Mort Rosenblum &
Mar Cabra
Eric Pineda se asomó a la bodega del Achernar y sólo vio
diez míseras toneladas de jurel después de haber estado faenando durante cuatro
días. Hace un par de décadas, las aguas del Pacífico Sur eran tan ricas en
pescado que se podía llenar ese barco de casi 18 metros de eslora en apenas
unas horas.
Este agente marítimo, como cualquier otro habitante de esta
vieja ciudad portuaria de Talcahuano, situada al sur de Santiago de Chile,
creció conviviendo con ese pescado lleno de espinas y de tonos bronce llamado
jurel chileno, una especie que deambula agrupada en bancos por las aguas del
Pacífico Sur.
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| La sobreexplotación del océano Pacífico está acabando con la pesca industrial |
“Se está acabando muy rápido”, admite Pineda, “tenemos que
pescar lo máximo posible antes de que se agote”. Cuando se le pregunta qué le
dejará a su hijo, se encoge de hombros y dice: “Tendrá que buscar otra cosa”.
Pero, ¿queda algo por buscar?
El jurel chileno, rico en ácidos grasos, es un verdadero
maná para un planeta hambriento, un producto de primera necesidad en África. En
otros lugares, la gente lo come sin darse cuenta, ya que la mayoría se
transforma en harina de pescado para ser consumido en la acuicultura y en las
granjas de cerdos. Se necesitan alrededor de cinco kilos de jurel para producir
un kilo de salmón de criadero.
En tan sólo dos décadas, la población de jurel chileno ha
caído en picado: de unos 30 millones de toneladas a menos de tres en la
actualidad. Los barcos arrastreros más grandes del mundo, después de haber
esquilmado otros océanos, ahora ponen rumbo hacia las aguas al borde de la
Antártida para disputarse lo poco que queda.
Un trabajo realizado en ocho países por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)
sobre la industria pesquera en el Pacífico Sur revela por qué el estado crítico
en el que se encuentra el humilde jurel presagia de forma clara el alarmante y
progresivo deterioro de las especies marinas en todos los océanos.
Es sólo el reflejo de un panorama a nivel mundial: décadas
de pesca incontrolada fomentada por rivalidades geopolíticas, corrupción, mala
gestión e indiferencia de la ciudadanía.
Daniel Pauly, eminente oceanógrafo de la Universidad de
Columbia Británica en Canadá, ve en la grave situación del jurel del Pacífico
Sur una señal de alarma. “Éste es como el último de los bisontes”, contó al
ICIJ en referencia a la época de la colonización de Norteamérica. “Cuando se
haya ido, entonces todo lo demás habrá desaparecido con él… Marcará el final de
los territorios conquistables”, añadió Pauly. La pesca será una cosa del
pasado.
Grandes flotas pescan
sin control
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| El jurel chileno se pesca a lo largo de 4.100 millas de las costas de Chile y Perú, hasta unos 120 grados de longitud, a mitad de camino a Nueva Zelanda. Vaga en aguas abiertas, come plancton y otros organismos pequeños, y es alimento para peces más grandes. Un pequeño pez con un gran papel en el ecosistema. Fuente: Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur |
Delegados de casi una veintena de países se reunieron a
principios de febrero en la capital chilena para intentar conseguir avances en
el difícil objetivo de frenar el saqueo de los recursos del Pacífico Sur. Una
vez más, fallaron en su intento y en 2012 se seguirá pescando sin control
efectivo.
La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico
Sur (más conocida por sus siglas en inglés, SPRFMO) se fundó en 2006 gracias a
la iniciativa conjunta de Australia, Nueva Zelanda y Chile, un país éste último
que no suele formar parte de organismos internacionales de pesca.
Su propósito original era proteger el estatus de las
pesquerías, particularmente la del jurel. Sin embargo, hicieron falta casi
cuatro años para que 14 países adoptaran 45 artículos provisionales que
respondieran a ese plan. Hasta la fecha, sólo seis países han ratificado el
acuerdo.
Entretanto, las flotas industriales, sólo sujetas a
restricciones voluntarias, compiten por pescar todo lo que puedan en los
confines del mundo.
