Luis Britto García  |
| Especial para La Página |
1. Alguna vez sostuve que ciertos medios de
comunicación ejercen una dictadura mediática, porque aspiran a desempeñar por
sí solos los tres poderes clásicos del Estado. En efecto, quieren decidir qué
leyes valen y cuáles no; inventan decisiones del gobierno o niegan las que éste
toma; condenan sin defensa ni apelación. Y encima pretenden ejercer estos
poderes absolutos sin consulta democrática ni responsabilidad.
2. Ejemplo:
contra el presidente Rafael Correa se intenta un golpe de Estado. El diario de
Guayaquil El Universal alucina que no ha habido golpe de Estado, llama al
presidente electo “dictador”, inventa que ha ordenado disparar contra el
pueblo; lo condena sin derecho a defensa y en forma inapelable como responsable
de crímenes de lesa humanidad; declara que las leyes que sancionan los delitos
de difamación, injuria, calumnia y vilipendio no existen, que en todo caso no
le son aplicables a los comunicadores sociales, y se niega a rectificar. Los
dictadores, como los medios, pretenden monopolizar la totalidad de los poderes;
los medios, como los dictadores, aspiran a ejercerlos sin asumir las
consecuencias.
3. Para mejor
comprender la situación, bajémonos de la nube que nos sitúa entre poderes del
Estado y mandatarios. No se debe injuriar, vilipendiar, difamar ni calumniar a
un Presidente por lo mismo que no se debe hacerlo con el más ínfimo ciudadano.
Si yo afirmo falsamente y sin pruebas que el más pobre recogelatas es
paidófilo, narcotraficante, ladrón y asesino, lo daño atrozmente porque le
arrebato su honra y reputación, que es lo único que tiene en este mundo. Si
además lo hago utilizando un medio de comunicación, multiplico la ofensa tantas
veces como lectores o auditores tiene éste.
4. ¿Fantaseo?
¿Invento cosas por molestar a los comunicadores, de los cuales pretendo ser
uno? Pues no. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sancionada por la ONU, declara que “Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. ¿Demasiado universal
para el gusto de los monopolios regionales? Pues el artículo 11 de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos dispone: “1. Toda persona
tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2.
Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Todas las
legislaciones de América Latina y el Caribe comprenden normas que protegen la
honra, la dignidad, la reputación y la vida privada de los ciudadanos. No
aburriré a la audiencia citándole las que puede encontrar en el Código Penal de
Ecuador o de Venezuela. Cualquier ciudadano que las viole es sancionado. Sólo
algunos comunicadores pretenden ser inmunes a ellas.
5. Nadie concibe
un ingeniero que pretenda no ser responsable si se le caen las casas, un chofer
que anhele atropellar peatones impunemente, un médico que aspire a no ser
sancionado si envenena al paciente. Pero muchos comunicadores sostienen que
nadie puede reclamarles los daños que causen con el ejercicio de su profesión,
e incluso, que ninguna norma debe regular su profesión. En febrero de 2003 la
oposición venezolana recoge firmas para una reforma constitucional, y los
dirigentes de los medios hacen incluir en el petitorio la derogación del
artículo 58 de la Constitución Bolivariana, el cual consagra el derecho “a la
información oportuna, veraz e imparcial sin censura, de acuerdo con los
principios de esta Constitución, así como a la réplica o rectificación cuando
se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. El
documento requería firmas para derogar asimismo el artículo 60, según el cual
“toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad,
propia imagen, confidencialidad y reputación”. Los medios quedarían así
despojados de todo deber frente a la sociedad; los ciudadanos, de todo derecho
ante ellos.
6. Con su
delirante ataque, El Universal quizá quería provocar alguna medida
gubernamental del Presidente para luego acusarlo de abuso de poder. Como simple
ciudadano, acudió Correa ante un tribunal para pedir la rectificación de esa
“mentira disfrazada de opinión”; logró la condena del periódico por 40 millones
de dólares, y la de varios de sus directivos a tres años de prisión, y una
confirmatoria en la cual el juzgado quinto de lo civil el 6 de febrero de 2012
sentencia que el fallo busca reparar "la afrenta irrogada, por el hecho de
habérsele perjudicado, en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio
profesional dentro del país y fuera de él". La inefable Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de Washington, que nada hizo ante el golpe
de Estado, instó al mandatario a suspender temporalmente la aplicación de la
condena. Un gremio de propietarios de medios sentenció a Correa en forma
inapelable y sin derecho a defensa como “el Enemigo Número Uno de los Medios”.
En ningún momento los comunicadores de El Universal
rectificaron ni se excusaron. El Presidente, en cambio, los perdonó. En
Venezuela esta lenidad ha logrado pocos efectos, desde los tiempos de la
primera República, cuando se lamentaba Simón Bolívar de que “a cada
conspiración seguía un perdón, y a cada perdón una nueva conspiración”.
7. Una inextinguible quejumbre elevan en
Venezuela los funcionarios del gobierno bolivariano contra las agresiones que
en su contra perpetran los medios. Otra sería la conducta de éstos si los
agraviados acudieran a los tribunales y exigieran la aplicación de la Ley. Fue
lo que hizo en 2003 Alí Rodríguez Araque, para entonces presidente de PDVSA,
cuando la periodista Ibeyise Pacheco acusó de trabajar en dicho ente y de
practicar la corrupción a un hijo del funcionario que en realidad había
fallecido quince años antes, a la temprana edad de trece. La demanda exigía una
reparación simbólica y concluyó con un triunfo moral. Es honroso ser declarado
Enemigo Número Uno de unos Medios que a su vez son el Enemigo Número Uno del
Público.
8. Ahora la
extrema derecha de las transnacionales y los medios se junta con algunos
movimientos étnicos y emprende una marcha hacia Quito. Ya la Confederación de
Naciones Indígenas de Ecuador (CONAIE) había exigido a Correa que le entregara
la decisión sobre las concesiones de recursos naturales de Ecuador. Correa lo
rechazó, fueron a elecciones, sacaron un solo diputado al Poder Legislativo y
luego apoyaron el golpe, acusando al gobierno de Correa de “dictadura
democrática”. Lo que está en juego son los recursos naturales de América
Latina. Por ejemplo, indígenas de la etnia Munducurú cedieron sus derechos
sobre 23.000 kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña en el estado de Pará
a la transnacional irlandesa Celestial Green Ventures por 120 millones de
dólares. Según el diario O Estado de Sao Paulo, el contrato impide por 30 años
a los indígenas los cultivos agrícolas y la extracción legal de madera, asegura
a la transnacional el libre acceso a la zona, que está prohibido a las
autoridades legítimas brasileñas, y no habría contado con el aval de toda la
comunidad. Celestial Green Ventures gerencia 16 proyectos iguales en la
Amazonia Brasileña, que afectan 200.000 kilómetros cuadrados, el doble de toda
la superficie de Portugal. La Fundación Nacional del Indígena (FUNAI) ha
registrado una treintena de contratos de índole similar entre dirigentes
indígenas y multinacionales de Europa (Tablet terra com.co, 11-3-2011). Pero
los recursos naturales de América Latina no serán de las transnacionales. La
mayoría se decidirá una vez más por el Buen Vivir.
