Salim Lamrani |
| Especial para La Página |
El 28 de julio de 2012, el presidente Hugo
Chávez hizo partícipe de su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana
de los derechos humanos, tras el fallo que condena a Venezuela por malos tratos
a un detenido sancionado por terrorismo y que se fugó a Estados Unidos. Caracas
denuncia un veredicto político.
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¿Quién es Raúl José Díaz Peña?
Raúl José Díaz Peña es un prófugo venezolano de
la justicia severamente sancionado por los tribunales por terrorismo y
refugiado en Estados Unidos. En 2003, Venezuela vivía una situación de
polarización política extrema tras el golpe de Estado abortado contra el
presidente democráticamente elegido Hugo Chávez y el sabotaje petrolero que
costó a la economía venezolana la suma de 10.000 millones de dólares. Ambos
fueron organizados por la oposición con el apoyo explícito de Estados Unidos
que había reconocido a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, entonces
presidente de Fedecámaras –organización que agrupa los intereses económicos del
país– y actualmente refugiado en Colombia.
El 25 de febrero de 2003, una facción radical de
la oposición compuesta de Felipe Rodríguez, José Colina Pulido, Germán Varela
López, Silvio Mérida y Raúl José Díaz Peña, decidida a derrocar a Hugo Chávez,
colocó varias bombas en el Consulado General de la República de Colombia y en
la Embajada de España. El objetivo era acusar de los atentados terroristas a
los partidarios del presidente venezolano, los cuales habrían actuado en
represalia por la decisión de Bogotá y de Madrid de reconocer a la efímera
junta golpista de abril de 2002.[2]
No obstante el plan fracasó, pues las
autoridades del país arrestaron a Díaz Peña y sus cómplices ese mismo día. Tras
su juicio, el 29 de abril de 2008, la justicia venezolana lo condenó en primera
instancia a 9 años y 4 meses de cárcel por terrorismo. En mayo de 2012, un juez
decidió conceder un régimen de semi-libertad a Díaz Peña y le permitió pasar
los fines de semana con su familia y ejercer una actividad profesional. En
septiembre de 2010, Díaz Peña huyó y se refugió en Estados Unidos.[3]
¿La CIDH, una jurisdicción independiente?
Órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos,
entidad bajo fuerte influencia de Estados Unidos –a tal punto que los países de
América Latina y el Caribe decidieron crear la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en diciembre de 2011, con el fin de
emanciparse de la sombra tutelar de Washington y de su fiel aliado canadiense
–, la CIDH es sospechosa de parcialidad hacia los gobiernos de izquierda en
América Latina.
Así, contra todo pronóstico, a partir de 2005 la
CIDH aceptó estudiar el caso de Díaz Peña a petición de la Venezuela Awareness
Foundation, una organización de la oposición a Hugo Chávez. Ahora bien, para
poder analizar un asunto, los estatutos de la entidad interamericana estipulan
que se deben agotar primero todos los recursos jurídicos del país de origen, lo
que no es el caso para Díaz Peña. Es la primera vez en la historia de la
justicia interamericana que la CIDH acepta estudiar el caso de un individuo
condenado por terrorismo en su propio país, prófugo de justicia y cuyo juicio
sigue abierto, en violación de su propia Convención. Hasta hoy, la CIDH no ha
dado explicaciones al respecto.[4]
Nicolás Maduro, canciller venezolano, expresó su
consternación y anunció que su país se retiraría de la organización. “Es
lamentable haber tenido que dar este paso, pero Venezuela se ha visto obligada,
dadas las decisiones aberrantes y abusivas que se han tomado contra nuestro
país durante 10 años. Ningún país de Europa ni Estados Unidos aceptarían que la
CIDH protegiera a un terrorista”, declaró[5]
La diplomacia venezolana acusa a la entidad de “complicidad con la política de
Washington de protección a los terroristas” y exigió “que apliquen los
principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el
examen de las cuestiones de derechos humanos”.[6]
En efecto, desde la llegada de Hugo Chávez al
poder en 1999, la CIDH multiplicó las decisiones e informes desfavorables a
Venezuela, en proporciones ampliamente superiores al resto de América Latina.
