mayorías populares.
Los mineros, campesinos, trabajadores, comunidades enteras, están en la lucha bajo la consigna Paro Nacional. Su epicentro es Boyacá, Nariño, Cundinamarca, Cauca y Putumayo, en el caso agrario. Arauca, Chocó, Antioquia y Tolima en el de la minería, al igual que en las regiones en que opera la Drummond. Asimismo, son decenas de municipios que protestan y se concretan alianzas sociales y políticas.
El poder de los trabajadores del transporte
de carga pesada al entrar en paro, incluso con bloqueos a carreteras medulares,
se está expresando. Se dan mítines, asambleas y manifestaciones. Se han
levantado barricadas para defenderse de la represión de las llamadas fuerzas
del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Los
estudiantes universitarios convocados por la MANE y sus distintas
organizaciones han comenzado su movilización, que tendrá un carácter duradero e
intensivo
II. La manifestación del 27 de agosto tuvo un
carácter nacional. En distintas ciudades y pueblos se movilizaron campesinos,
trabajadores, estudiantes, desempleados. En Bogotá fue multitudinaria la
concurrencia en las calles, avenidas y en la Plaza de Bolívar.
La solidaridad con la causa de los
labriegos era general. Se vivió un ambiente de simpatía por el carácter
nacional de esta lucha. Los campesinos luchan por la paz y la soberanía
alimentaria. El imaginario de un país rural, de fuerte ascendencia campesina, de
indígenas y negros, de un país de arrieros y colonizadores, de una geografía
variopinta y de todo tipo de ecosistemas, ha estado presente en todas las
jornadas. Los fetiches de la modernización urbana, los espejismos del progreso,
son develados por la vida inmersa en tejidos de interrelación social y cultural
desde abajo.
A lo que estamos asistiendo en todos estos
días de mitad de año es a una movilización de la Colombia profunda, que del
campo se enlaza con los barrios de las ciudades. Que es aldeano y de pueblos,
de las ciudades proletarias y segregadas, de estudiantes y profesionales. De
una Colombia de mercados, campesinos y barriales, de unas economías y formas de
vida y sociedad conformadas desde la cultura material y las costumbres en
común, que perpetúan memorias y tradiciones de cooperación, solidaridad, justicia,
derechos consuetudinarios, “economía moral”.
Estas comunidades campesinas y barriales
resisten a las avalanchas del capitalismo del agro-negocio y la
mega-urbanización. Han adquirido una conciencia más experimentada y argumentada
de que a la economía política de los planes y modelos de desarrollo, ellos tienen
una economía política que continúa y reelabora su “economía moral”, sus
costumbres en común, sus aspiraciones de justicia y dignidad, de derechos
conquistados y no de concesiones paternalistas[1].
Es un campesinado, con indígenas, mestizos,
negros, que enlaza las tradiciones de lo comunitario, de la libertad, la
independencia, con las propuestas de zonas de reserva campesina, abolición de
los tratados de libre comercio, finalización de la agroindustria y la minería
transnacional, por la soberanía alimentaria.
Este campesinado movilizado expresa
regiones y municipios, culturas y experiencias diversas y unitarias. No está
anclado en un pasado idílico, sino en un tiempo actual, concentrado y
entrelazado con las luchas urbanas y de los proletarios agrarios del banano y
el azúcar, de los trabajadores del transporte, la justicia, la educación, los
hospitales y de la inmensa audiencia de la inconformidad.
Muchos de sus hijos son profesionales y la
televisión nos ha presentado que son líderes algunos de ellos de estas
movilizaciones. La cultura universitaria, profesional, moderna, de agrónomos,
veterinarios, zoólogos, economistas, médicos, ingenieros y abogados, está
presente en esas comunidades. Sus hijas muchas veces han accedido a la
educación superior y se benefician de otras experiencias sin abandonar sus
tradiciones.
Toda esta lucha no es por un pasado, es una
resistencia por recrearlo como un presente para la vida plena.
III. La represión a la manifestación en Bogotá
fue premeditada. Las autoridades definieron perturbar la paz de la movilización
altiva contra el gobierno y el modelo económico con ataques del ESMAD a
columnas, con gases de gran alcance y daño sobre la salud y con efectos
desmovilizadores. Pero, también con disparos con armas de fuego.
En la carretera Panamericana y en Boyacá se
siguió el mismo patrón represivo que en el Catatumbo. También en Soacha,
Facatativa, la Calera y en Bogotá, en las localidades de Engativá, Bosa y Suba.
En todas partes esta máquina de la muerte del ESMAD reprime y no para disuadir.