Los científicos calculan que entre 2006 y 2011 la población
de jurel chileno disminuyó un 63 por ciento.
La convención de la SPRFMO necesita ocho firmas para ser
vinculante, incluida la de un Estado costero sudamericano. Chile, que en un
primer momento fue determinante para constituir el grupo, aún no la ha
ratificado.
En sus comienzos, la SPRFMO decidió que en el futuro
asignaría cuotas anuales para los Estados miembros en función del tonelaje de
arqueo bruto de los barcos desplegados por cada uno de los países entre 2007 y
2009.
Con el fin de aprovecharse de esa decisión, varias flotas
pesqueras se dirigieron a toda máquina hacia las aguas del Pacífico Sur. Los
barcos de arrastre chinos llegaron en masa, así como lo hicieron otros
procedentes de Asia, Europa y Latinoamérica.
Uno de los primeros en llegar fue el que por aquel entonces
era el mayor pesquero del mundo, el Atlantic Dawn, un buque de 14.000 toneladas
construido para armadores irlandeses. La empresa holandesa Parlevliet & Van
der Plas lo compró y le dio el nombre de Annelies Ilena. Este tipo de
“superarrastreros” capturan jurel chileno con redes de gran tamaño, cuya boca
tiene alrededor de 25 por 80 metros de apertura. Cuando las redes son recogidas
el pescado es introducido en la bodega mediante tubos succionadores similares a
aspiradoras gigantes.
Gerard van Balsfoort, presidente de la Asociación de Grandes
Arrastreros Congeladores de Pelágicos (PFA, por sus siglas en inglés), con sede
en Holanda y que representa los intereses de nueve compañías y 25 barcos de
bandera europea, confirmó algo obvio: los holandeses, al igual que el resto,
fueron a marcar territorio. “Era una de las pocas zonas a las que podías
acceder libremente”, admitió Van Balsfoort. Y añadió: “Parecía evidente que una
gran cantidad de barcos iba a tomar rumbo sur, pero no había otra opción. Si te
retrasabas en tomar la decisión de ir allí, te podían cerrar la puerta”.
En 2010, la SPFRMO contabilizó 75 barcos faenando en el área
de su competencia.
La frenética carrera por pescar jurel también atrajo el
interés de uno de los mayores actores del mercado mundial, la empresa con sede
en Hong Kong Pacific Andes International Holdings: PacAndes.
Esa compañía invirtió 100 millones de dólares en 2008 para
transformar un petrolero de 228 metros de eslora y de cerca de 50.000 toneladas
de peso en un buque factoría.
El Lafayette, de bandera rusa, tiene una longitud superior a
dos campos de fútbol americano juntos. Succiona el pescado con una manguera gigante
de barcos de arrastre auxiliares encargados de las capturas, para más tarde
congelarlo en bloques. Luego, buques congeladores lo transportan a puertos de
todo el planeta.
Si operase todos los días, el Lafayette por sí solo tendría
la capacidad técnica de procesar a bordo 547.000 toneladas de pescado al año.
En septiembre de 2011, los científicos de la SPRFMO llegaron
a la conclusión de que una captura anual por encima de las 520.000 toneladas
podría deteriorar aún más el stock de jurel.
Cristian Canales, científico del centro chileno de
investigación pesquera Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), manifestó que un
límite de capturas más seguro sería de 250.000 toneladas. Algunos expertos
discrepan y dicen que la única forma de recuperar esa pesquería es la
implementación de una veda total durante cinco años.
Una sobrepesca
subvencionada
El Trachurus murphyi o jurel chileno se captura al oeste de
Chile y Perú, a lo largo de una franja costera de 6.600 kilómetros, hasta
aproximadamente 120 grados de longitud, a mitad de camino con Nueva Zelanda.
Pertenece al grupo de los pequeños pelágicos, vitales como
fuente de alimentación para las especies predadoras más grandes. Sus bancos se
localizan en amplias zonas de aguas abiertas, donde comen plancton y pequeños
organismos.
