Luis Britto García |
| Especial para La Página |
1. Barack Obama
se considera con poderes para asegurar que “el
pueblo de Venezuela pueda determinar su propio destino libre del tipo de
prácticas que todo el hemisferio ha dejado atrás”, y no reconoce el triunfo
de Nicolás Maduro. El candidato derrotado introduce demanda de nulidad ante el
TSJ, y en prueba de que no respeta al CNE ni tampoco al más alto juzgado de la
República, de una vez declara que “Si
estos magistrados no quieren responder vienen las instancias internacionales”.
Son las mismas que invocó el golpista Carmona Estanga en el decreto con el cual
derogaba la Constitución ¿Habrá mejor
sitio para acudir que ante instancias financiadas por Estados Unidos?
2. En efecto, no
hay entes jurisdiccionales más
patrocinados por EEUU que la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la cual recibe 54% de su
presupuesto de la potencia norteña. El presidente Rafael Correa denunció que países que no han
firmado la Convención Americana y que por lo tanto no están sujetos a la CIDH,
como Estados Unidos y Canadá, y ONGs radicadas en ellos costean el 96,5% del
Presupuesto de ésta.
3. Quien paga la
música elige la canción, y la CIDH baila al ritmo que sus patrocinantes le
tocan. Como coreando a su patrocinante Obama, el 10 de mayo la Comisión
instó a Venezuela a "adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a
fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como
los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de
asociación y libertad de expresión en este contexto". Por si faltaran
dudas de la parcialización, consideremos que en el sangriento período entre
1969 y 1998, cuando hubo campos de concentración y masacres como las de
Cantaura, Yumare y el Caracazo, tramitó
apenas 6 casos contra Venezuela, uno de
ellos incoado por el terrorista Posada Carriles. En cambio, entre 1999 y 2011 tramitó 63 casos. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos no exhibe mejor prontuario. Entre 1981 y 1998 resolvió sólo 1 caso contra Venezuela, el de la masacre de El
Amparo. Pero entre 1999 y 2011 sentenció 13 y tramita 11 más: 23 casos contra
nuestro país. Ni la CIDH ni la Corte acordaron ninguna acción ante el golpe del
11 de abril de 2002.
4. Vale la pena
hacer memoria sobre este encarnizado prejuicio contra nuestro país. En su
Informe para el Examen Periódico Universal 2011, la CIDH nos acusa en 233
párrafos. En 205 trata sobre casos en
los cuales no se han agotado los recursos internos, por lo que no se los puede
llevar ante la jurisdicción externa. En 225 párrafos no especifica hechos tales como nombres,
fechas, lugares ni otros datos indispensables para que una acusación sea
admitida. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos,
que “podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes
de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba.
Hasta veta proyectos de leyes, cuya
sanción depende única y exclusivamente de la soberana voluntad popular, y no de
una oficina de Washington. Fundándose en esta masa de acusaciones fraguadas,
nos incluye en una “IV Categoría” de países con graves problemas de Derechos
Humanos, acompañados sólo por Cuba, Honduras y Haití.
5. Al tribunal de
los fariseos se lo conoce por sus sentencias. El 10 de enero del año pasado
escribí que a instancias del terrorista Tor Halvorsen “La Corte Interamericana
contradijo la decisión venezolana que
inhabilita a un corrupto para candidatearse. Igual puede pretender inhabilitar
a quien gane las elecciones del 2012, o decidir quién las ganó”. Exactamente en
esa situación estamos un año después. La oposición pretende que tribunales
extranjeros financiados por Estados Unidos, y no el pueblo venezolano, decida
quién debe gobernarnos.
6. ¿Qué éxito
puede tener esta demanda temeraria? Jurídicamente, ninguno. Establece el
artículo 1 de la Carta de la OEA que los países adhieren a dicho ente para “lograr un orden de paz y de justicia,
fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su
integridad territorial y su independencia”. Mal podría una Corte de la OEA
acabar justamente con la independencia y soberanía de países miembros. Para el
caso de que tratara de hacerlo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en sentencia de 15 de julio de 2003
declara que decisiones de órganos jurisdiccionales extranjeros no son
aplicables en Venezuela si violan la Constitución: “Planteado así, ni los fallos, laudos,
dictámenes u otros actos de igual entidad, podrán ejecutarse penal o civilmente
en el país, si son violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía (la
sentencia) no podrían proyectarse en el país, normas contenidas en Tratados,
Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con la Constitución o
sus Principios rectores”.
7. Tampoco
podrían la CIDH ni la Corte Interamericana admitir tal demanda de inmediato,
pues según el artículo 46 de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, “1.
Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos
44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto
y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del
Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Y desde el 10 de mayo de 2012 nuestra
Asamblea Nacional acordó la denuncia de la Convención Americana, pero sólo tras
inexplicable e inexcusable retraso se comunicó el 6 de septiembre dicha
decisión a la Corte. Ante ésta sólo se pueden interponer recursos durante un
año tras la denuncia. De no ser por el saboteador retraso, ya estaríamos libres
de esa pesadilla. Pero declara en el
diario La Verdad del 27-4-1013, el
constitucionalista José Vicente Haro que “el camino de la impugnación es largo. Una sentencia definitiva podría
demorar hasta un año”. Antes de ese plazo, el 6 septiembre de 2013
estaríamos enteramente fuera del poder del tribunal de los fariseos. Que así
sea.
8. La justicia es
ciega, y el prejuicio también. Ante la Corte Interamericana están introducidas
las demandas de RCTV contra la no renovación de su concesión; la de Allan
Brewer Carías para deslegitimar a los tribunales venezolanos y la anunciada del
candidato perdedor para anular las elecciones presidenciales. Toda una
triple ofensiva para deslegitimar a los
poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral. El órgano encargado de defendernos, la
Agencia del Estado para los Derechos Humanos ante los Organismos
Internacionales a veces padece cuatro meses de tardanza antes de que se pague a
su personal, en otros casos no ha podido asistir a audiencias por providenciales retrasos en
la entrega de viáticos. El presidente Nicolás Maduro twitea que "La cuestionada y desprestigiada CIDH
vuelve a arremeter contra la democracia y el pueblo venezolanos. Una vez más la
rechazamos y repudiamos". Para que ese repudio se haga efectivo, es
necesario dotar de medios a nuestros defensores. Se avecinan graves batallas
jurídicas, y no podemos acudir a ellas desarmados.
