Claudio Katz |
| Especial para La Página |
La intervención de YPF y la introducción de una gestión
estatal de la empresa son medidas necesarias para comenzar a revertir la
depredación energética. Pero constituyen tan solo un punto de partida para
recuperar los recursos petroleros.
Durante una década REPSOL lideró el vaciamiento de pozos,
reservas e instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir
y expatrió ganancias en forma escandalosa. Esta conducta no irritó a ninguno de
los críticos neoliberales de la expropiación en curso. Ahora cuestionan la
“violación orden jurídico”, olvidando el total incumplimiento de los contratos
por parte de la firma. Esta doble vara es congruente con su habitual aprobación
de los atropellos contra los derechos de los asalariados o jubilados. Nunca extienden
a estos sectores los principios de la seguridad jurídica.
Falacias neoliberales
Los derechistas están recreando los fantasmas del 2001-2005
y repiten los mismos argumentos que difundieron luego del default. Advierten
contra las terribles consecuencias de “aislarse del mundo”, omitiendo su récord
de pronósticos fallidos.
Algunos exculpan a REPSOL afirmando que sufrió un castigo de
precios desfavorables. Pero silencian los sucesivos ajustes de los últimos
años, la autorización para liquidar divisas en el exterior y el permiso para
exportar a costa del auto-abastecimiento. Las objetadas retenciones móviles a
las ventas externas fueron una tenue compensación del terrible drenaje que
sufrió el país. Tampoco recuerdan que la falta de inversiones se remonta a los
años 90, cuando el combustible era muy caro en dólares.
Los voceros locales de REPSOL afirman que la expropiación
ahuyentará las inversiones, que se necesitan para recomponer la producción.
Pero el desarrollo petrolero de Argentina nunca provino de los capitales
foráneos. Fue un resultado de la propiedad estatal del crudo y del equilibrio
entre exploración y explotación de pozos, que se logró mediante un sistema
integrado de extracción, refinación y comercialización. Este régimen fue
demolido con la privatización y debería ser recompuesto para reconstruir el
abastecimiento.
Cualquier paso en esa dirección es visto por la derecha como
una expresión de “populismo, caja o demagogia nacionalista”. Pero con su sostén
de la privatización ya demostraron cómo conciben el ideal opuesto de conductas
republicanas, maduras y responsables.
Los defensores más descarados de REPSOL alertan contra el
inminente conflicto entre argentinos y españoles que suscitará la expropiación,
como si la firma afectada fuera la representación del pueblo ibérico. En
realidad es una empresa privada de dudosa propiedad hispana, puesto que el
grueso de su capital se encuentra distribuido en varios centros financieros del
mundo. Como se especializa, además, en localizar sociedades en paraísos
fiscales, potencia la evasión impositiva que ha deteriorado las finanzas
españolas, precipitando el brutal ajuste que padece ese país.
REPSOL es naturalmente defendida por una monarquía y un
gobierno reaccionario, que continúan desplegando soberbia neo-colonial con
creciente despiste. La repetición local de esa diatriba es particularmente
chocante. Como la firma recurrirá a sus aliados de Europa y el G 20 para
generar un conflicto jurídico internacional, es imperioso que Argentina se
retire del CIADI. Ese tribunal ya tiene preparado un fallo a favor de la
petrolera.
¿Empresa mixta o
estatal?
Los principales problemas de la nueva YPF no se ubican en el
flanco externo. Es evidente que el gobierno decidió la expropiación por
necesidad y no por convicción. Estaba acuciado por la caída de la producción y
la consiguiente obligación de financiar importaciones con los pocos recursos
que tiene la Tesorería. Presionado por esas circunstancias introdujo un giro de
180 grados en su idilio previo con la empresa afectada. Negoció sin resultados
un compromiso de mayor inversión y finalmente optó por el choque con sus viejos
socios. La expropiación no forma parte de una estrategia prevista, ni obedece
al gran caudal de votos logrado en los últimos comicios.
La reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de
quienes participaron en su destrucción. Gran parte de la elite actual de
funcionarios protagonizó el desguace menemista de la empresa y el remate de sus
acciones. Su responsabilidad en el descalabro energético de los últimos ocho
años es inocultable. De Vido es la antítesis de Mosconi. Por su despacho
pasaron todas las autorizaciones requeridas para convalidar el aniquilamiento
de YPF.
La iniciativa de expropiación es positiva, pero sus reales
efectos dependerán de las próximas medidas. Una decisión clave se juega en el
manejo de la indemnización. No se puede pagar por lo que es nuestro, ni premiar
con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa. Todavía hay que
averiguar cuáles fueron las ganancias reales que acumuló REPSOL con la
distribución de utilidades a costa de los activos energéticos y con la
expansión internacional de la compañía, utilizando los recursos del subsuelo
nacional.
