurren en
Chile, en donde causas, motivos o razones quedan ocultos, subsumidos en la
contingencia, relegados al olvido, convertidos en bastiones que resguardan
principios morales de dudosa procedencia, la renuncia de Longueira se
transformó en un ‘hecho’ establecido, una ‘realidad’. Y es que, en las actuales
circunstancias, como sugerente asimilación a lo que sucede en el ámbito de la
economía, dentro de la escena política de la nación también las razones
públicas se trastocan en razones privadas, y nadie tiene derecho a preguntar
más allá de lo que conviene al interés de las clases dominantes y a su
representación política natural [1].
Los hechos se han precipitado. La crisis (larvada, en un
comienzo) entre ambas organizaciones políticas (Renovación Nacional RN y
UDI)[2], se ha hecho manifiesta, provocando fuertes enfrentamientos entre las
mismas. Y si durante varios días se mantuvo la incertidumbre de una candidatura
que reemplazase la de Pablo Longueira, las nominaciones de Evelyn Matthei (UDI)
y Andrés Allamand (RN) no resolvieron la duda. Porque la crisis entre ambas
colectividades pareció agudizarse: nuevas primarias dentro de la coalición y
enfrentar las elecciones presidenciales con un candidato de unidad o,
simplemente, hacerlo con dos. Por supuesto que tales disputas provocaron
regocijo entre quienes, en las elecciones primarias de 30 de junio pasado, se
habían pronunciado por la candidata de la alianza ‘Nueva Mayoría’ que es
Michelle Bachelet. El regocijo era que ‘ahora, la derecha no tiene candidato’,
que ‘la derecha está en el suelo’ [3] o que ‘si la derecha no puede resolver su
problema de la candidatura presidencial, ¿cómo va a resolver los problemas de
toda la nación?’ De lo cual se podría inferir que esa ‘derecha’ estaría perdida
frente al avance incontenible de las fuerzas de ‘izquierda’, representadas por la
candidata del conglomerado Nueva Mayoría (ex Concertación o, si se quiere,
Concertación más el Partido Comunista). Tales conclusiones —apresuradas, por
cierto, e incluso claramente triunfalistas— pasaron por alto el problema
central de toda elección cual es su ubicación en el espacio (o campo de acción)
de la teoría del Estado.
En la sociedad actual, las clases sociales se presentan
reemplazadas por estructuras institucionales que gobiernan la escena política
de la nación; dichas estructuras están constituidas por los partidos que no
sólo se arrogan la representatividad de las clases sino, simplemente, las
sustituyen. Así, una crisis que afecte a la representación política natural de
las clases dominantes, pasa a ser una ‘derrota’ de dichos estamentos e invita a
extraer una conclusión tremendamente errónea. Sin embargo, las disputas entre
quienes representan natural o espuriamente a los sectores dominantes no priva a
éstos del ejercicio de su derecho de conducir hegemónicamente al conjunto
social. Menos aún las disputas electorales. Las elecciones son componentes del
mecanismo que gobierna la conducta de la escena política de la nación. Si bien
es posible descubrir en ellas algunas de las contradicciones que existen dentro
del Bloque en el Poder, también cumplen la función de impedir a las clases
dominadas poder determinar el grado de desarrollo de sus propias luchas al
interior de esa sociedad. La escena
política es un mundo de referencias, de manifestaciones o actuaciones a través
de ‘interpósita personae’, a menudo bastante alejado de la realidad que
pretende representar.
Es importante recordar estas enseñanzas, pues lo que se
denomina ‘derecha’ no es más que la representación política natural de las
clases dominantes. Cumple una función, sin lugar a dudas; pero esa misma
función la puede cumplir su representación espuria, es decir, lo que se
denomina ‘izquierda’. Por consiguiente, no tenía (ni tiene), mayor importancia
para los sectores populares, las disputas habidas entre los actores que
componen la Alianza Para Chile; tampoco la tendría para el caso que su
candidato o sus candidatos fuese(n) vencido(s) en forma vergonzante. Esa es tan
sólo la visión que presenta la escena política. Y nada más.
Hechas estas observaciones, sentemos algunas premisas básicas.
Quienes son los
candidatos presidenciales
Los candidatos que, hasta el momento se manifiestan para
enfrentar los comicios de noviembre próximo son:
- Verónica Michelle Bachelet Jeria, en representación de la coalición denominada ‘Nueva Mayoría’;
- Evelyn Rose Matthei Fornet, en representación de la organización llamada ‘Alianza Por Chile’;
- Marco Enríquez-Ominami Gumucio, en representación del Partido Progresista PRO;
- Franco Aldo Parisi Fernández, que se presenta como independiente;
- José Tomás Joscelyn-Holt Letelier , que también se presenta como independiente;
- Marcel Henri Claude Reyes que representa al Partido Humanista;
- Alfredo Juan Sfeir Younis, que representa al Partido Ecologista;
- Gustavo Ruz Zañartu, en representación del conglomerado ‘Asamblea Constituyente’;
- Roxana del Pilar Miranda Meneses, en representación del Partido Igualdad y de la Asociación Nacional de Deudores Hipotecarios ANDHA; y,
- Ricardo Jacob Israel Zipper, en representación del Partido Regionalista Independiente PRI.
