Esther López Barceló
Diputada
de Esquerra Unida del País Valencià en Les Corts
& Alberto Garzón Espinosa
Diputado
de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados
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| Especial para La Página |
¡Esto es un secuestro! La democracia, para ser tal, ha de
servir al pueblo, residir en el pueblo y emanar del pueblo. Y por ello ha de
estar sujeta a leyes, elaboradas a partir de la razón y de la justicia, que
salvaguarden los derechos fundamentales de la ciudadanía y los antepongan ante
cualquier otro poder. Y precisamente por ello lamentamos y denunciamos que en
nuestros días la democracia y sus leyes estén secuestradas por poderes
económicos ajenos a la razón y a la voluntad popular.
La crisis económica no ha hecho sino mostrar la verdadera
esencia de unos mecanismos que hasta ahora se habían presentado como
democráticos y que, por el contrario, ahora se revelan inútiles en la función
de representar la voluntad popular. Y esto es tan grave como decir que no
tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en
que nos organizamos como sociedad.
Cuando un gobierno rompe el único vínculo que le une con la
ciudadanía, que es el programa electoral que se compromete a cumplir, está
violando la legitimidad de la soberanía popular y deslegitimando su propia
existencia. Desde luego ello es legal, pues no hay ningún fundamento jurídico
que le impida hacerlo, pero supone también que estamos ante algo injusto e
ilegítimo.
La falta de respeto por los principios democráticos de
nuestros gobernantes, unida a su mediocridad y su afán por imponer sus planes
son las causas de que sólo sepan actuar mediante la represión policial y el
recurso de cita ininterrumpida del corpus jurídico del statu quo. ¡Cómo si no
supiéramos discernir qué es legal o no dentro de este marco!
Este sistema aparentemente democrático se nos vendió como el
diseño más perfecto para nuestro país, capaz de protegernos y garantizarnos
derechos sociales. Nos dijeron que era un sistema que nos proporcionaba
capacidad para decidir.
Más de treinta años después una nueva generación afrontamos
un dramático escenario. Somos la llamada “generación perdida”, la juventud sin
futuro. Y ahora que nos levantamos para reclamar democracia –porque queremos
decidir sobre nuestras vidas- y justicia –porque queremos vivir en paz- nos
sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte; aquella que decidieron otros.
Y la más amable respuesta que obtenemos es la llamada al exilio, esto es, a la
búsqueda de esperanza fuera de nuestra tierra.
Sufrimos la persecución cuando nos rebelamos y cuando contestamos los ataques de unos
gobiernos que roban nuestras esperanzas con infames excusas. De hecho ya no
hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar aquello de
“corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte
de Franco ya lo hemos tenido que hacer.
Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando
emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas
donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos
criminalizaron salvajemente por empujar carritos de la compra mientras
denunciábamos el hambre creciente.
Nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante
un desahucio; nos criminalizan e identifican policialmente por reunirnos en un
parque público como el Retiro para debatir sobre política; nos criminalizan, en
definitiva, porque estamos poniendo de manifiesto que lo que un 23 de febrero
no acabó de fraguar se está permitiendo que prospere cada día de forma legal.
Empezaron cambiando la esencia del principio constitucional,
que garantizaba la aplicación de derechos fundamentales, para priorizar el pago
a las entidades financieras. Aprobaron una amnistía fiscal que permitió que los
delincuentes de cuello blanco, estafadores que merman la sanidad y educación
pública, quedarán indemnes de cualquier sanción. Aprobaron una reforma laboral
que dinamitó nuestra defensa ante la explotación laboral, permitiendo
enmascarar despidos improcedentes en despidos objetivos. Legalizaron el racismo
en la sanidad pública. Incrementaron las tasas para obstaculizar a los más
pobres el acceso a la educación. Rescataron y rescatan a los bancos, haciendo
un bote común con nuestros impuestos, mientras nos expulsan de nuestras casas
tras habernos expulsados de nuestros trabajos.
Dicen que queremos dar un golpe de Estado. Pero no es
cierto. Lo que queremos es dar un golpe encima de la mesa. Queremos alcanzar la
democracia. Queremos una legalidad que nos represente y nos defienda. Queremos
vivir sin miedo. Porque tenemos propuestas, reivindicaciones, necesidades.
Porque el 25S es un arma cargada de propuestas de futuro. Porque para poder
recuperar nuestra soberanía, nos hemos dado cuenta de que es imprescindible un
Congreso liberado.