Este “pescado forraje” representa un tercio del total de las
capturas mundiales.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura señala que la flota pesquera mundial “es dos veces y media mayor de
lo necesario”. Esa estimación fue publicada en un informe de 1998. Desde
entonces, la capacidad pesquera de las flotas se ha incrementado aún más. Si
una pesquería no está convenientemente regulada, pueden esquilmarla
rápidamente.
Según afirman los expertos, esa sobrecapacidad se ha visto
potenciada por las subvenciones, especialmente en Europa y Asia.
Un prestigioso informe realizado por Rashid Sumaila, en
colaboración con el oceanógrafo Pauly y otros científicos de la Universidad de
Columbia Británica (Canadá), calculó que las subvenciones totales mundiales en
el año 2003 ─últimos datos disponibles─ alcanzaron un valor de entre 25.000 y
29.000 millones de dólares.
Entre el 15 y el 30 por ciento de esas ayudas públicas
estaba destinado a sufragar el combustible que permite a los pesqueros faenar
en todos los rincones del planeta. Otro 60 por ciento costeó la construcción y
modernización de embarcaciones.
El estudio estimó que las subvenciones concedidas por China
alcanzaban los 4.140 millones de dólares y las de Rusia los 1.480 millones.
Un informe publicado en diciembre de 2011 por la
organización ecologista Greenpeace critica con dureza a la PFA, la asociación
con sede en los Países Bajos que representa al barco Annelies Ilena. El dosier
revela que, desde 2006 a 2011, las empresas de la PFA se beneficiaron de
exenciones fiscales para combustible cuyo monto anual osciló entre 20,9 y 78,2
millones de euros.
El informe, elaborado por una consultora independiente para
Greenpeace, señalaba que, conforme a un cálculo conservador, las ganancias
anuales medias de la PFA cercanas a 55 millones de euros serían de tan sólo
siete millones sin la ayuda del contribuyente. Haciendo una estimación más
liberal, la PFA habría perdido anualmente 50,3 millones de euros.
Los fondos de la Unión Europea ─co-financiados por Alemania,
Reino Unido y Francia─, ayudaron a la PFA a construir o modernizar 15 barcos de
arrastre, aproximadamente la mitad de su flota.
Según datos oficiales de la Comisión Europea obtenidos por
el portal fishsubsidy.org, el arrastrero Helen Mary de la PFA, que empezó a
faenar en el Pacífico Sur en 2007, recibió 6,4 millones de euros en
subvenciones entre los años 1994 y 2006, más que ningún otro barco pesquero de
la UE.
Van Balsfoort, el presidente de la PFA, no puso en duda esas
cifras publicadas, pero defendió que las exenciones fiscales al combustible son
algo rutinario en la industria pesquera. A su vez, señaló que el Helen Mary y
un barco gemelo eran arrastreros de la extinta Alemania Oriental que
presentaban un estado de ruina total, y que fueron reconstruidos gracias al
entusiasmo germano surgido tras la reunificación.
Según la regulación internacional, los barcos pueden pescar
libremente en zonas marítimas no regidas por acuerdos ratificados. Aún así, la
Unión Europea ha traspuesto a su legislación las medidas interinas adoptadas
por la SPRFMO, con lo que son legalmente vinculantes. Además, los países de la
UE están obligados a repartirse la cuota anual colectiva para la pesquería del
jurel chileno. Sin embargo, algunos armadores encuentran el modo de sortear la
normativa vigente.
Por ejemplo, Unimed Glory, una filial de la compañía griega
Laskaridis Shipping, opera tres barcos de arrastre en el Pacífico Sur. La
empresa armadora está en Grecia, país miembro de la UE. Pero al estar
abanderados en Vanuatu, un archipiélago ubicado en el Pacífico Sur, escapan al
control de Bruselas y pueden extraer mayor cantidad de jurel que lo que les
permitiría una participación en la cuota europea total.
El noruego Per Pevik, director de Unimed Glory, dijo al ICIJ
que debido a que Vanuatu no cumple con los estándares sanitarios exigidos por
la UE, su pescado no puede ser vendido en Europa. Así que comercializa su jurel
en África. Preguntado si las autoridades europeas habían planteado alguna
objeción a sus banderas de Vanuatu, respondió: “No, no me molestan con esta
cuestión”.