Las posibilidades que estos candidatos tienen para llegar a
enfrentarse como tales en los comicios de noviembre próximo son bastante
relativas. Con excepción de quienes representan a las dos grandes coaliciones,
que son el pacto Nueva Mayoría y la Alianza Por Chile, los demás necesitan
reunir un determinado número de firmas antes del 17 de agosto próximo; de no
hacerlo, arriesgan no poder participar en el acto eleccionario final. Y es una
incógnita saber si esos candidatos van o no a cumplir semejante requisito para,
finalmente, presentarse como tales.
Tendencias que acusan
los candidatos
En términos generales, las tendencias de los candidatos se
orientan en sentido inverso. Mientras Evelyn Matthei, Tomás Joscelyn –Holt y
Franco Parisi se manifiestan partidarios de mantener en forma inalterable la
esencia del modelo y aceptan modificaciones accidentales al mismo (en lo que
también se pronuncia el candidato del PRI, Ricardo Israel, aunque acompañado de
ciertas reivindicaciones específicas), Michelle Bachelet, Marco
Enríquez-Ominami, Marcel Claude, Alfredo Sfeir, Roxana Miranda y Gustavo Ruz se
manifiestan con proposiciones más radicales que, incluso, en algunos casos,
llegan a la abolición de la Constitución pinochetista y a la convocatoria a una
Asamblea Constituyente.
No vaya a creerse, sin embargo, que todos estos últimos
candidatos se identifican en sus proposiciones. No. Sus programas son
diferentes. Existen mayores similitudes entre cinco de ellos, excluyéndose a
Michelle Bachelet cuyos postulados han experimentado notables variaciones.
Existen, no obstante, dos hechos que unen, en mayor o menor
medida, a todos los candidatos, independientemente del programa que lleven o
del sector social cuyos intereses quieran representar.
Es el primero que, de una u otra manera, todos ellos han
apostado lidiar dentro de los márgenes del sistema, al interior del marco
democrático, a través de elecciones que suponen libres, secretas e informadas.
Esta voluntad manifiesta en orden a relegar a un segundo plano la tarea primordial
de los movimientos sociales, cual es transformar la protesta social en
organización y la organización en poder social, y optar por aceptar las
condiciones en orden a disputar las propuestas políticas dentro de los marcos
establecidos por las clases dominantes para el funcionamiento del conjunto
social, es una tendencia que se manifiesta desde hace varios meses incluso
entre los líderes que han conducido las protestas estudiantiles. No está de más
señalar aquí que los primeros en hacerlo fueron Camila Vallejos y Camilo
Ballesteros, que determinaron seguir la línea impuesta por su partido; les han
seguido en una actitud semejante aunque no idéntica, Gabriel Jackson, fundador
del Partido ‘Revolución Democrática’ y Francisco Figueroa y Gabriel Boric , fundadores
del movimiento ‘Izquierda Autónoma’, para participar en las contiendas
parlamentarias[4]. No lo ha hecho de manera diferente Marco Enríquez-Ominami
con su Partido Progresista PRO (y hasta podría llegar a hacerlo Andrés
Velasco). La vía de las reformas a través de la institucionalidad parece
haberse impuesto; al menos, en las candidaturas presentadas.
El otro hecho es que la generalidad de los programas está
íntimamente relacionada con las reivindicaciones planteadas por los movimientos
sociales desde la revolución de los pingüinos en adelante, es decir, desde
2006. Queremos decir aquí que los programas de los candidatos no han podido
evitar pronunciarse sobre dichas reivindicaciones, sea para apoyarlas o para
rechazarlas rotundamente. Lo cual es un índice importante para concluir que las
protestas habidas desde 2006 en adelante parecen ser los acontecimientos más
relevantes ocurridos en el Chile post dictatorial. Los movimientos sociales,
especialmente los estudiantiles, han determinado el rumbo de la política
chilena de los años futuros, y lo seguirán haciendo por un largo tiempo más. Y
eso sí constituye una novedad para las elecciones que se avecinan.
Desde este punto de vista, no debe sorprender que esos
candidatos, también en mayor o menor medida, contrapongan o adapten sus
estrategias a las de los movimientos sociales. No puede extrañar, en
consecuencia, que para la generalidad de esos candidatos (especialmente para
las abanderadas de la Alianza Por Chile y de Nueva Mayoría, sin perjuicio que en
esa misma línea se inscriban los independientes Joscelyn-Holt y Parisi), el
principal adversario sea el movimiento social. Y es que los partidos
constituyen elementos consubstanciales a la estructura del Estado; son parte
del Estado, como también lo es la escena política y el Bloque en el Poder. La
Concertación de Partidos Por la Democracia tuvo la oportunidad de liquidar,
consciente y deliberadamente, al movimiento estudiantil de los ‘pingüinos’ en
2006 porque era un elemento extraño y disociador dentro de la institucionalidad
en la que ella funcionaba. No sucedió de manera diferente con las protestas
estudiantiles de 2011, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera trasladó al
Parlamento las peticiones que los jóvenes le hacían directamente a él, colocándolos
en la disyuntiva de desafiar en su globalidad al sistema democrático. Y si ya
así ha sucedido, no tendría por qué no ocurrir de la misma manera en el futuro:
el enemigo principal de la escena política es el movimiento social. Esto no
debe sorprender. Es parte de la defensa que el sistema hace de su propia
estructura. El sometimiento del movimiento social, la cooptación de su
dirigencia, la asimilación cultural de los dominados al poder espiritual
dominante, no es solamente una tarea del sistema, sino la obligación ineludible
que le asiste. Se entiende, así, que frente a la posibilidad de la convocatoria
a una Asamblea Constituyente algunos sectores (Renovación Nacional y sectores
de la Concertación) hayan querido firmar un acuerdo para enviar al Congreso la
reforma al sistema binominal y que el presidente de la primera de esas
colectividades haya expresado abiertamente que el objetivo de esa reforma era,
precisamente, quitar a los movimientos sociales la bandera de la Asamblea
Constituyente. Del mismo modo se explican las palabras del dirigente de los
gremios empresariales en el Congreso anual de ICARE cuando, al finalizar ese
encuentro el 30 de julio, expresó que “[…] las peticiones de la calle deben ser consideradas, pero no podemos
dejar que gobierne la calle”.
