Álvaro Cuadra |
| Especial para La Página |
Al
examinar la realidad política del Chile actual surge de inmediato la cuestión
de una crisis de la institucionalidad vigente. Las cosas no están funcionando
como estaba previsto en la constitución redactada bajo la dictadura: Cada día,
la distancia entre los partidos políticos y la ciudadanía se acrecienta. La
abstención electoral en la última elección ha sido apenas un síntoma más. Se
puede resumir la situación actual como el resultado de la prolongación forzada
al comienzo y consentida luego de una institucionalidad hecha a la medida de
los sectores empresariales representados por una derecha extrema.
Tal
descripción del estado de cosas olvida, no obstante, un aspecto fundamental de
nuestra realidad que se ha convertido en un tabú, algo políticamente
incorrecto. Todo el andamiaje constitucional y uno de los pilares del actual
orden jurídico y constitucional de Chile radica, precisamente, en quienes
protagonizaron el golpe de estado hace casi cuatro décadas. Aun cuando ninguno
de los candidatos presidenciales se atreva siquiera a tocar el tema, lo cierto
es que los altos mandos de las fuerzas armadas y una serie de organizaciones
paralelas de militares en retiro actúan como una presencia, ahora silenciosa,
verdaderos poderes fácticos, en nuestra realidad.
Esta
presencia soterrada de los uniformados se advierte con suma claridad en temas
como los derechos humanos, pero también en el presupuesto que se discute cada
año para la defensa nacional y que ha convertido a Chile en uno de los países
latinoamericanos que encabeza la lista de gastos militares. Las instituciones
castrenses se han mantenido en un discreto segundo plano, dejando a los civiles
en la administración de la cosa pública, pero -
no seamos ingenuos - ello no
significa, en absoluto, una ausencia ni, mucho menos, una prescindencia en los
grandes temas políticos del país.
Durante
los primeros años de la Concertación, los uniformados eran vistos todavía como
una amenaza tácita a la naciente democracia, recordemos que Augusto Pinochet
permanecía al mando del ejército. En los años que siguieron, su figura fue
degradándose hasta lo grotesco y los uniformados perdieron protagonismo. Pero,
hay que decirlo, hasta la fecha ningún gobierno se ha planteado una política
seria hacia las fuerzas armadas. Esto ha impedido el debate en torno a cuestiones
tan relevantes como el régimen de pensiones entre los uniformados o los sensibles
casos pendientes en relación a torturas y asesinatos durante la dictadura. En
pocas palabras, hasta la fecha sigue pendiente una democratización de las
fuerzas armadas, una política país para redefinir el lugar de los uniformados
en una nueva institucionalidad democrática en el país.
