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| Mariano Rajoy (PP), Albert Rivera (C´s), Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos) |
La alianza entre PSOE y Ciudadanos (C’s)
en la investidura de Sánchez repite un pacto que se ha desarrollado con éxito en
Andalucía; con la no pequeña diferencia de que carece de votos suficientes para
gobernar: depende de la abstención del PP en la cámara baja de las Cortes y de
la venia del Senado donde la derecha pepera
goza de mayoría absoluta.Eso explica las características del compromiso, que
tiene en cuenta al partido conservador, aunque éste no haya estado en las
conversaciones. Rivera está actuando de enlace entre los dos partidos rivales
de la alternancia liberal, para terminar con un modelo obsoleto del juego
político.
Tiene además a su favor que el nuevo monarca
parece favorecer un gobierno reformista; el nuevo rey, en efecto, necesita un
Estado acorde con los nuevos tiempos marcados por la crisis y el final de la
bonanza económica; un Estado a su medida –y no a la medida de su padre-, que le
proporcione una nueva administración diseñada para durar unos lustros al menos.
El objetivo de ese gobierno sería la regeneración de las estructuras estatales
profundamente dañadas por la corrupción y la creación de un nuevo modelo
político y económico a través de aquellas reformas necesarias. Esto incluiría ciertos cambios
constitucionales (ley de sucesión, artículo 135, revisión de la ley electoral,
etc.), reformas importantes en las estructuras políticas (desaparición de las
Diputaciones Provinciales, reducción o eliminación del Senado, supresión del
aforamiento, etc.), reforma o abolición de algunas leyes recientemente aprobadas
(modificación de la ley Mordaza, paralización de la LOMCE, remodelación ‘progresista’–menos
retrógrada, quiero decir- del sistema impositivo, medidas anticorrupción,
etc.). Se corrige la política del
gobierno anterior del PP, pero no se cambia lo sustancial: el acuerdo entre PSOE y C’s está hecho pensando en el tercer elemento del bloque monárquico
liberal.
Pero el PP se resiste a abandonar el poder y
Rajoy ha comentado en un ambiente semipúblico, que habrá nuevas elecciones el
26 de junio. Esa rebeldía debe ser
domesticada; será difícil conseguir sumar al partido más conservador al carro
reformista, pero es completamente necesario.
Tal vez sea esa la explicación de que el PP haya tenido que soportar en
el último mes un espectacular ataque en forma de denuncias por corrupción: hay
que preparar a este partido para que acepte entrar en el juego de la alianza conservadora. Se trata de conseguir un gobierno de
concentración nacional, o al menos un gobierno que sea capaz de establecer una
política que contente a todos los componentes sociales de la derecha. Los dirigentes del PP –que ahora están bajo
amenaza de parar con sus huesos en la cárcel-, tendrán que sumarse a un pacto
que se ha hecho pensando en ellos. Estos
personajes –Rajoy, Aguirre, Barberá,…- que se creían por encima de la ley –y lo
estaban en la época del rey Juan Carlos-, ahora han sido puestos en la picota
en pro de la necesaria reforma del Estado.
La regeneración del Estado exige también una regeneración de los
partidos políticos y de la propia cultura política de la derecha. Y parece que el PP, ante el empuje de C’s, ha emprendido también el camino de
la reforma.
Pero el problema es que la regeneración del
Estado puede exigir también un cambio en el sistema de poderes, liquidando la monarquía. La propia jefatura del Estado podría verse en
cuestión si comienza un proceso de enjuiciamiento de altos cargos
políticos. El procesamiento de la
infanta Elena es un serio aviso sobre esta cuestión. Así que tenemos que volver a la cuestión que
Anguita planteaba ante el caso del GAL: ¿quién es el señor X? Es decir, ¿dónde está el origen de la
corrupción? La cuestión es hasta dónde
tiene que avanzar la depuración de las instituciones y si la monarquía va a ser
puesta en cuestión por la crisis del Estado.
Esa ruptura constituye el desafío que la
izquierda –o como ahora se prefiere decir, los de abajo- debe afrontar en este
año crucial: proponer un proceso constituyente con participación popular, que
dé lugar a una transformación en profundidad del actual orden social. Y hemos
de reconocer que la actitud de los dirigentes de los partidos que apuestan por
ese proceso constituyente, ha sido cuando menos precavida y prudente. Tal vez se pueda decir que esa prudencia está
en sintonía con el sentir popular. Pero
las maniobras del tándem Podemos-IU para constituir un gobierno de progreso no
han convencido a Sánchez: aparentemente, no había mayoría suficiente en las
Cortes; pero aunque la hubiera, cuesta imaginar al PSOE haciendo política de izquierda al servicio de las clases
populares. Ni siquiera lo hizo en Andalucía cuando gobernaba con IU, que ha
quedado de ese modo en evidencia por su incapacidad para hacer cumplir sus
pactos a su socio de gobierno.El PSOE
no es como el partido socialista portugués, que gobierna con el apoyo y la
vigilancia de la izquierda portuguesa (comunistas y bloquistas). Dicho sea de
paso, en España todas las fuerzas políticas se deslizan hacia la derecha, en
comparación con sus homólogos portugueses, lo que seguramente tiene que ver con
la constitución monárquica del país. Una
República federal, o mejor, una Confederación de Repúblicas Ibéricas, tendrían
la ventaja de estrechar lazos políticos y económicos con nuestros vecinos
portugueses.
No hay margen para una política reformista de
carácter socialdemócrata en el marco de la UE y con un Estado
monárquico-liberal. Esa es la clave de
la actual coyuntura política. El caso
griego es un ejemplo claro y debemos sacar las conclusiones de esta
lección. Aplicar un plan de reformas
profundas en sentido socialista, requiere de rupturas para las cuales debemos
empezar a prepararnos. Pero que todavía
no están maduras; por eso todavía el sistema político español gira alrededor de
la monarquía y el bloque reformista-conservador formado por el PPSOE, más el nuevo retoño liberal, C’s.
Sin embargo, esas rupturas podrían llegar a plantearse como alternativa
a lo largo de este año en Grecia, y de rebote en el resto de los países del sur
europeo.