Posibilidades que
tienen los candidatos de alterar la estructura del sistema
Los sistemas poseen elementos que son de su esencia y otros
que le son accidentales. En el sistema capitalista, son elementos de su esencia
(o estructurales) la existencia de compradores y vendedores de fuerza de
trabajo. Por consiguiente, cuando se habla de introducir reformas estructurales
a su funcionamiento, la referencia implícita es a alterar esa composición. Las
posibilidades de alterar la estructura de un sistema empleando las mismas
herramientas que el mismo otorga, sin embargo, son mínimas (por no decir
nulas), pues no existen sistema con vocación suicida. En el caso chileno, una
reforma estructural debería ser efectuada a través del uso de la normatividad
heredada de la propia Dictadura. Sin embargo, como ya se ha dicho, la regla
general es que todo sistema admita reformas siempre y cuando tales reformas no
alteren el contenido de su esencia. Por ende, esta transformación no será
posible. Y constituiría un disparate mayor intentar, siquiera, realizarla. De
manera que, pasadas las elecciones, el sistema mantendrá su natural estructura
de desigualdad.
Un sistema social desigualitario por naturaleza, para poder
perseverar en el tiempo, requiere de una estructura coercitiva que garantice su
existencia, la que, a su vez, necesita de una normatividad fundamental que
organice al conjunto social. La estructura coercitiva es el Estado; la
normatividad fundamental, su Constitución. Ambos elementos, puesto que aseguran
la mantención de la esencia del sistema, son elementos consustanciales al
mismo. Por consiguiente, no desaparecen; aunque se intente reformarlos[5]. En
consecuencia, tampoco desaparece la forma interior de su estructura, vale
decir, el Bloque en el Poder ni, mucho menos, la existencia de una fracción
hegemónica dominante que conduzca a la sociedad en su conjunto. Nos guste o no
nos guste.
En seguida, es necesario despedirse de otra circunstancia
imposible de realizar: tampoco podrá cambiarse la composición del Bloque en el
Poder ni, mucho menos, la conducción hegemónica que ejerce su fracción
dominante, hoy la bancaria. Y si alguien pudo creer que alguno de los
candidatos tuvo la precaución de advertir a su electorado al respecto, los
porfiados hechos nos conducen a una
conclusión por entero antagónica: ninguno lo ha hecho, ninguno deja indicios de
querer hacerlo; mucho menos una voluntad explícita orientada en ese sentido.
En tercer lugar, aún cuando existiera esa voluntad y se
manifestara de manera explícita, tampoco podrían realizarse dichos cambios con
las actuales reglas del juego pues la economía chilena está fuertemente atada a
los vaivenes del exterior, y es en ese exterior donde reina sin contrapesos la
fracción hegemónica bancaria que, a su vez, mantiene a las que existen en cada
una de las formaciones sociales de las naciones sudamericanas.
De lo cual puede deducirse que, si existen posibilidades de
robustecer la actividad de algunos sectores de la burguesía industrial criolla,
lo más que podría alcanzarse sería lograr un mayor equilibrio entre ésta y la
fracción que hoy predomina al interior de esa estructura conduciendo
hegemónicamente al conjunto social. Pero lo cierto es que dicha fracción va a
seguir imponiendo sin contrapeso sus intereses. Digámoslo más francamente: aún
cuando se intentaran reformas de consideración parece difícil que ellas puedan
traducir algunas de las más sentidas aspiraciones de los movimientos sociales.
La fracción bancaria, que tiene bajo su mando la conducción
del Bloque en el Poder chileno, como en otras formaciones sociales a las cuales
se encuentra fuertemente ligada, jamás ha dejado de realizar su interés en
todos estos años de democracia en Chile; es ilusorio suponer, también, que
pueda existir posibilidad alguna de realizar cambios diferentes a aquellos intentados por el propio gobierno de
Sebastián Piñera[6]. Queremos decir con ello que no es posible efectuar
reformas a la conducción hegemónica que mantiene dentro del Bloque en el Poder
la fracción bancaria tanto chilena como internacional. Los bancos nacionales,
reducidos hoy solamente a seis (Banco de Chile, de propiedad del grupo Luksic;
el Banco de Crédito e Inversiones, de propiedad del clan Yarur; el BancoEstado,
de propiedad del Estado; el Banco Ripley, del grupo Calderón; el Banco
Falabella, del grupo Solari, y el Banco París, del grupo CENCOSUD, como
asimismo, los bancos internacionales (Santander, BBVA, Scotiabank, Itaú, Internacional)
están preparados para enfrentar las nuevas condiciones que ofrece el panorama
político nacional y no se encuentran, en modo alguno, intranquilos. Total, el
BancoEstado vuelve a quedar en manos del gobierno de turno; el Banco de Chile
pertenece a una familia como la Luksic, ligada a la ex Concertación; y el BCI
sigue en poder de los Yarur. No puede suponerse que CorpBanca, del grupo de Álvaro Saieh,
interprete una melodía discordante, a pesar de haber pertenecer a un grupo que,
además, posee COPESA, dueña, a su vez, del periódico La Tercera, que apoyó en
su momento la candidatura de Laurence Golborne y, posteriormente, de Pablo
Longueira. Y es que dicha entidad puede ser afectada por la crisis que
experimenta el SMU (Supermercado UNIMARC). Hoy, mantiene un discreto silencio.