Los transbordos de pescado en alta mar también frustran la
posibilidad de un control efectivo. Una vez que el pescado es descargado en
grandes buques congeladores su verdadero origen puede ser ocultado.
En el Pacífico Sur, las flotas industriales cada vez
encuentran menos jurel tras años de pesca sin control. Los pesqueros con
pabellones de países de la UE extrajeron más de 111.000 toneladas de jurel en
2009; al año siguiente, los barcos capturaron un 40 por ciento menos de
pescado; en 2011, tan sólo 2.261 toneladas.
Echando la vista atrás, el presidente de la PFA, Van
Balsfoort, admitió que el jurel chileno tiene ciclos biológicos y que los
barcos sobreexplotaron el recurso en un momento en el que su población se encontraba
vulnerable. “Pescamos demasiado. Toda la flota tiene que sentirse culpable por
ello”, reconoció el ejecutivo holandés incluyendo en la acusación a la PFA.
PacAndes desde dentro
La estructura empresarial de PacAndes es como un laberinto.
Su barco de 50.000 toneladas brutas, el Lafayette, está registrado en Moscú en
Investment Company Kredo y enarbola la bandera rusa. Kredo ─por medio de otras
cuatro empresas subsidiarias─ pertenece a China Fishery Group, compañía
registrada en Singapur, la cual, a su vez, está inscrita en las Islas Caimán.
China Fishery y Pacific Andes Resources Development son
propiedad de Pacific Andes International Holdings, con sede en Hong Kong pero
bajo el paraguas de otro holding constituido en Bermudas.
PacAndes, compañía que cotiza en la bolsa de Hong Kong,
tiene más de 100 subsidiarias bajo el control de sus numerosas divisiones. Pero
su red mundial, parcialmente impenetrable, incluye muchas otras filiales.
Uno de sus mayores inversores es Carlyle Group, de Estados
Unidos, que en 2010 compró acciones por un valor de 150 millones de dólares.
China Fishery Group publicó un aumento del 27,2 por ciento
en los ingresos del ejercicio de 2011. De los 538,9 millones de dólares en 2010
pasó a 685,5 millones. Esta cifra representa el 55 por ciento de los ingresos
de PacAndes. La compañía lo atribuyó a operaciones más rentables de la flota
del Pacífico Sur y de la producción de harina de pescado en Perú.
Ng Joo Siang, de 52 años, licenciado por la Universidad del
Estado de Luisiana (Estados Unidos), obsesionado con el golf y de aspecto
jovial, dirige PacAndes como la empresa familiar que en realidad es, a pesar de
su cotización en el mercado de valores.
Su padre, malayo de origen chino, se mudó junto a su familia
a Hong Kong, donde creó su propio negocio de pescado en 1986. Cuando el consejo
de administración se reúne en una sencilla sala de conferencias con vistas al
puerto, su retrato contempla desde arriba a su viuda, la actual presidenta, a sus
tres hijos y a su hija.
“Mi padre me dijo que los recursos de los océanos eran
ilimitados”, dijo Ng en una entrevista, “pero era una afirmación falsa.
Nosotros no queremos destruir los recursos, no queremos ser acusados de
esquilmarlos. No creo que a nuestros inversores les agrade eso. Tampoco les iba
a gustar a nuestros hijos”.
No obstante, muy a su pesar, reconoce que PacAndes se
enfrenta al difícil reto de mejorar su imagen pública. En 2002, una compañía
afiliada a PacAndes fue acusada de practicar pesca ilegal en la Antártida. Ng
niega que su empresa estuviera implicada en conductas indebidas o que tuviera
relación alguna con los barcos sospechosos de estar involucrados en esos
hechos.
Empeñado en ofrecer una mejor imagen, Ng contrató a una
nueva ejecutiva para hacerse cargo de la responsabilidad social corporativa y
dijo estar a favor de llevar científicos
a bordo de sus barcos para ayudar a proteger los recursos pesqueros.
