Antonio Romero,
Alberto Garzón & Nico Sguiglia |
| Especial para La Página |
A pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y
trabajadoras españoles que lucharon por institucionalizar sus conquistas
sociales, a día de hoy nuestra Constitución es papel mojado. El “consenso del
78” ha sido roto al haberse lanzado un contraproceso constituyente, puesto en
marcha por el neoliberalismo y las oligarquías financieras, que tiene como
objetivo acabar con el Estado del bienestar que se comenzó a construir en
Europa tras la II Guerra Mundial.
Las elites capitalistas no pretenden devolver los derechos
sociales y económicos que hoy niegan a los trabajadores, sino que por el
contrario aprovechan la crisis para arrebatar los recursos económicos y
financieros a la gran mayoría mientras los concentran en pocas manos. Sin duda
esta crisis está siendo utilizada para vaciar los ordenamientos
constitucionales de los países de la Unión Europea así como para cerrar y
consolidar un nuevo modelo de sociedad basada en la explotación sin
contrapartidas y en la rivalidad entre los pobres, los pueblos y los subalternos.
Con ello el capitalismo condena a toda una generación a la constante
incertidumbre laboral y vital y abre el campo de juego de las opciones
totalitarias.
Las soluciones a esta situación han de ser extraordinarias y
ambiciosas, por lo que creemos que es necesario impulsar un Nuevo Proceso
Constituyente para un nuevo proyecto de país, que supere este régimen cuya
representación es una monarquía heredada del franquismo y opaca en la gestión
económica y patrimonial, con casos de corrupción en su seno. Entendemos que el
nuevo estado ha de construirse sobre bases federales y solidarias, dotándonos
de esta forma de mecanismos para estar en una Europa federal de los pueblos que
ponga solución a la creciente incompatibilidad entre democracia y Estados-nación,
en un mundo de trabajadores multinacionales, de migrantes y redes de
cooperación y comunicación transnacionales. La esfera de los asuntos comunes y
sus leyes fundamentales tienen que adaptarse a esa nueva condición, so pena de
ceder el protagonismo y la dirección de la “crisis de la UE” a las nuevas
formas de la “revolución conservadora”.
Cabe recordar que siete de cada diez personas que hoy tienen
derecho a voto en España no pudieron votar la Constitución de 1978 y mucho
menos participar en su elaboración. Sin embargo, las demandas sociales exigen
una nueva relación entre representantes y representados, con una mayor
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. No es una cuestión
técnica sino política pues las nuevas tecnologías permiten imaginar mecanismos
de participación social y de control ciudadano de la actividad política que
signifiquen una profundización democrática.
Los abajo firmantes identificamos algunos elementos
fundamentales de lo que debería ser el nuevo orden constitucional.
1. En primer lugar, la preservación, cuidado y promoción de
los bienes comunes naturales tiene que tener un papel protagónico en un nuevo
marco constitucional.
2. En segundo lugar, el sistema político ha de ser
democratizado. Efectivamente, el poder ejecutivo ha sufrido un proceso de
cierre autoritario por dentro; el poder legislativo ha sido vaciado de sus
funciones democráticas y de representación a través de un bipartidismo marcado
por la injusta ley electoral; y el poder judicial se ha mostrado como
absolutamente dependiente de los intereses de los dos principales partidos. Del
mismo modo resulta indispensable una ampliación y dinamización de los
mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, introduciendo
reformas en el marco de las ILPs, referéndums, consultas populares vinculantes
sobre decisiones fundamentales, potenciación de los espacios ciudadanos
deliberativos y avanzando hacia sistemas de voto delegado y participación
directa siguiendo los modelos de las llamadas democracias en red.
3. En tercer lugar, las relaciones laborales deben ser
repensadas de acuerdo con las características del nefasto modelo productivo
español. La nueva carta constitucional debe tener presente la necesidad ante
todo de proteger y garantizar la reproducción de la vida de nuestras
sociedades, garantizando el acceso al trabajo digno, a una renta básica de
ciudadanía, a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y a una
Internet libre y neutral como derechos fundamentales y absolutamente prioritarios.
La puesta en marcha de un nuevo modelo productivo capaz de activar las
capacidades productivas de nuestra sociedad y de generar empleo en condiciones
de dignidad es absolutamente prioritario. Sin embargo, no puede quedar
subordinado el derecho y las garantías de una vida digna a la posesión de una
relación laboral formal, cuando las elites financieras y gobiernos afines
convierten el paro y las relaciones laborales precarias e informales en una
tumba de la dignidad humana.
4. En cuarto lugar, es necesario pensar una reorganización y
democratización de las instituciones del Estado y de la Administración. El
Estado social se ha legitimado históricamente por su organización de sistemas
públicos de bienestar, por su papel económico, financiero, fiscal, territorial
y de seguridad. No se trata de acabar con el Estado o de multiplicarlo sin
descanso, sino de un Estado adecuado a las capacidades democráticas y de
cooperación de los ciudadanos, capaz de autolimitarse y ser lo más poroso
posible a las formas de cogestión de sus competencias con instituciones
ciudadanas democráticas no estatales, buscando fórmulas que impliquen una mayor
eficiencia y el establecimiento de mecanismos que eviten la íntima conexión que
existe entre el poder público y el poder económico de las oligarquías españolas
y europeas.
5. En quinto lugar, es necesario poner coto al poder no
democrático; es decir, ha de lograrse que el poder económico esté subordinado a
la democracia y sus leyes. Los recursos de una sociedad han de ser gestionados
por ésta, a través de mecanismos democráticos, y no por las oligarquías
económicas. Mientras las decisiones que afectan a nuestras vidas las tomen
entidades no sujetas a control comunitario, tales como las grandes empresas
financieras, no podremos hablar de democracia.
El proceso constituyente del que hablamos, y que deberá
proponer a los ciudadanos una nueva constitución, tendrá que ceder el
protagonismo a los mismos en la redacción de la carta fundamental, inspirándose
en las recientes experiencias latinoamericanas, pero también en la formidable
iniciativa de los ciudadanos islandeses.
Consideramos indispensable la creación de instancias de
colaboración y cooperación entre aquellos espacios organizativos (políticos,
sindicales y sociales) que están señalando de forma clara la necesidad y el
deseo de un Nuevo Proceso Constituyente para un nuevo proyecto de país,
diseñando juntos una nueva y real democracia. Hacemos un llamamiento a las
millones de personas que en nuestro país luchan por una vida digna para todos a
que avancemos juntos en la construcción de una constitución de lo común a
través de asambleas constituyentes en las que la ciudadanía decida su futuro de
forma radicalmente democrática. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de
superar, con alegría y organización, este régimen corrupto y antidemocrático y
abrir un tiempo nuevo de justicia e igualdad. Vamos a ello.
