La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y
785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia
Católica inscribió el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad N° 4
de la ciudad de Córdoba (Tomo 2381, Libro 155, folio 198). El trámite costó
apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros:
Segundo: Que,
disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale
gratis a la Iglesia: no paga impuestos y tampoco se ocupa de los gastos de
conservación.
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por
persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y
es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y,
como tal, está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita
como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como
guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los
turistas porque haya, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior.
Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no
los paga la Iglesia: los cubre el Estado. Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a
su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de
cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba
prometió reformarla en su programa electoral.
Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el Partido Popular
[en el Gobierno], pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al
Gobierno a cobrar impuestos a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es
poco dinero. Este privilegio medieval nos cuesta 3.000 millones de euros al
año: una décima parte del déficit que le falta por recortar a Mariano Rajoy.