Así, pues, la fracción bancaria, que hegemoniza el Bloque en el Poder y, en
consecuencia, la conducción de la sociedad en su conjunto, parece dispuesta a
apoyar a cualquier gobierno que le permita realizar sus negocios; lo hizo con
la Concertación y, más tarde, con la Alianza Por Chile; no tendría por qué no
hacerlo con la coalición que triunfe o con quien triunfe en los comicios de
noviembre. En este mismo orden de cosas, también el Banco París, de propiedad
de CENCOSUD que dirige Horst Paulmann[7] parece estar dispuesto a hacerlo.
Sin embargo, esto es sólo el comienzo. Existen otros hechos
que impiden la realización de reformas estructurales al sistema.
La voluntad política
de realizar cambios
El problema mayor que presentan la elecciones de noviembre
es que los candidatos que podrían disputar con mayor éxito tales comicios
—Matthei y Bachelet— no evidencian deseo alguno en torno a comprometerse con
reformas de consideración (no es extraño que así suceda con Matthei, pues representa
naturalmente el interés del capital; Bachelet, cuyo discurso es ‘renovador’
eleva al carácter de reformas ‘estructurales’ reivindicaciones que no lo son en
absoluto, como la gratuidad de la educación, la reforma tributaria y la reforma
a la Constitución pinochetista). La voluntad política de realizar reformas
estructurales existe en algunos de los otros candidatos (Enríquez-Ominami,
Claude, Sfeir, Ruz, etc.), sin embargo, las posibilidades de un éxito electoral
de los mismos se encuentran fuertemente limitadas, aún cuando algunos de ellos
cuenten con el apoyo de sectores sociales junto a quienes lucharon, codo a
codo, en las protestas.
No deja de ser revelador el hecho que la abanderada de Nueva
Mayoría haya mantenido hasta fines de julio un acusador silencio en torno a lo
que piensa realizar en materia de derechos laborales. Por supuesto que no
existe voluntad alguna de intentar imponer la participación de los trabajadores
en la toma de decisiones de las empresas; el trabajador, componente de la producción
según la teoría clásica, no recibe del capital un trato diferente al que ésta
asigna a la naturaleza, que es la dominación. Y esta concepción es la que
prevalece. En el programa de Bachelet, inconcluso aún, tampoco hay referencia a
una reforma al Código del Trabajo. Ese es un tema que se encuentra tan fuera de
protocolo que el lunes 29 de julio el propio Partido Socialista debió realizar
un encuentro de representantes del Comando de la candidata y parlamentarios de
ese partido. El objetivo del encuentro, realizado en el Instituto Igualdad —al
cual concurrieron en representación del Comando de Michelle Bachelet su vocero
Álvaro Elizalde y su asesor en temas internacionales Luis Maira—, fue hacer
presente a los primeros la preocupación de todos ellos por “[…] la ausencia de temas laborales […]” en el programa de la
candidata [8].
Sin embargo, lo más revelador de esta voluntad de no querer
hacer cambios o hacerlos ‘en la medida de lo posible’, está constituido a) por
expresiones (promesas) que se formularon en cierta oportunidad y que,
posteriormente, han ido experimentando modificaciones hasta terminar siendo una
caricatura de su original; b) la incorporación a labores de preparación del
programa de personajes estrechamente vinculados a intereses económicos de
varios de los Grupos que existen en el país, y c) contradicciones entre los
propios personeros de la coalición.
a) Expresiones de la candidata que han sido alteradas.
En su discurso en El Bosque, Bachelet criticó fuertemente
‘la letra chica’ que condena a los consumidores a aceptar todas las condiciones
que imponen los grandes almacenes; y sin embargo, para mantener a Alberto
Arenas —que empleó su veto contra los dirigentes de CONADECUS—debió nominar a
Aldo González y ocultar, de esa manera sus vínculos con ‘Líder’ y LAN, empresas
a las que ha servido en contra del interés de los consumidores[9].
Esta duda acerca de la distancia que existe entre su
discurso y la práctica ha sido denunciada por Carlos Peña, quien refiriéndose a
la candidata recuerda:
“Entre los partidos y la gente, insinuó a su llegada a Chile, hay que escoger a la gente. Un gesto semejante –es fácil recordarlo- tuvo a inicios de su anterior gobierno y ocurrió que la gente, estimulada por la idea de gobierno ciudadano, amenazó con anegar las calles. El resultado fue que terminó gobernando con profesionales de la política, como Pérez Yoma, Viera-Gallo, Bitar. ¿Por qué no ocurrirá lo mismo ahora?”[10].
b) Incorporación al Comando de personajes de discutible vocación
solidaria.
