Iván MárquezNuestra tierra, la que nos pertenece porque nacimos en ella, nuestra patria, se ha convertido hoy en tesoro codiciado por la piratería transnacional en tiempos de decadencia y de crisis sistémica del capital.
Las transnacionales, Sarmiento Angulo y Santodomingo,
Efremovich y Francisco Santos, y muchos otros piratas feroces de parche y
cuchillo, se han abalanzado al saqueo de las riquezas que aún le quedan a
Colombia, con la anuencia gansteril y patente de corso del Presidente Santos.
Invertir en la tierra, tiene hoy alcances estratégicos. La geografía, el
territorio, se han convertido en la obsesión de la avaricia del capital. Ante
la declinación de la producción petrolera a escala mundial las empresas han
volcado sus ojos hacia la perspectiva de ganancias rápidas con la producción de
agro-combustibles y la explotación del subsuelo. La Amazonía, la Orinoquía y la
extensa franja del Pacífico son los nuevos espacios ambicionados por el capital
para la extracción de ganancias, a como dé lugar.
La tierra ya no interesa tanto como medio de producción
ganadera y de generación de soberanía alimentaria, no. El negocio está en la
producción de bio-combustibles, de etanol, en el cultivo de maíz, caña y palma
africana, y en el saqueo de lo que hay en la superficie y debajo de ella:
petróleo, oro, carbón, coltán, ferroníquel, agua y biodiversidad, sin ningún
tipo de barreras éticas ni socio-ambientales.
Durante 25 años, los últimos gobiernos prepararon el terreno
para el asalto. Hemos vivido un cuarto de siglo de despojo violento capitaneado
por el Estado, de expropiación de tierras, de masacres paramilitares, de
desplazamiento forzoso. Definitivamente la mano negra del Estado es el
paramilitarismo. En ese lapso fueron desplazados 5 millones de campesinos y
expropiadas 7 millones de hectáreas. El Paramilitarismo de Estado, el Plan
Colombia, la injerencia estadounidense en el conflicto interno, fueron
utilizados como ariete criminal para quebrar al pueblo y generar condiciones de
seguridad para la entrada en escena de los inversionistas.
Al cabo de 8 años de gobierno ilegítimo, ilegal y mafioso,
Uribe terminó ensangrentado hasta la coronilla. Santos simplemente está lavando
la sangre que salpica al régimen. Es un falso samaritano intentando tapar con
cosméticos el desprestigio internacional de un gobierno. Se diferencia de Uribe
porque no asesina desembozadamente, pero mata y despoja a nombre de la
Constitución y la Ley.
Se modifican las apariencias, pero las ganancias y el
saqueo, son sacrosantos. No se tocan. En eso es igualito o peor que Uribe. La
confianza inversionista es un eufemismo que encubre la entrega de la soberanía.
Uribe les firmó a las transnacionales, contratos de seguridad jurídica hasta
por 20 años, los colmó de incentivos, de exenciones tributarias, de garantías
para el expolio... Cuántos fajos de dólares y monedas de plata habrán
acrecentado la bolsa de este Judas de Colombia. ¿Y Santos? Está haciendo lo
mismo. Su empeño es profundizar la política neoliberal y en ese marco es el
propulsor de una legislación que privilegia los derechos del capital frente al
interés común y la patria misma. Ha convertido a 90 mil soldados del ejército
colombiano en taciturnos guachimanes de las transnacionales, en guardianes de
la infraestructura y de las ganancias del capital foráneo contra la
inconformidad social. Ese no fue el papel que le asignó al ejército el padre
Libertador. Él habló de defender las fronteras y las garantías sociales.
Noche y día, cientos de vagones de carbón y cerca de un
millón de barriles diarios de petróleo salen del país rumbo al mercado
internacional, asperjando además, gran contaminación ambiental, y Santos,
henchido de incomprendida satisfacción, proclama que están creciendo las
exportaciones, y la economía en un 7%. Vale preguntarse, tal como lo sugieren
especialistas y académicos del país, ¿qué tan colombiana es la economía
colombiana? ¿Quién exporta el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro? Las
transnacionales. La prosperidad es entonces de las transnacionales y de los
gobernantes vendidos, no del país. A esté sólo le quedan los huecos y socavones
vacíos y el desastre socio-ambiental.
Toda la población de Marmato, Caldas -pueblo de antigua
tradición minera-, pretende ser desplazada por el gobierno para que una
transnacional canadiense pueda explotar su oro a cielo abierto. Ahora están
tratando de criminalizar la minería artesanal de la que depende el sustento de
miles y miles de colombianos, para entregarle el monopolio de la explotación
aurífera a las transnacionales. Al frente de esa campaña está el ministro de
Minas y Energía. Por todas partes se escucha su mentirosa cantilena que ésta
minería está ligada a bandas criminales y al terrorismo. ¡El colmo de la
desfachatez! Con urgencia hay que amarrar a ese burócrata loco que ha colocado
Santos al frente del ministerio, Mauricio Cárdenas, antes de que haga trizas lo
poco de soberanía que milagrosamente nos queda.
Todos los esfuerzos de la estrategia de Santos están
dirigidos a legalizar el despojo, es decir, a despojar y expropiar a nombre de
la ley; suavemente, sin ese derramamiento de sangre que tanto escandaliza a la
opinión internacional. Ese es el espíritu que domina el paquete legislativo que
hará trámite en el Congreso a partir de marzo. La Ley de tierras y reparación
de víctimas promovida por Santos es un engaño, como lo es también confundir
sobre la verdadera identidad de los victimarios. De manera inaudita se le ha
dado por pregonar últimamente, tirándole a las escopetas, que la insurgencia es
la causante del despojo, cuando históricamente está demostrado que el
responsable es el Estado con su ejército, sus paramilitares, sus
terratenientes, sus ganaderos, y sus leyes. Se asemeja así el Presidente al
ladrón que grita: ¡agarren al ladrón!
Sí. Santos ha empezado a titular tierras a presuntos o
verdaderos desplazados, pero lo que está entregando es un derecho a la
superficie, un papel de ilusiones que le hace creer al campesino que es dueño
de la tierra, cuando en realidad lo que le está entregando es un título para
que pueda vender o arrendar. Pronto le caerán al campesino, como buitres
carroñeros, las transnacionales y la agro-industria, para que les arriende con
derecho a 20 y 30 años para producir etanol y extraer oro, petróleo, carbón y
coltán, mientras el campesino seguirá confinado en los mismos cinturones de
miseria de las grandes ciudades, lejos de su tierra, viviendo tal vez de una
renta precaria.
La tierra, en estas circunstancias, hace que la categoría
PATRIA se perciba más nítida y se aferre con todas sus fuerzas al corazón de
los colombianos. Luchar por la soberanía deja de ser una bandera abstracta,
incomprendida y etérea, para convertirse en exigencia de dignidad de las
mayorías. De esa manera, el puño de la patria en alto contra el saqueo de las
riquezas nacionales y la devastación del medio ambiente, adquiere nuevas
dimensiones y al mismo tiempo denota un nuevo nivel de conciencia de lucha
popular. Defender lo nuestro, nuestra tierra, es defender nuestra dignidad.
Iván Márquez
es comandante y miembro del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).
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| Titulo original: “Nuestra tierra” http://www.anncol.info/index.php?option=com_content&view=article&id=880:nuestra-tierra&catid=72:tv&Itemid=590 |
