Al analizar el ajuste del precio de la gasolina solo desde
la perspectiva económica y fiscal, se pierde la oportunidad de visualizarlo
como un instrumento de política pública, para transformar el actual modelo de
transporte individualista, despilfarrador, contaminante e injusto, propio del
capitalismo rentístico venezolano.
Según el INE (2011), el parque automotor está constituido
por 3.625.000 vehículos particulares (74.19%) mientras el transporte colectivo
tiene 49.000 unidades (0.01%) y el de alquiler 348.000 (6.92%). Así, los
principales beneficiarios del subsidio de la gasolina son una minoría
frente a la mayoría de venezolanos que no posee vehículo, que deben lidiar
todos los días con un transporte público insuficiente, de mala calidad e
inseguro Al aplicarse de manera indiscriminada dicho subsidio ($12.5000
millones), no se ha favorecido directamente a la gente de “a pie”, porque
éste no influye ni en el precio ni en la calidad del
transporte público.
Al congelarse el precio nominal de la gasolina desde 1997, su precio real se ha devaluado en 90%, mientras los costos de producción han crecido más del 500%, con pérdidas para PDVSA de $3200 millones en el 2013. Esta devaluación ha estimulado el consumo hasta un 40% por encima del promedio de la región con sus efectos colaterales: el aumento de la polución y de las emisiones de gases con efecto en el calentamiento global. La otra tajada del subsidio se la lleva el contrabando, el cual, al ser manejado por mafias binacionales, opera como un combustible del crimen, revirtiéndose en más inseguridad para Venezuela.
Al congelarse el precio nominal de la gasolina desde 1997, su precio real se ha devaluado en 90%, mientras los costos de producción han crecido más del 500%, con pérdidas para PDVSA de $3200 millones en el 2013. Esta devaluación ha estimulado el consumo hasta un 40% por encima del promedio de la región con sus efectos colaterales: el aumento de la polución y de las emisiones de gases con efecto en el calentamiento global. La otra tajada del subsidio se la lleva el contrabando, el cual, al ser manejado por mafias binacionales, opera como un combustible del crimen, revirtiéndose en más inseguridad para Venezuela.
El ajuste debe ser gradual y hacerse en el marco de una
Nueva Política Económica destinada a lograr la estabilidad macroeconómica y el
abatimiento del modelo rentístico-importador. Para evitar que se dispare la
especulación, debería cuantificarse el impacto que se reflejará en los
costos del transporte y en las cadenas productivas aguas abajo para tomar las
medidas regulatorias pertinentes. El precio debe tener como piso el costo de
producción. El excedente debería destinarse a reformular, mejorar y ampliar el
transporte público, a compensar el impacto inflacionario del ajuste, a darle sustento
a las pensiones del IVSS y a las misiones sociales.
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