Numerosos de los técnicos que ha llamado la candidata para
formar parte de su Comando pertenecen al sector neoliberal de la Concertación;
entre otros, Eduardo Engel, economista profundamente contrario al sistema de
reparto en las pensiones y defensor de las AFP; Guillermo Larraín, panelista de
‘Estado Nacional’, ex superintendente de AFP que terminó su gestión poniéndose
del lado de ellas; René Cortázar, ex director de ‘La Polar’, hombre vinculado a
los Matte y a los Luksic, ex presidente de Canal 13, hombre cuyas maniobras han
sido denunciadas por el propio ex vicepresidente de la Democracia Cristiana
Ricardo Hormazábal en carta enviada a dicha colectividad[11]; Javiera Blanco,
ex ejecutiva de una fundación de los Edwards, en fin[12]. La gota que ha
rebasado el vaso ha sido la incorporación —reciente, por cierto— de José de
Gregorio, ex presidente del Banco Central, quien ya se había manifestado
contrario a conceder la gratuidad en la educación:
“[…] darles gratuidad a todos los estudiantes es partir al revés […]” [13]
Cortázar, por lo demás, está unido a Evelyn Matthei por
lazos de amistad, pues no sólo fue compañero de curso del marido de ésta, Jorge
Desormeaux, sino testigo de matrimonio de la pareja cuando ésta contrajo
nupcias, en 1979[14].
c) Contradicciones entre personeros de la propia coalición.
Existen numerosos ejemplos, al respecto. No obstante, hemos
querido tomar uno de los últimos. Mientras que, por una parte, el ex vocero del
Comando, Álvaro Elizalde, refiriéndose a la gratuidad de la educación, a la
reforma tributaria y a la dictación de una nueva Constitución, señalaba que “Las reformas estructurales no van a ser
modificadas […]” [15], el ex ministro de la Concertación, Sergio Bitar,
planteaba la necesidad de realizar las transformaciones en forma gradual.
“Ante tantas expectativas, aún con la potencia de Michelle Bachelet y liderazgo que ella tiene, esto puede ser explosivo de aquí a un año. Y podemos tener a todos los cabros en la calle diciendo : Bueno, ¿dónde está la solución de gratuidad?” [16]
¿Es posible, en estas condiciones, cumplir con algunas de
las reivindicaciones mínimas planteadas por los movimientos sociales y, en
especial, por los estudiantes? No seamos categóricos, pero permítasenos invocar
el beneficio de la duda. Como expresa una vieja sentencia, muy en boga en Chile
y hoy un tanto olvidada: ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’.
No nos hemos referido, aquí, al problema tributario. Y es
que el cumplimiento de las reivindicaciones sociales conduce ineluctablemente a
la reforma tributaria. Y a la reforma constitucional, lo que implica revisar
todas las llamadas ‘leyes orgánicas constitucionales’ [17]. La clave para
realizar esos cambios parece sencilla. Al menos, en palabras.
Claves para realizar
los cambios sociales
La vía elegida por la generalidad de los candidatos para
realizar los cambios sociales es su ejecución a través de los márgenes
establecidos por el mismo sistema. La tarea se reduce a cumplir, pues, los
requisitos contenidos en las mismas normas emanadas de la Dictadura.
Con prescindencia de lo que significa aceptar dicha
normatividad como ‘legítima’ y regirse por ella, el camino elegido por los
candidatos requiere imperiosamente de la concurrencia de dos circunstancias:
a) Contar con una amplia mayoría
social que los apoye y apoye sus propuestas o, lo que es igual, dominar
ampliamente en el Parlamento; y,
b) Contar con la idoneidad y
respaldo de dichos candidatos para realizar las reformas propuestas.
Veamos la primera condición, aunque podemos separar en ella
las proposiciones tanto de la abanderada de Nueva Mayoría como las planteadas
por Marco Enríquez-Ominami, Marcel Claude y Gustavo Ruz, principalmente.
La propuesta de Nueva Mayoría se orienta, fundamentalmente,
a obtener tal número de parlamentarios en los comicios que pueda realizar todas
las reformas prometidas. De ahí el nombre que identifica a la coalición; de ahí
el slogan ‘un parlamento para Michelle’. El resultado de las elecciones
primarias realizadas el día 30 de junio pasado y el enorme respaldo obtenido
por la candidata Bachelet de los votantes en esos comicios alientan a quienes
pretenden tales objetivos. No obstante, creemos nosotros que dicho resultado no
permite extraer conclusiones tan apresuradas.
En primer lugar, porque el voto que recibió la abanderada de
Nueva Mayoría ese 30 de junio no puede considerarse exclusivamente suyo. Había
(y hay) un cansancio con la administración de Sebastián Piñera, un cansancio
que evidencian los índices de desaprobación de las encuestas, los índices de
popularidad y el profundo rechazo que gran parte de la población manifiesta
hacia el gobierno. Porque, como muy bien lo señala un articulista,
“Las elecciones muestran la conformidad o disconformidad de la gestión gubernamental respecto de las expectativas ciudadanas. Como sabemos, lo que finalmente importa de un gobierno para los ciudadanos son sus resultados. Los resultados que la gente ilusiona, a pesar de su frustración reiterada con la política y los políticos. Lo que el gobierno pone en juego cuando da a conocer sus propuestas es su palabra. Palabra que valida con su cumplimiento y el país evalúa por sus resultados. Resultados –como afirmaba C. Matus– es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno” [18].
No debe sorprender, por ende, que algunos analistas estimen
el alto porcentaje de votos recibido por la abanderada de Nueva Mayoría no como
una manifestación de apoyo a ella y a su coalición sino un voto de rechazo a
Piñera y su gobierno. Un voto que le incomode. Lo cual implica suponer,
también, que el voto puede tener un objetivo distinto al que corrientemente se
le asigna.