Así, desde su creación en 1959 y hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en
1999, la CIDH sólo emitió cinco decisiones condenando las violaciones de los
derechos humanos en Venezuela. En cambio, entre 2000 y 2012, la CIDH condenó a
Caracas 36 veces. Así, en el espacio de 12 años, la CIDH condenó a Venezuela 7 veces
más que durante los 40 años anteriores, marcados por exacciones de todo tipo y
particularmente el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, sublevación popular
contra la vida cara, que el ejército y la policía reprimieron en sangre,
dejando un saldo de 3.000 civiles asesinados[7].
Por otra parte, durante el golpe de Estado de
2002, la CIDH, como Estados Unidos, reconoció abiertamente a la dictadura de
Pedro Carmona en una carta que Santiago Antón, entonces secretario de la CIDH,
dirigió a ése[8].
Maduro no dejó de recordar este episodio que arroja una sombra sobre la
credibilidad y la fama de la entidad interamericana: “La Comisión reconoció a
los golpistas y negó el apoyo al presidente Hugo Chávez”.[9]
El presidente Chávez confirmó que su país se
retiraría de la CIDH.[10]
“Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por
dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de
derechos humanos apoyando al terrorismo”, subrayó.[11] La CIDH “ni siquiera
nos llam[ó] para consultarnos. Aquí hubo un juicio, una condena, hay testigos
de que ese terrorista le puso bombas a la embajada de España y de Colombia, eso
se comprobó”, agregó.[12]
La reacción de Estados Unidos
Por su parte, Washington fustigó la decisión de
Caracas. Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado declaró que “Venezuela
estaría enviando un mensaje profundamente lamentable acerca de sus compromisos
con los derechos humanos y la democracia” al resto del continente, si se
retirara de la jurisdicción de la CIDH. Nuland alabó la entidad interamericana
y expresó su respeto por ella.[13]
No obstante, la posición de Estados Unidos no
está exenta de contradicciones. En efecto, contrariamente a todos los países de
América Latina, Estados Unidos, así como Canadá, siempre se ha negado a
someterse a la jurisdicción de la CIDH y no reconoce su autoridad pues estima
que viola su soberanía nacional.
La reciente decisión de la CIDH relativa a
Venezuela suscita varias interrogantes. ¿Por qué la CIDH aceptó estudiar el
caso Ruiz Peña antes que se agotaran todos los recursos en Venezuela, violando
así su propia Convención? ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los
magistrados a emitir una decisión favorable a un individuo que los tribunales
venezolanos condenaron severamente por terrorismo y que es prófugo de justicia
refugiado en Estados Unidos? ¿Acaso son políticas o jurídicas? ¿Acaso habría
estudiado el caso si Ruiz Peña fuera colombiano, mexicano o chileno? ¿Cuál fue
el papel de la CIDH en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y la democracia
venezolana en abril de 2012? En una palabra, ¿es la CIDH imparcial con respecto
a Venezuela?
Notas
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Caso Díaz
Peña vs. Venezuela», 26 de junio de
2012. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_esp.pdf (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
[2] Agencia Venezolana de Noticias, «Venezuela
rechaza el fallo de CIDH a favor del terrorista Díaz Peña», 24 de julio de
2012.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Agence France-Presse, «Venezuela
denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», 26 de julio de 2012.
[6] Ministerio del Poder Popular para Exteriores, «Comunicado», República Bolivariana de Venezuela, 24 de
julio de 2012. http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22219:comunicado-oficial-mercosur&catid=3:comunicados&Itemid=108 (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
[7] Telesur, «Venezuela afirma tener suficientes pruebas de la doble
moral de la CIDH», 2 de mayo de 2012. http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/02/el-canciller-venezolano-nicolas-maduro-dijo-que-cidh-responde-a-intereses-de-eeuu (sitio
consultado el 31 de julio de 2012).
[8] Ibid.
[9] Agence France-Presse, «Venezuela
denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», op.cit.
[10] Agence France-Presse, «Chávez
dice que ya dio ‘las instrucciones’ para que Venezuela salga de CIDH», 28 de
julio de 2012.
[11] EFE, «Insulza confía en que Venezuela no dejo la Corte IDH»,
27 de julio de 2012.
[12]
Alejandro Montiel, «Doble rasero de CIDH evidenciado con fallo que favorece a
terrorista que atentó contra embajadas en Caracas», Prensa Presidencial, República Bolivariana de Venezuela, 26 de
julio de 2012.
[13] Agence France-Presse, «EEUU
estima que si Venezuela abandona Corte IDH enviará mensaje ‘lamentable’», 25 de
julio de 2012.
Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Contacto: lamranisalim@yahoo.fr
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