Sin embargo, resopló cuando se le preguntó por el límite de
520.000 toneladas recomendado por la SPRFMO para la captura de jurel. “¿En qué
se basan?”, replicó. Alzó un dedo humedecido como si fuera a comprobar la
dirección del viento y dijo: “¿En esto?”. “No se basan en la ciencia”, recalcó
Ng. Y añadió: “La SPRFMO carece de argumentos científicos. ¿Cuánto dinero han
aportado Vanuatu o Chile o cualquier otro país para comprender algo sobre las
pesquerías?”.
Chile, de hecho, invirtió 10,5 millones de dólares en 2011
en el IFOP, su reputado instituto científico, lo que equivale a la cuarta parte
de su presupuesto total de pesca. En las intrigas de las políticas pesqueras,
PacAndes se alinea con Perú, país en el que opera 32 barcos y donde posee una
participación en la cuota de anchoveta, otra especie usada para producir harina
de pescado.
Ng dice que el Lafayette enarbola bandera rusa porque así se
perfecciona una vieja idea soviética: un buque nodriza que permanece fijo en un
lugar aspira pescado llevado por una flota de barcos pesqueros para procesarlo
a bordo.
Expertos de la industria sospechan que es otra la razón por
la que ese buque factoría lleva pabellón de Rusia: la manera opaca de hacer
negocios en ese país.
El Lafayette no puede pescar por sí solo, precisó Ng, pero
puede hacerlo junto a otro barco. Según Ng, el sistema consiste en que uno de
los dos extremos de la red de arrastre es amarrado al Lafayette y el otro a un
segundo barco que finalmente cobra la captura. En enero de 2010, una inspección
francesa en Tahití no encontró aparejos de pesca a bordo del Lafayette.
Este asunto ocupa un lugar central en una reciente polémica
surgida dentro de la incipiente SPRFMO. La organización está ahora asignando
nuevas cuotas voluntarias en función de las capturas realizadas en 2010. En ese
año, tanto Rusia como Perú reivindicaron unas capturas de 40.000 toneladas que
parecen corresponder a la misma partida. Los rusos dicen que el Lafayette
estuvo pescando mientras enarbolaba su bandera. Por su lado, los peruanos
defienden que los arrastreros que realmente capturaron ese pescado operaron
bajo su pabellón.
El poder cuenta en
Chile
La crisis del jurel ha golpeado con extrema dureza a Chile,
donde los principales industriales y las autoridades reconocen los graves
excesos cometidos durante los años donde no había control, una época que ellos
llaman “la carrera olímpica”.
Sólo en 1995, los chilenos pescaron más de cuatro millones
de toneladas. Esa cifra es ocho veces superior a la cantidad que los
científicos de la SPRFMO recomendaron desembarcar en 2012 para que la pesquería
sea sostenible. Entre los años 2000 y 2010, Chile descargó en sus puertos el 72
por ciento del total de jurel extraído en el Pacífico Sur.
Juan Vilches es patrón de pesca. Su trabajo consiste en
buscar cardúmenes de peces para una gran compañía. Es también biólogo marino.
Se estremece al recordar tiempos pasados. “La matanza era tremenda, increíble”,
afirma Vilches.
“Nadie tenía ni idea de los límites”, admite el patrón. “Si
las redes subían demasiado llenas y la captura excedía la capacidad de la
bodega, arrojábamos centenares de toneladas por la borda. Los barcos venían tan
cargados que el pescado llegaba aplastado y su sangre estaba tan caliente que
hervía a borbotones”, sostiene Vilches.
Ahora la situación ha cambiado. Sin embargo, el ICIJ, en
colaboración con el chileno Centro de Investigación e Información Periodística
(CIPER), siguió la pista a ocho grupos que conforman un monopolio de facto de
la pesquería y que han presionado al Gobierno para que estipule cuotas por
encima de la recomendación científica. Seis de esos ocho grupos están
controlados por poderosas familias. Y en conjunto, las ocho, poseen el 87 por
ciento de la cuota total establecida para el jurel en Chile.