“[…] en las recientes elecciones lo que podemos observar es un proceso de identificación de la protesta –en relación con los resultados del gobierno– con la candidatura que representa Bachelet. El voto a Bachelet es también una respuesta de los que perciben que ese voto duele a la gestión. De allí que el Voto Bachelet tiene como destinatario al gobierno de Piñera en primer lugar y al oficialismo –Alianza por Chile– en segundo” [19].
En segundo lugar, no se trata de un voto nuevo, de ese voto
de esperanza en un futuro mejor que entrega la juventud cuando participa en las
elecciones, sino el voto de personas mayores, de personas en gran medida de la
tercera edad, y miembros de la antigua militancia de los partidos que conforman
la Concertación. Si bien es cierto que el Servicio Electoral SERVEL no sólo ha
evitado entregar cifras que avalen esta afirmación sino, además, sostiene que
no ha hecho un análisis de la edad de los votantes, la generalidad de las
personas que concurrió a los locales de votación sí asegura haber visto un
electorado compuesto de personas adultas, adultos mayores vinculados a la vieja
Concertación, afirmación que también el televidente pudo constatar con sólo
presenciar la información entregada por los diversos canales de Televisión, y
concluir que el tipo de sufragante no correspondía al de la juventud. De lo
cual puede concluirse que la gran incógnita sigue siendo, de todas maneras, el
comportamiento del votante joven, de ese individuo que ha dejado la secundaria
y se manifiesta como votante voluntario.
En tercer lugar, puede colegirse de lo dicho que, si se
trataba de personas mayores que fueron tanto a mostrar su encono contra Piñera
como a apoyar a la candidata de Nueva Mayoría, no puede suponerse por esa
circunstancia que las cifras obtenidas ese día aumentarán en el futuro. Con la
misma seguridad de quienes sí lo afirman puede sostenerse que se trata de
personas que se agotaron en esa votación y que, posiblemente, pueden volver a
hacerlo de la misma manera, pero no que se multiplicarán por arte de magia. El
acrecentamiento de la votación a Michelle Bachelet puede acontecer; pero nada
impide que dicha cifra de votantes pueda, también, mantenerse u oscilar en una
cantidad igual o levemente superior a la ya obtenida. No hay que olvidar dos
hechos:
a) la presencia de otros
candidatos que no sólo ingresan al escenario electoral a medir sus fuerzas sino
también van a recibir apoyo de la masa de votantes; y,
b) quienes apoyan las listas de
los partidos de la Alianza Por Chile son votantes ‘cómodos’, que no concurren
con mucha asiduidad a los locales de votación, como muy bien lo expresa el
editorial de un diario capitalino:
“Tal vez el punto de partida sea superar el derrotismo. Hay diez millones de votantes que se abstuvieron en las elecciones del domingo: por cada votante, hay tres que se quedaron en casa. Entre éstos, parecen ser muchos más los que en elecciones anteriores se inclinaron por la Alianza —incluida la municipal de octubre pasado— que los del bloque opositor. Además, parte de los votantes del independiente Andrés Velasco, y quizá del DC Claudio Orrego, pueden no sentirse a gusto en una Nueva Mayoría que parece renegar de la obra de la Concertación” [20].
Así, pues, no es seguro que la elección esté ganada. Por el
contrario, la disputa recién empieza.
La segunda condición es más complicada. Dice relación con la
estatura moral de los candidatos al Parlamento.
A menudo, no basta tener mayoría en el Congreso para poder
realizar cambios estructurales al sistema dentro del cual se vive. El
comportamiento de los parlamentarios así lo evidencia. No es extraño que muchos
de ellos no concurran a las votaciones en las que está en juego un proyecto de
ley y permitan, de esa manera, que fracasen laudables iniciativas. A veces lo
hacen por simple desidia; otras, directamente en defensa de intereses
particulares. Y es que el Parlamento no es diferente a otras instituciones del
Estado en donde los conflictos de interés se manifiestan a cada instante. La
Concertación sufrió esta ausencia de parlamentarios en varias de sus
‘votaciones emblemáticas’ [21].
La misma selección de los candidatos, al interior de cada
colectividad, no se realiza con la diligencia y el esmero que cualquier podría
suponer. Predominan los intereses de los diversos sectores que participan
dentro de cada partido. Los hechos en que se han visto involucrados ciertos
parlamentarios, si bien no invalidan el ejercicio de la democracia, ponen en
entredicho la posibilidad de contar con el respaldo de todos los elegidos para
proceder a las reformas trascendentales[22].
La última complicación es que la Constitución pinochetista
ha sido redactada de tal manera que impide se le introduzcan reformas sin
reunir un quórum calificado de parlamentarios. Pertenece a las cartas
fundamentales conocidas bajo el nombre de ‘rígidas’ o ‘duras’, es decir,
aquellas que exigen una mayoría tal de parlamentarios para reformarla que, prácticamente,
resulta imposible hacerlo. En el caso de la Constitución pinochetista,
cualquier reforma que se intente deberá reunir mayorías parlamentarias que
oscilan entre los dos tercios y los tres quintos del Congreso, lo que resulta
casi imposible.
El plebiscito, ¿una
posibilidad?
Obtener una mayoría parlamentaria que posibilite la reforma
de la Constitución es una vía para realizar reformas importantes, sin lugar a
dudas. Sin embargo, no es la única posible. Existe un medio de consulta
establecido en la misma Constitución pinochetista que es el llamado a
plebiscito. Este mecanismo también ha sido considerado por los candidatos
opositores que interpretan así las disposiciones contenidas en los arts. 32, n°
4; 82, n°4 y 117 de la carta heredada de la Dictadura. Pero realizar esta tarea
supone también el respaldo de un amplio movimiento social.