Antes de hablar de cualquier valuación de la empresa (por cotización
bursátil, contable o patrimonial) hay ver los resultados de una auditoría, que
esclarezca el estado de los pozos y de los daños ambientales. Si se utilizan
los fondos del ANSES, las reservas del Banco Central o la emisión de nueva
deuda para pagarle a REPSOL, se repetirá la vieja historia de un estado bobo
que se hace cargo de las pérdidas ocasionadas por ex concesionarios.
La nueva YPF es concebida como una sociedad anónima,
siguiendo un modelo de empresa mixta muy distante de la vieja compañía
íntegramente estatal. Esta decisión es errónea y conspira contra el proyecto de
reconstrucción energética. No es casual que existan tantos ejemplos
internacionales de manejo totalmente público de un recurso vital. Ese modelo de
propiedad pública mantuvo la tasa de exploración requerida en el pasado para un
país como Argentina, que tiene reservas limitadas y de costosa extracción.
La necesidad de un largo proceso de inversión no es
compatible con los idealizados esquemas de compañías mixtas, que ya fueron
ensayados en la primera etapa de privatización de YPF. Un test próximo de los
problemas que enfrenta este modelo, saldrá a flote cuando deba resolverse la
situación del grupo Eskenazi. Esta familia quedó como socia minoritaria de la
nueva YPF, luego de haber perpetrado un fraude superior a las tropelías
cometidas por REPSOL. Compró su participación sin poner un solo peso,
recurriendo a un crédito a pagar con la distribución de utilidades. Su
permanencia está en duda, desde el momento que deberá cancelar ese préstamo con
su propio dinero. Si se concreta su deserción: ¿Quién se hará cargo de ese
paquete? ¿El estado mediante pérdidas adicionales? ¿O habrá una transferencia a
otros “capitalistas amigos” (Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez,
Eurekian), que ya se quedaron con varias áreas sin realizar ninguna inversión?
El peligro de la sociedad mixta no radica sólo en esos
favoritismos. La fuerte presencia del capital privado dentro de la compañía
exige operar con criterios de rentabilidad inmediata, que obstruyen la
prioridad inversora. Este modelo induce, además, al aumento de los precios en
boca de pozo por la presión por lograr mayores utilidades, generando un
encarecimiento adicional del combustible.
Gestión, legislación
y propiedad
El gobierno promete una administración profesional de la
nueva YPF. Pero esta meta exige no sólo conocimientos técnicos, sino también
gran independencia del lobby petrolero. Si las firmas privadas participan del
directorio, aumentará el peligro de repetir los vicios del pasado
(endeudamiento indebido de la compañía) o incurrir en nuevos desaciertos (uso
de los recursos para financiar el bache de importaciones). Es evidente la
trascendencia de definir cómo se administrará la compañía y ENARSA brinda un
mal antecedente inmediato. Resulta imprescindible dotar a YPF de un genuino
control social, popular y de los trabajadores.
Pero el mayor problema radica en lo que sucederá con el 70%
de la actividad petrolera que actualmente se desarrolla fuera de YPF. El
gobierno no ha definido qué tipo de modificaciones se introducirán, en un
sector regido por principios neoliberales de libre disponibilidad del crudo por
parte de los concesionarios.
La revisión de los contratos suscriptos con esas normas
recién ha comenzado y en su gran mayoría afectó a pozos marginales. El proyecto
de ley en curso no aclara qué ocurrirá con el marco legal que habilitó la
atomización del sector y la proliferación de una gran variedad de gravosos
convenios. Aquí se impone la inmediata recuperación de la atribución del estado
para controlar toda la comercialización interna y externa, fijando las
condiciones y los precios de extracción y procesamiento.
La propiedad provincial del subsuelo constituye otro
impedimento para alcanzar esa meta. Mantiene el poder discrecional de los
gobernadores para manejar un recurso de toda la nación. El compromiso de
sindicatura común que se ha establecido con las provincias para el manejo de
YPF, no se extiende al resto del sector y sólo pospone la necesidad de
reintroducir la propiedad nacional. Marginar a las provincias no petroleras de
la nueva conducción de YPF no contribuye a esa recomposición.
Con la expropiación se abre un nuevo capítulo de historia
petrolera. Hay condiciones nacionales e internacionales muy favorables para
reconstruir nuestro cimiento energético, avanzando hacia una empresa totalmente
pública. Sólo este esquema permitirá equilibrar los costos de extracción con
los precios requeridos para el desarrollo industrial. Este manejo es
indispensable para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de
los hidrocarburos y evitar un mayor deterioro del medio ambiente.
El logro de estos objetivos exige afectar los intereses
capitalistas que hasta ahora protegió el gobierno y adoptar una actitud
soberana frente a las presiones externas. La movilización popular con banderas
propias es el gran instrumento para esta acción.
Claudio Katz es
Profesor de UBA-CONICET y miembro de EDI (Economistas de Izquierda).