Roberto Angelini, de 63 años, controla el norte. Es conocido
como El Heredero por haber sucedido a su tío Anacleto, a quien Forbes situó en
su ranking de 2007 como el hombre más rico de Suramérica. Falleció ese mismo
año.
Anacleto había emigrado desde Italia en 1948. En 1976,
incorporó el negocio de la pesca a un imperio que a día de hoy incluye la mayor
compañía petrolífera de Chile, explotaciones mineras y forestales, además de
otros intereses. Las dos empresas pesqueras de Angelini poseen el 29,3 por
ciento de la cuota de jurel fijada por el Gobierno chileno. Además, suministran
el 5,5 por ciento del total de harina de pescado mundial.
Según un informe del gobierno chileno, cerca del 70 por
ciento del jurel capturado entre 1998 y 2011 en el feudo norteño de Angelini
estaba por debajo de la talla mínima permitida. De acuerdo con la legislación
vigente, la mitad de esas extracciones sería ilegal. Pero los funcionarios del
Gobierno dicen que en el norte las capturas entran en la categoría especial de “pesca
de investigación” y, por tanto, están exentas de la ley que regula el tamaño.
Angelini rehusó hacer comentario alguno para este reportaje.
En la Universidad de Concepción, el tono suave del biólogo
marino Eduardo Tarifeño se agria cuando se habla de la depredación de los
océanos.
En Chile, la única especie relativamente abundante es la
sardina, según Tarifeño. “Ya no tenemos jurel ni merluza ni anchoveta. Las
pesquerías que producían un millón o más de toneladas anualmente simplemente se
han agotado debido a la sobrepesca llevada a cabo por las grandes compañías”,
criticó el biólogo.
Tarifeño es uno de los dos científicos que forman parte del
Consejo Nacional de Pesca (CNP), el organismo que aprueba las cuotas de
captura. Allí se vota por mayoría. El 60 por ciento de sus miembros pertenecen
a la industria.
Anualmente, el IFOP, instituto oficial encargado de la
investigación pesquera, recomienda una cuota a la Subsecretaría de Pesca
(Subpesca), dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
departamento que a su vez propone su propia cifra. Si el CNP la rechaza, el
nuevo límite de explotación equivaldría al 80 por ciento de la cuota del año
anterior.
En 2009, el IFOP urgió a adoptar un drástico recorte que
establecía un límite de capturas de jurel de 750.000 toneladas, según la
organización ecologista sin ánimo de lucro Oceana, que examinó las cifras de
cuota sin publicar. Subpesca la amplió hasta las 1,4 millones de toneladas y el
CNP la aprobó.
Mientras que el stock de jurel se desploma, los funcionarios
y los empresarios de la industria se lanzan acusaciones mutuas por no haber
adoptado, con mayor celeridad y firmeza, medidas para la reducción de las
cuotas.
Se espera que este año se apruebe una nueva ley de pesca que
quitará atribuciones al CNP y se las otorgará a un panel de expertos. Sin
embargo, Tarifeño insiste en que ya es demasiado tarde para cualquier cosa que
no sea tomar medidas drásticas. Comentó al ICIJ: “Si no salvamos el jurel ahora
mismo, no seremos capaces de hacerlo en el futuro. Necesitamos que se adopte la
total prohibición de su pesca durante al menos cinco años”.
Desde la secretaría de pesca de Valparaíso, Italo Campodónico
reflexiona sobre este asunto y añade: “Como biólogo marino, tengo que estar de
acuerdo. Deberíamos establecer una veda de cinco años. Pero como funcionario,
debo ser realista. Por razones socioeconómicas, no va a suceder. La realidad es
que los extranjeros pueden ir a pescar a otras aguas. Nosotros, no”.
La “evaporación” de
la anchoveta de Perú
Perú es la segunda potencia pesquera mundial, sólo superada
por China. En el destartalado puerto de Chimbote, el mayor del país, se
descarga más pescado en un año que lo que toda la flota española captura en ese
mismo periodo.
El problema no radica exclusivamente en la sobrepesca del
jurel, sino también en la sobreexplotación de la anchoveta, un pez que se
parece a una sardina con el tamaño de una anchoa y que es un recurso
fundamental para elaborar las harinas de pescado usadas en la acuicultura.
