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| @ Nicolas Duffaut |
La Iglesia reconoce la autenticidad del documento sobre el
asesinato de los detenidos-desaparecidos
Horacio Verbitsky
La Iglesia Católica confirmó por primera vez ante la
Justicia que por lo menos desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a
las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública, y que sus
máximas autoridades discutieron con el jefe supremo de la dictadura cómo
manejar la información sobre esos crímenes. La tardía admisión se produjo con
el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6
de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril
de 1978, luego de un almuerzo del que participaron los tres miembros de la
Comisión Ejecutiva que conducía a la institución. Pese a ello tanto el
Episcopado como el Vaticano y la gran prensa siguen guardando un escandaloso
silencio.
La cuestión de las
listas
La judicialización del documento eclesiástico se produjo en
la causa abierta para determinar lo sucedido con los restos de Roberto
Santucho, a pedido de su familia, representada por el abogado Pablo Llonto.
Santucho fue abatido por una partida del Ejército el 19 de julio de 1976 y su
cuerpo exhibido a la prensa en Campo de Mayo, pero luego desapareció sin
explicaciones. A raíz de la confesión de Videla a un periodista español y otro
argentino sobre el asesinato de los detenidos-desaparecidos, la jueza federal
de San Martín, Martina Forns, a cargo de esa causa, citó a declarar al ex
dictador. Videla dijo que él había decidido ocultar el destino de los restos de
Santucho para evitar homenajes pero que quien sabía qué habían hecho con ellos
era el entonces jefe de Campo de Mayo, general Santiago Riveros. Ante el
cuidadoso interrogatorio preparado por Forns, Videla respondió sus preguntas
durante más de tres horas. Sin eufemismos dijo que los detenidos-desaparecidos
eran “condenados” y “ejecutados” y que ese método se había adoptado por
comodidad porque creían que “no provocaba el impacto de un fusilamiento
público”, que “la sociedad no lo iba a tolerar”. Agregó que “era difícil pensar
que tantas personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la
persecución que habían sufrido los jueces” del Camarón, el tribunal especial
que actuó entre 1971 y 1973 durante la penúltima dictadura. Cuando Forns lo
interrogó sobre las listas de personas detenidas-desaparecidas, Videla contestó
que eran incompletas y que no se publicaron, porque contenían errores e
inexactitudes y no hubo acuerdo entre las tres Fuerzas Armadas que compartían
el gobierno. Agregó que la información sobre el destino de cada persona es “una
obligación moral” pero que no es fácil cumplir con ella “por la forma tabicada
en que se procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede
publicarse a medias”.
Un diálogo entre
amigos
Pero durante el almuerzo con el cardenal Raúl Primatesta,
arzobispo de Córdoba, el arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe, y el de Buenos
Aires, cardenal Juan Aramburu, quienes eran presidente y vicepresidentes del
Episcopado, Videla dio otra explicación mucho más sincera acerca de la publicación
de las listas y sobre lo sucedido a las personas detenidas-desaparecidas. Ello
consta en una minuta para el Vaticano, que los tres eclesiásticos redactaron
luego de ese almuerzo y que fue reproducida en esta página hace tres domingos,
en la nota “Preguntas sin respuesta”. En un clima que Aramburu describió como
cordial, Videla dijo que no era fácil admitir que los desaparecidos estaban
muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los
había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones
producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al
utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió
que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar
una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso
parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde
están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa?
Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder
sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores
y asesinos. Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución,
porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la
larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Se
refería en forma implícita a la carta que esa misma mañana le había enviado el
presidente fundador del CELS, Emilio Mignone, padre de la detenida-desaparecida
Mónica Candelaria Mignone, y una de las más altas personalidades laicas del
catolicismo argentino. Mignone había sido ministro de Educación en la provincia
de Buenos Aires en la década de 1940 y viceministro de Educación nacional en la
de 1960. El fundador del CELS le escribió a Primatesta que el sistema del
secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a
entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o
arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes” se
realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la
salvaguardia de la Iglesia Católica”. Agregó que la desesperación y el odio
iban ganando muchos corazones. Al día siguiente del almuerzo, Zazpe le informó
a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que
dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a
un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria
cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la
publicidad o reserva de esta entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a
la reserva”, que dura hasta hoy. Primatesta informó luego a la Asamblea
Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta
por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en
realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como
Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los
que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el desarrollo completo
del diálogo sólo consta en la síntesis para el Vaticano. Cuando Primatesta
advirtió sobre las amargas consecuencias del método de la desaparición forzada,
Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución, dijo.
Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una
verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”.
Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga
arguyendo”. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución,
una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no
estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos,
fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la
Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en
que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño
que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda
la debida altura”.
Luego de la publicación, la jueza Forns solicitó la entrega
del documento a la Conferencia Episcopal. Sin dilación, recibió una copia. De
este modo, la máxima conducción católica de la Argentina corroboró en forma
oficial y en un expediente judicial que tanto la Iglesia argentina como la
Santa Sede, para la que se confeccionó esa minuta, estaban al tanto del
asesinato de las personas cuya desaparición era denunciada por sus familiares y
por los organismos defensores de los derechos humanos.
El facsímil que se publica a la izquierda es el que obtuve
en forma subrepticia en la sede de la calle Suipacha que el propio Videla donó
a la Conferencia Episcopal antes de dejar el poder, en 1981. Arriba a la
derecha se observa el número con que está archivado, lo cual da una idea de la
magnitud de ese archivo cuya misma existencia la Iglesia negó, en una nota que
en el año 2000 me dirigió su presidente, cardenal Estanislao Karlic. El de la
derecha es el que la actual conducción episcopal, presidida por el Arzobispo de
Santa Fe, José Arancedo, remitió a la jueza Forns. Arriba a la izquierda se lee
“Es Copia Fiel” y abajo a la derecha consta el sello de la Conferencia Episcopal
Argentina. En ambos ejemplares de ese documento secreto se observa que la
afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes
criminales está completada a mano por Primatesta. Pese a la enorme
trascendencia de este demorado reconocimiento, ninguna autoridad eclesiástica
hizo la menor referencia pública al tema, aunque la Comisión Ejecutiva se
reunió el 16 de mayo y emitió un documento, cuestionando la ley de muerte digna
sancionada por el Congreso.
Como si la enormidad del hecho les cortara el habla, tampoco los diarios Clarín, La Nación y Perfil se dieron por enterados de la publicación de ese documento fundamental para establecer el grado al que llegó la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar y su política criminal. Treinta y cuatro años después, el encubrimiento continúa. Cuando el periodista español Ricardo Angoso lo entrevistó en la prisión que el Servicio Penitenciario Federal tiene en Campo de Mayo, Videla dijo que “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de otros Episcopados. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Se nota.
