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Especial para La Página |
La palabra geopolítica está asociada a las rivalidades de
poder en el territorio por el control de sus recursos y sus habitantes. Puede
ser tomada como la expresión de una realidad concreta o como el estudio de esa
realidad. Ayuda en gran medida a la compresión
de los acontecimientos sociopolíticos a escala local, regional, nacional,
continental o mundial.
Léala al final |
A propósito de ello, quiero referirme en este corto escrito,
a la bofetada que la geopolítica le ha dado al Estado colombiano. Me explico:
resulta ser que la clase política dirigente del Estado colombiano, siempre ha
sido percibida como muy ilustrada y formada en el campo jurídico-político. Sus
presidentes, cancilleres y ministros, han dictado cátedra en ese sentido. Un
buen ejemplo es la dulce y cándida María Ángela Holguín, actual Canciller del
gobierno que preside Juan Manuel Santos.
El caso es que, la dirigencia política del Estado
colombiano, muy especialmente la de los dos períodos de gobierno de Alvaro
Uribe, nunca quiso reconocer plenamente
el carácter beligerante de las fuerzas insurgentes colombianas FARC-EP, como
expresión de una realidad geopolítica concreta, es decir, como expresión de las
rivalidades de poder por el control del territorio colombiano. Al día de hoy,
la realidad geopolítica ha llevado a la dirigencia del Estado colombiano, a
tener que sentarse en la mesa de negociaciones, para decidir con las FARC-EP,
el futuro de la sociedad colombiana.
Simultánea e irónicamente, ante el fallo de la Corte Internacional
de Justicia, que otorgó soberanía a Colombia sobre un territorio archipielágico
lleno de gente y sin recursos, mientras que a Nicaragua le concedió soberanía
sobre un territorio marítimo inmensamente rico en recursos, la dirigencia
política del Estado colombiano se ha olvidado de lo jurídico y se ha colocado
en el plano del razonamiento geopolítico, para desacatar el fallo de la máxima
instancia de aplicación del derecho internacional. Es decir, la geopolítica le
ha dado una bofetada y le ha dicho: tómenme en cuenta, porque la realidad
sociopolítica es dinámica y cambiante, y se dilucida en el territorio.
Nota del Editor
En uno
de los apartes del fallo, la Corte ha considerado que Colombia, a
diferencia de Nicaragua, ha ejercido soberanía administrativa, jurídica y
política sobre los territorios marítimos en disputa. Por lo tanto, determinó
que este país tiene soberanía sobre los siete cayos del archipiélago. El fallo
de la CIJ, que es inapelable, puso fin a una controversia jurídica de once años
pero que diplomática y políticamente se remonta a 1980, cuando Nicaragua dio
por inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928-1930. En ese Tratado, los dos
países firmaron un acuerdo que establecía el meridiano 82 como frontera
marítima entre Nicaragua y Colombia, cuyas costas están separadas por una
distancia aproximada de 400 millas.
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