Para la Alianza Por Chile, estos problemas no existen. No
está preocupada de cambiar la Constitución, pero sí estaría llana a hacerlo
respecto del sistema electoral y otras reformas que perfeccionen el método de
extraer plusvalor, lo hagan más eficaz y no desvirtúen la esencia de la forma
de acumular. Porque estos personeros, aún cuando no ignoran las demandas
sociales, consideran que no es posible acceder a todas ellas sin arriesgar la
continuidad del modelo impuesto. Lo cual no les impide alegar su vocación de
servicio al servicio de las clases postergadas. Por eso, sus promesas se
limitan, más o menos, a lo mismo que prometió la Concertación hace algunas
décadas: que las reformas deben ser realizadas en la medida de lo posible. Si
así no sucediera, si las contradicciones se extendieran hasta poner en peligro
la continuidad del sistema, los poderes encargados de velar por su integridad
se verían obligados a implantar un régimen de excepción o dictadura para
reordenar, nuevamente, la estructura social con sus estamentos dominantes y
dominados.
¿Qué puede suceder?
La candidata Matthei no ha sido ratificada aún por el
Consejo Nacional de Renovación Nacional como abanderada de la Alianza Por
Chile. Es posible que lo sea, como también que no lo sea. Esa circunstancia
permanecerá en incógnito hasta el 10 de agosto. No existe certeza de si alguno
de los candidatos a Presidente de la República reunirá la cantidad de firmas que
exige la ley para presentarse como tal ni se sabe qué ocurrirá con sus votantes
para el caso que no lo lograra. No se sabe si los porcentajes de abstención que
hubo en las elecciones municipales de 2012 se mantendrán, aumentarán o disminuirán. No se saben muchas cosas.
Incluso, si las disputas al interior de la coalición Nueva Mayoría podrían o no
afectar el estado anímico de su candidata[23]. Un articulista se ha atrevido a
formular, incluso, la hipotética duda acerca de lo que sucedería si la candidata
de Nueva Mayoría declinara a seguir compitiendo[24]. Aún cuando lo más probable
sea que triunfe la candidata del pacto Nueva Mayoría, lo cierto es que, en
cuanto a las elecciones que se aproximan, nadie tiene clavada la rueda de la
fortuna.
Sin lugar a dudas que la situación de las clases dominadas
tenderá a experimentar mejoras en tanto gobiernen organizaciones políticas que
se arroguen la representación de sus intereses, especialmente, las tendencias
social demócratas; pero ello sólo ocurrirá para el caso de existir buenas
oportunidades para el empresariado, lo que, en buen romance, significa que
dichos sectores sólo podrán mejorar su estado en la misma forma que lo han
hecho a través de la historia: a través de ‘la política del chorreo’, que era
la política de Pinochet. Y luego que se hayan producido fuertes demandas por
mejoras salariales.
De lo cual se pueden colegir otras circunstancias como, por
ejemplo, que el cambio del sistema de votación, de binominal a proporcional,
podría constituir, sin lugar a dudas, un adelanto; pero, en términos de
reformas, poco o nada resuelve. Tampoco la gratuidad escolar, así, a secas,
porque si se le sigue entregando dinero fiscal a quienes son los dueños de los
colegios, lo único que habremos logrado es financiar el lucro de unos pocos a
costa del dinero de todos los chilenos.
La desconfianza hacia la política y los políticos no ha
experimentado variaciones. Y es que, como lo señala un antiguo refrán, “la
confianza, al igual que la honra, cuando se pierde, jamás se recupera”. Por
eso, algunos mantenemos nuestras dudas acerca de la participación en comicios
electorales bajo las actuales condiciones. Porque, ¿es posible creer en un
sistema que deja fuera a las minorías y se solaza en otorgar toda clase de
franquicias a las grandes coaliciones? ¿Es posible creer en un organismo, como
el SERVEL, manejado por personas de dudoso pasado en materia de derechos
humanos, donde aparece, con su inscripción electoral vigente, hasta el ex
presidente Salvador Allende? ¿Es posible creer en un servicio que declara
válida una elección municipal donde las actas de las mesas receptoras de
sufragios aparecen, al cabo de unos días, en los contenedores de basura? ¿Es
posible creer en candidatos nombrados a dedo por los partidos, vinculados a grandes
empresas o a negocios en donde ellos son parte o lo son amigos o familiares
suyos?
Sin lugar a dudas es esa desconfianza lo que motiva a muchas
personas estimar a la abstención como la vía más adecuada para deslegitimar a
una escena política que no representa el interés verdadero de las clases
postergadas.
Notas
[1] Véase, al respecto, de Carlos Peña, “El enfermo
público”, ‘El Mercurio’, 21 de julio de 2013, pág. D-15, en donde pueden leerse
frases como ésta:
“El rasgo principal de la derecha es que privatiza incluso
aquello que, por su naturaleza, es público. ¿Cómo explicar —si no— que la
noticia del retiro de Longueira haya sido encomendada a sus hijos?”
[2] A esos partidos hay que agregar un que se ha incorporado
últimamente y que se autodenomina ‘Evolución Política’ o EVOPOLI.