Su violencia ha sido presentada por redes sociales e incluso en los canales
privados de televisión. El propio presidente Santos reconoció en Tunja este
tipo de actuaciones y pidió excusas. La verdad es que tales escuadrones están
actuando como “ruedas sueltas” y el gobierno es incapaz de controlar sus
actuaciones. Pero, son el presidente y el director nacional de la policía los
responsables.
La respuesta violenta de jóvenes es equivocada
pero inevitable. Además, grupos y apologistas de la acción directa incitan a la
violencia, desfigurando el sentido de una lucha multitudinaria. No obstante,
presentar al ESMAD como víctima de los “vándalos y desadaptados” -como lo hacen
los medios- es no comprender las raíces profundas de la revuelta social en
curso en Colombia. Los bloqueos, enfrentamientos, ocupación de predios y
edificios obedecen a la lógica de hacer sentir una fuerza que reclama y lucha por
derechos y dignidad. Ni los esquemas paternalistas del clientelismo ni la
represión autoritaria conjuran la lógica de la movilización en curso.
Las raíces históricas de la revuelta son
las violencias del latifundio, la agroindustria y las multinacionales. Del
Estado y los paramilitares. La criminalidad y el narcotráfico han creado zonas
de “ciudad de Dios” en localidades de Ciudad Bolívar y otros sitios en Bogotá,
también en otras ciudades.
La no resolución del conflicto armado con
las FARC y el ELN ha dinamizado las violencias degradando la sociedad.
El anuncio del presidente Santos de
aumentar la presencia de la fuerza pública en 50 mil efectivos en calles y
carreteras es un incremento a la militarización de la vida nacional. Se suma a
la acusación destemplada contra Marcha Patriótica. Unas declaraciones para dimensionar
la guerra en curso contra la subversión, convirtiendo los conflictos campesinos
y sociales, al igual que las ciudades en un escenario de guerra. Es lo que está
en marcha en Bogotá.
Las causas de los tres muertos y centenares
de heridos señalan en dirección de la militarización. Un testimonio del diario
El Tiempo dice: “Jhonny Velazco Galvis, el joven que murió de un balazo en la
cabeza, en la noche del jueves en las manifestaciones del barrio La Gaitana de
la localidad de Suba, había cumplido 18 años el pasado 17 de agosto, y apenas
hace una semana había conseguido trabajo en una empresa instaladora de techos.
“Yo estaba con él anoche, pero se me perdió
por unos minutos. Ahí escuchamos los tiros y los rafagazos del Esmad. Cuando me
devolví, me dijeron: ‘mataron a Jonhy’ y él estaba tirado en el suelo con un
tiro en la frente”, contó Brayan Bernal, amigo de la víctima.
“Él llegó de trabajar, entró a la casa,
dejó la maletica, salió a chismosear a la esquina y se encontró con la muerte”,
contó su papá, José Velasco, quien se enteró de la noticia hacia las 7:30 de la
noche, cuando los vecinos llamaron a avisarle.
“Los vecinos que vieron y escucharon la
balacera me dijeron que al muchacho lo había matado un policía, que estaba a
pocos metros de él, con un tiro en la cabeza. También me dijeron que el
uniformado se había volteado el chaleco para evitar que lo reconocieran”,
explicó.
Jhonny era el menor de seis hermanos y el
único que estaba viviendo con su padre, “los demás ya son independientes”,
precisó José.
El joven era padre de una bebé de un año de
edad que vive con su mamá en el barrio Lisboa”[2].
IV. En medio de la movilización social de los
campesinos y sus aliados, se realizan mesas de negociación, se levantan algunos
bloqueos y siguen otros. Se negoció con los mineros, continúan los camioneros y
el presidente convoca un ACUERDO NACIONAL el 12 de septiembre.
El tinglado de la farsa se está armando con
la SAC, los gremios, alcaldes y gobernadores, no para discutir y acordar lo que
los campesinos reclaman, sino lo que tienen decidido de antemano los
dominadores.
Entre tanto, “representantes de las
organizaciones cívicas y populares de Arauca que impulsan el Paro Agrario,
anunciaron ayer que desde las 6 a.m. de hoy permitirán el paso de los carros
que no estén adscritos a compañías petroleras y la multinacional OXY”[3].
Sobre el tapete de las luchas están los
anuncios de los estudiantes universitarios y del SENA, también FECODE y de los
trabajadores de la salud, con Paro Nacional para el 10 de septiembre.
Entre tanto, la crisis nacional continua,
incluyendo la profundización de las discrepancias en las derechas por las
alternativas en juego. El presidente Santos demuestra que la del
establecimiento es la de siempre: represión y demagogia.
Toma sentido el discutir las consignas de
la movilización nacional que incluya el Paro General, Paro Cívico en lenguaje
coloquial, y otras modalidades.
Notas