La anchoveta peruana es la mayor pesquería mundial. Si las
exportaciones de harina de pescado son un gran negocio en Chile ─cerca de 535
millones de dólares anuales─, en Perú representan el triple de ese valor: 1.600
millones de dólares al año.
Puedes oler a Chimbote mucho antes de verlo. Hieden las
nubes de humo negro grasiento que emanan de un bosque de chimeneas. Barcas
artesanales se balancean sobre el agua en un trasiego continuo alrededor de los
maltrechos muelles.
La legislación nacional vigente define claramente lo que
supuestamente tiene que ocurrir cuando los barcos arriban a puerto con pescado
a bordo. Pero cuando se le pregunta a un par de viejos pescadores por la última
vez que vieron inspectores se miran uno a otro y se ríen.
El ICIJ, en colaboración con el grupo de periodismo de
investigación peruano IDL-Reporteros, consiguió acceso a la base de datos
oficial de capturas que revela el alcance real del fraude que se comete al otro
lado de las puertas de las fábricas.
El análisis exhaustivo de más de 100.000 descargas entre
2009 y la primera mitad de 2011 halló que la mayoría de las compañías peruanas
que elaboran harina de pescado hacen sistemáticamente trampas en la mitad de
los desembarques. En algunos casos, declaran capturas por un valor inferior al
50 por ciento del real.
Este fraude permite a las compañías pescar más de lo
autorizado por las cuotas establecidas, además de darles la posibilidad de
evadir el pago de impuestos y de los aranceles establecidos por tonelada, o de
abonar menos salario a los pescadores que reciben un porcentaje sobre las
capturas.
En total, al menos 630.000 toneladas de anchoveta ─con un
valor de casi 200 millones de dólares en harina de pescado─ “se evaporaron” en
el proceso de pesaje en un periodo de dos años y medio. Simplemente no fueron
contabilizadas. Los principales infractores son de nacionalidad peruana, pero
la lista también incluye a la empresa China Fishery Group de PacAndes y a otras
tres compañías con capitales noruegos.
Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de
Pesquería, la principal asociación de industriales, minimizó los hallazgos de
la investigación y aseguró que un cálculo a ojo del patrón no se puede comparar
con la balanza. La empresa China Fishery Group denegó cualquier tipo de
entrevista.
Patricia Majluf, que fue vicepresidenta del prestigioso
Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y ahora viceministra de pesquería, hizo una
descripción a ICIJ de lo que ella asegura son innumerables métodos usados por
los pescadores y las plantas de harina de pescado para cometer fraude en el
pesaje, evadir impuestos, reducir costes y violar la legislación vigente.
Si son descubiertas, precisó Majluf, las compañías pueden
demorar el pago de las sanciones durante cuatros años y finalmente sólo abonan
una fracción de las multas impuestas.
A pesar de su sólida reputación, las recomendaciones del
Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para lograr una disminución controlada de
la actividad pesquera siguen siendo ignoradas.
¿Salvar a los peces o
a la industria?
Roberto Cesari, jefe de la delegación de la UE en la SPFRMO,
manifestó al ICIJ que espera que la convención se ratifique en 2013, no antes.
En ese caso, esto sucedería después de siete años de un vertiginoso deterioro
del stock de jurel chileno.
La SPFRMO recortó las cuotas voluntarias en un 40 por ciento
para 2011. Sin embargo, China, entre otros países, no aceptó la medida. A
posteriori Pekín acordó reducirlas en un 30 por ciento.
Cesari apuntó que la UE intenta ejercer presión para
alcanzar un necesario consenso o para resolver el conflicto, pero su influencia
es limitada. “Hemos venido expresando oficialmente nuestra decepción a China o
Rusia, pero como puedes entender, estos no son actores menores en el mundo… Son
gigantes”, admitió Cesari.