[3] Portada de la revista ‘Cambio 21’ correspondiente a la
semana entre el 24 y 30 de julio de 2013. La revista ‘The Clinic’ tuvo como
portada ‘Carnicería «La Alianza»’, edición del 25 de julio de 2013.
[4] La situación de estos líderes estudiantiles y de sus
partidos no ha sido la mejor. Rechazados por la Concertación para obtener cupos
parlamentarios, hoy se han volcado a apoyar ciertas candidaturas, entre las
cuales se cuenta la de Carlos Montes, un personaje socialista, ex MAPU, cuya
discutible trayectoria política describimos en parte dentro de nuestra obra “In
Memoriam”.
[5] Esta circunstancia es tan cierta que los clásicos, en un
comienzo, debieron recurrir a designar el tipo de organización social para la
nueva sociedad de diferentes maneras. Al final, Engels escribió que el mejor
nombre para esa estructura no debía ser ‘Estado’ ni ‘Estado proletario’ o
‘Estado de los trabajadores’ sino ‘Gemeinweissen’, es decir, ‘Comunidad’.
[6] Entre otros, un mayor control de la Superintendencia de
Bancos sobre las operaciones bancarias, que van desde la concesión de créditos
(restricción, en algunos casos, expansión en otros), la emisión de tarjetas y
el cobro de comisiones a su clientela.
[7] La fotografía de Horst Paulmann con la abanderada del
conglomerado Nueva Mayoría, colocada en el hall de la Torre Cencosud, fue muy
comentada y solamente se acallaron las críticas cuando se colocó, junto a la
misma, la fotografía del empresario junto a Pablo Longueira, abanderado en ese
entonces de la Alianza Por Chile. La empresa encargada de colocar esos carteles
señaló que si no había colocado la segunda fotografía en la misma oportunidad
que lo hizo con la otra, había sido porque, en ese entonces, no existía aún
alguien que representara en esa carrera a la segunda coalición.
[8] Potthoff, A. y Ahumada, M.J.: “Diputados PS plantean
inquietud al comando de Bachelet por falta de temas laborales en el programa”,
‘El Mercurio’, 30 de julio de 2013, pág.C-4.
[9] Ortíz, Edison: “El nuevo Comando de Bachelet: del
discurso de El Bosque a la tecnocracia y a los fácticos”, ’El Mostrador’, 12 de
julio de 2013.
[10] Peña, Carlos: “Tres preguntas a Bachelet”, ‘El
Mercurio’, 23 de junio de 2013, pág. D-19.
[11] En una de sus partes, dicha carta expresa:
“René es representante del grupo Luksic, no de los DC. Ha
trabajado para ellos en Canal 13, injustamente privatizado por la Iglesia
Católica, ha trabajado y, de seguro, lo sigue haciendo para el conglomerado económico
más grande de Chile. Ha sido asesor de las AFP y fue elegido por ellas director
de La Polar, durante el período en que se estafó a millones de personas.
Recibió sólo una multa, como los estafadores de las farmacias, sin la
obligación de ir a clases de ética, eso sí”.
[12] Ortíz, Edison: Id. (9).
[13] Sáez Rojas, Alejandro: “El fuerte resquemor que generó
el ingreso de Cortázar y De Gregorio a la Nueva Mayoría”, ‘El Mercurio’, 28 de
julio de 2013, pág. B-9.
[14] Redacción: “El vínculo que Matthei y Cortázar tienen
desde hace más de 30 años”, ‘El Mercurio’, 28 de julio de 2013, pág. D-2.
[15] Ahumada, M.J. y Muñoz, G.:”No va a haber cambios
respecto de las reformas estructurales anunciadas”, ‘El Mercurio’, 27 de julio
de 2013, pág. C-8.
[16] Franco, Rienzi: “Bitar advierte riesgos ante
expectativas de cambios generadas por Bachelet”, ‘El Mercurio’, 27 de julio de
2013, pág. C-9.
[17] Estas denominaciones fueron inventadas por la
Dictadura. Una ley es una reglamentación originada en un parlamento, no en un
régimen dictatorial. En doctrina, las disposiciones emanadas de un régimen de
facto se consideran ‘decretos-leyes’ y así son llamadas, no leyes, denominación
que se reserva para la dictación de reglas generales para la comunidad dentro
de un régimen democrático.
[18] Moreno, Marco: “Bachelet y el voto protesta contra
Piñera”, ‘El Mostrador’, 9 de julio de 2013.
[19] Moreno, Marco: Id. (18).
[20] Editorial: “Atraer al votante”, ‘El Mercurio’, 7 de
julio de 2013.
[21] Valenzuela, Esteban y Jofré, René: “La imposible
mayoría parlamentaria por la nueva Constitución”, ‘El Mostrador’, 19 de julio
de 2013.
[22] El programa ‘Contacto’ de 23 de julio de 2013 dejó al
descubierto las maniobras de algunos parlamentarios para ocultar sus vínculos
con negocios y/o empresas en las que tienen intereses. Entre esos
parlamentarios se citó a Ramón Barros (UDI), Ignacio Urrutia (UDI), Andrés
Zaldívar (DC), Hosain Sabag (DC), Jorge Ulloa (UDI), Clemira Pacheco (PS),
Alejandro García-Huidobro (UDI).
[23] Véase, de Edison Ortíz, el artículo “El comando de
Michelle y los partidos: preludio de una tormenta”, ‘El Mostrador’, 30 de julio
de 2013.
[24] Véase de Claudio Alvarado el artículo “¿Y si se baja
Michelle?”, ‘El Mostrador’, 31 de julio de 2013.
