Especial para La Página |
José Vicente Rangel informa en “Los Confidenciales” del domingo 22 de julio
de 2012, que funcionarios de la embajada de Estados Unidos aseguraron a una
encuestadora que la tendencia manifestada en los sondeos electorales cambiará “a partir de la ocurrencia de un evento
extraordinario”.
Los directivos de Datanálisis y de Hinterlaces declaran que
la victoria de Chávez sólo sería evitada por eventos "catastróficos,
extraordinarios" que generaran "conmoción colectiva". El 16 de
agosto en el programa de Berenice Gómez
en Radio Caracas Radio, la
astróloga Aisha profetiza que ocurrirán
"situaciones de disturbios, problemas con la educación, accidentes y
explosiones, con electricidad, cables, petróleo, todo lo que tenga que ver con mares,
plataformas marinas de extracción de petróleo, problemas con la pesca y
contaminación".
Como por casualidad, el 25 de agosto ocurren en la refinería
de Amuay “accidentes y explosiones”, evento
“catastrófico” que los medios opositores quieren usar para revertir la
tendencia de las encuestas.
En eso anda la gente
pensante.
Sin ser brujos como los de la embajada ni adivinos como los
encuestadores ni magos como los astrólogos, los ciudadanos podemos también
prever y prevenir eventos extraordinarios.
Es previsible que una oposición que ya ha recurrido al golpe
de Estado, al sabotaje petrolero, al cierre patronal, al apagón mediático y a
la invasión paramilitar, ante la certidumbre de que perderá las elecciones
intente impedirlas o deslegitimarlas, como ya lo ha hecho en varias
oportunidades.
Se puede anticipar que para ello recurrirá a sabotajes y
cortes de servicios públicos. A crímenes horrendos que invoquen el tema de la
inseguridad. A rumores sobre desabastecimientos o escasez real por acaparamiento.
A embustes sobre supuestas medidas políticas extremas. A denuncias de masacres
inexistentes, como la falsa noticia de una supuesta matanza de yanomamis. A
infiltración masiva de paramilitares desde las fronteras. A intentos de
magnicidio contra candidatos. A interferencia en las comunicaciones. A la
denuncia de fraude electoral, coreada por aparatos comunicacionales internos y
externos y legitimable por decisiones de órganos jurisdiccionales foráneos como
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
A tales atentados, tales defensas. Contra sabotajes,
vigilancia. Contra crímenes
horrendos, acción policial eficaz.
Contra rumores, información oportuna,
veraz y objetiva. Contra interferencia informática, tecnología. Contra infiltración paramilitar, redada contundente, como la que desarticuló
en 2004 la banda de magnicidas atrincherada en Daktari.
El intento de magnicidio bajo falsa bandera es la más
probable de las estrategias, por lo que hay que ejercer una vigilancia extrema
a favor de la vida de los candidatos. También es de esperar la denuncia
temeraria de fraude, que la oposición ha cursado en casi todos los comicios,
particularmente en 2004 y 2006.
Tales eventos podrían servir de pretexto para el desencadenamiento
de un nuevo de golpe de Estado o de una intervención externa.
Ante cualquiera de ellos, sólo cabe una movilización popular masiva, pacífica,
contundente y a escala nacional. Fue el recurso que revirtió el golpe del 11 de
abril, y el que revertirá cualquier tentativa terrorista de desestabilización.
Podría ser que paramilitares o terroristas intenten evitar
esta movilización. Los cuerpos de defensa deben garantizar la vida de los
ciudadanos que participen en ella.
Ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la
OEA, que nada hizo ante el golpe de abril de 2012, anda ordenándole al gobierno
venezolano que investigue una masacre de indígenas sobre la cual no hay pruebas
y que según todas las informaciones jamás ocurrió.
Así como reivindica corruptos inhabilitados, declara
inocentes a terroristas y delincuentes bancarios y toma por reales masacres
imaginarias, bien podría sentenciar que es imaginaria una victoria electoral
real.
Para evitar que la Comisión y la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos de la OEA culminen el golpe judicial de anular las elecciones,
debemos notificarles de manera urgente, ya, hoy mismo, sin excusas, sin más
tardanzas, sin inexplicables demoras, sin retardos injustificables, que desde
el 10 de mayo nuestra Asamblea Nacional denunció la Convención que nos sometía
a ellos.
Salirse de la Convención Americana no es salirse de la OEA.
Estados Unidos y Canadá, países que valoran su soberanía, pertenecen a la OEA
pero no están sometidos a la Convención ni a la Comisión ni a la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
¿O es que por no enviar un papel ya redactado vamos a
sacrificar la voluntad popular?
Corte Interamericana denunciada no mata elecciones.