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| La verdad en torno de miles de niños “perdidos” durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) será difícil de esclarecer, aseguró el historiador Ricard Vinyes, autor de un libro que usó el juez español Baltasar Garzón para documentar la causa sobre uno de los capítulos más oscuros del régimen. |
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| Especial para La Página |
Vivimos en un Estado que tolera la impunidad de crímenes de
lesa humanidad entre sus muros de silencio. Los ciudadanos sufrimos impotentes
cuando escuchamos las historias que conforman la criminal trata de robo de
bebés que se produjo en España entre los años 40 y los años 90. Y, sin embargo,
este Estado, a través de sus diferentes gobiernos, intenta hacernos creer que
no puede hacer más que lo que hace: transmitir compasión y lástima.
Pero nosotros tenemos la obligación moral de denunciar que
precisamente este Estado es responsable y cómplice, por su falta de voluntad
política, de aquella trama creada y organizada por motivos ideológicos en pleno
franquismo. Trama que continuó hasta los años 90 convertida en un oscuro
negocio.
Es curioso. Este mismo Estado que se preocupa y legisla para
arrebatar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo a las mujeres, se
despreocupa a su vez de aquellos bebés que les fueron arrebatados a miles y
miles de familias. A veces incluso es peor, como cuando emite comunicados y
notas de prensa de contenido ambiguo que generan vanas esperanzas entre las
víctimas. Sin embargo, nunca concretan ni una solución real que permita, por
ejemplo, la creación de un banco de ADN que sea la base angular en la
posibilidad de reencuentro de las familias. Algo que ya existe en otros países
como Argentina y Guatemala.
Cuando se aprueban iniciativas parlamentarias sobre esta
cuestión, como por ejemplo ha sucedido recientemente en Les Corts del País
Valenciá, el resultado final es una declaración vaga y ambigua en la que queda
neutralizada la sustancia de la iniciativa. Además, también el PP votó en
contra de la petición de una comisión de investigación sobre el tema.
Precisamente por esa razón se explica que, a pesar del trámite institucional, meses
después la única resolución concreta sobre el tema en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana corresponda a la aprobación de una partida económica
destinada a la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, una entidad religiosa bajo
sospecha de pertenecer a la trama. Para más inri dicha resolución se produjo el
mismo día en que un juez admitía a trámite las denuncias de veinte víctimas de
este lugar.
Sin duda no estamos ante un problema de inviabilidad técnica
sino ante la falta de voluntad política para atreverse a desentrañar una madeja
molesta y perversa que envuelve los apellidos de notables personajes de la
actualidad y que, evidentemente, obligarían al Estado a “topar” frontalmente
con la Iglesia. No olvidemos que ésta es responsable y propietaria de la
mayoría de clínicas y hospitales en los que miles de niños y niñas nunca
nacieron. Aprovechamos para contar aquí una historia de tantas miles. Un caso
que hicimos también público, manteniendo el anonimato, en un reciente debate en
Les Corts.
Corre el año 1966 en el País Valenciá cuando una mujer tiene
un parto de mellizas en el Hospital Clínico de Valencia. Al día siguiente
proporcionar mayor información le dicen que una de sus hijas ha fallecido. El
hospital, generosamente, declara hacerse cargo del duro proceso consiguiente.
Años más tarde la hija que sobrevive empieza a dudar de la versión oficial y
comienza una investigación para tratar de atar cabos. Sin embargo, la joven se
encuentra con que en el hospital no existe la historia clínica ni de su madre,
ni de ella ni de su otra hermana supuestamente fallecida al nacer. De la misma
forma tampoco en el registro civil se encuentra documentación de nacimiento. En
ninguna parte queda constancia de aquel oscuro proceso, y sólo persiste la duda
sobre lo que pudo haber sucedido realmente.
Es cierto que la Justicia actúa de oficio, pero en la
mayoría de las ocasiones se archivan los casos por falta de documentación. Una
documentación que, por norma ha sido falsificada, ocultada deliberadamente o
directamente destruida. Sin embargo, esta documentación es fundamental para que
la Justicia, a la que se deriva toda la responsabilidad, actúe. Pero las
administraciones no hacen nada para garantizar que aparezca.
En nuestra opinión se debería legislar en favor de esclarecer
estos casos y garantizar, gracias a ello, el derecho a saber de los adoptados
irregulares. Y, además, el Estado debería actuar para evitar la opacidad que
caracterizan a las organizaciones religiosas que gestionaron en su momento las
clínicas sospechosas de realizar estas prácticas.
Desgraciadamente para la imagen de nuestro Estado, la mirada
de estas víctimas se ha vuelto directamente hacia Argentina, donde la esperanza
está depositada en la querella que prepara contra el Estado español una juez
federal argentina por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la
dictadura franquista. Es lamentable que la Justicia, una vez más, haya que
esperarla desde el extranjero, aunque a veces se sienten positivos precedentes
como el de la Audiencia Provincial de Madrid que ha resuelto que el delito de
robo de niños no prescribe. Pero desgraciadamente la situación general no hace
sino dar la razón a aquellos que aseguran que lo dejaron todo, aquí en nuestro
país, “atado y bien atado”.
¿Quién busca a los niños robados del franquismo y de los
años posteriores a la transición? Las familias y las víctimas están en absoluta
soledad porque el Estado español no es quien los busca ni quien ayuda a que se
haga. Esperemos que la movilización social, que está poniendo en entredicho el
llamado proceso de transición española, junto con la presión internacional pueda
hacer que por fin se pueda pasar la página, con dignidad, de la reciente y
negra historia de España. Nosotros seguiremos luchando para que así sea.