Bill Mansfield, un abogado neozelandés que preside la SPRFMO
desde 2006, manifestó que las restricciones voluntarias no han protegido los
bancos de peces, por lo que ha llegado el momento de que la convención entre en
vigor. “La realidad es que todos necesitan tomarse en serio las restricciones
si quieren que esta especie regrese”, dijo al ICIJ sin mencionar el nombre
concreto de ningún país que haya obstaculizado la adopción de reducciones drásticas.
Sin embargo, la reunión de Santiago no consiguió limitar las
capturas de 2012 al objetivo científico de 390.000 toneladas o menos. Este año
los barcos podrán pescar casi 500.000 toneladas.
Los funcionarios públicos evitan señalar con el dedo a
nadie, pero dos excéntricos ex marinos que viven enfrascados en sus ordenadores
en islas diminutas situadas en polos opuestos del mundo no tienen reparo en
denunciar los efectos de las grandes flotas subvencionadas. No se conocen, pero
su discurso es el mismo.
En un extremo, Gunnar Album. Vive cerca de la ciudad noruega
de Bodø, situada por encima del Círculo Polar Ártico. Desde allí dirige la
Fundación TM y hace trabajos de consultoría para The Pew Charitable Trusts*.
Cuando no está de viaje en encuentros internacionales compagina su tiempo entre
el cuidado de sus pollos y la llama que tiene para ahuyentar a los zorros y el
análisis de datos obtenidos vía satélite para rastrear la actividad de los
barcos pesqueros.
Album dice que las ayudas estatales han creado tanta
capacidad pesquera que los grandes arrastreros están obligados a pescar lo
máximo que pueden para recuperar la inversión realizada.
“Estos buques recorren los océanos en busca de cualquier
pescado disponible, originando sobrepesca y ejerciendo una presión insoportable
sobre los gobiernos que intentan gestionar los recursos”, afirma Album.
Martini Gotje hace más o menos lo mismo que Album desde la
idílica isla neozelandesa de Waiheke, cercana a Auckland. Es un expatriado
holandés que formaba parte de la tripulación del Rainbow Warrior de Greenpeace
cuando fue hundido por los servicios secretos franceses en 1985.
Gotje elabora una lista negra de barcos para Greenpeace que
ayuda a los ecologistas y a las autoridades. Al igual que Album, critica sobre
todo la sobrecapacidad ─es legal pero aún así devastadora.
Señala que la prioridad debería ser salvaguardar la vida de
las especies marinas, no la industria pesquera. “El Lafayette ha subido el
listón a un nivel increíble, y Países Bajos está muy involucrada en ese juego”,
señala Gotje. Y concluye: “Hay demasiados barcos, simplemente, hay demasiados
barcos”.
Al final, argumenta el oceanógrafo Pauly, esta tendencia
mundial no cambiará a menos que una gran potencia ─la Unión Europea o los
Estados Unidos─ adopte medidas resolutivas. “Alguien tendrá que asumir esa
autoridad moral y otros le seguirán”, observa Pauly.
Duncan Currie, abogado medioambientalista residente en Nueva
Zelanda que trabaja en la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos,
ve en el caso del jurel chileno un buen ejemplo para explicar lo que está
sucediendo. Esta especie se agrupa en cardúmenes en áreas marinas bien
definidas. Además, no son muchas las flotas que lo persiguen.
Currie concluye: “Hay que plantearse una cuestión obvia, si
no podemos salvar esta especie, ¿qué podemos salvar entonces?”.
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| Mort Rosenblum |
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| Mar Cabra |
Mort
Rosenblum y Mar Cabra son periodistas del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación y para elaborar este reportaje han colaborado con
IDL-Reporteros y CIPER. Milagros Salazar (en Perú), Juan Pablo Figueroa Lasch
(en Chile), Joop Bouma (en Holanda) e Irene Jay Liu (en Hong Kong) han
colaborado en la redacción de este artículo, que apareció antes en versiones
más reducidas o en inglés en otras publicaciones.
El Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es una red independiente
de reporteros de investigación que colaboran en proyectos transnacionales.
Forma parte del Centro para la Integridad Pública, una organización sin ánimo
de lucro dedicada al periodismo de investigación.
En el pasado
el ICIJ recibió apoyo económico de The Pew Charitable Trusts.
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