Giorgio Agamben | El
artículo 20 de la Ley de planificación militar, promulgada el 19 de diciembre, autoriza
la vigilancia generalizada de datos digitales, al punto de que se habla de
"Ley Patriota para los franceses". Constituido en prioridad absoluta,
el imperativo de la seguridad cambia a menudo de pretexto (la subversión
política, el "terrorismo"), pero conserva su objetivo: gobernar las
poblaciones.Para entender su origen y tratar de desbaratarlo, hay que remontarse al siglo XVIII. La fórmula "por razones de seguridad" ("for security reasons", "per ragioni di sicurezza") funciona como un argumento de autoridad, poniendo término a cualquier discusión, permite la imposición de perspectivas y medidas que no se aceptarían de otra forma. Es necesario oponerle el análisis de un concepto aparentemente anodino, pero que parece haber suplantado a cualquier otro concepto
político: la seguridad.
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Uno podría pensar que el propósito de las políticas de
seguridad es simplemente evitar los peligros, disturbios, o desastres. Una
cierta genealogía, en efecto, traza el origen del concepto al dicho romano Salus publica suprema lex ("El
bien del pueblo es la ley suprema"), y por lo tanto cae dentro del
paradigma del estado de excepción.
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Más que en el estado de excepción,
Michel Foucault (3) aconseja buscar el origen de la seguridad contemporánea en
los principios de la economía moderna en François Quesnay (1694-1774) y los fisiócratas
(4). Si, poco después de los tratados de Westfalia (5), los grandes estados absolutistas
han introducido en su discurso la idea de que el soberano tenía que garantizar
la seguridad de sus súbditos, no fue hasta Quesnay que la seguridad (sécurité) -o más bien la "protección" (sûreté)- se
convirtió en el concepto central del gobierno.
Su artículo consagrado a los "Granos" en la Encyclopédie sigue siendo, dos siglos y
medio después, indispensable para comprender el modo de gobierno actual.
Voltaire dirá, por otra parte, que una vez aparecido este artículo los
parisinos dejaron de discutir de teatro y literatura para hablar de economía y
agricultura.
Uno de los principales problemas que en aquel tiempo los
gobiernos debían enfrentar era el de la escasez de alimentos y las hambrunas.
Hasta Quesnay trataban de prevenirlos creando graneros públicos y prohibiendo
la exportación de granos. Pero estas medidas preventivas tenían efectos
negativos sobre la producción. La idea de Quesnay fue de invertir el
procedimiento: en lugar de intentar prevenir las hambrunas, había que dejar que
se produjeran y, mediante la liberalización del comercio interior y exterior
gobernarlas una vez que se habían producido. "Gobernar" retoma aquí
su sentido etimológico: un buen piloto -aquel que sostiene el timón (gouvernail)-
no puede evitar la tempestad, pero si sobreviene, debe ser capaz de pilotar su
barco.
Es en este sentido que hay que entender la fórmula que se
atribuye a Quesnay, pero que en realidad jamás escribió: "Laisser faire,
laisser passer" ("dejen hacer, dejen pasar"). Más allá de ser la
divisa del liberalismo económico, designa un paradigma de gobierno, que pone la
seguridad -Quesnay evoca la "seguridad de granjeros y trabajadores"-
no ya en la prevención de problemas y desastres, sino en la capacidad de
canalizarlos en una dirección útil.
Hay que valorar el alcance filosófico de esta inversión que
trastoca la tradicional relación jerárquica entre las causas y los efectos:
porque de nada sirve o en todo caso es costoso gobernar las causas, es mucho
más útil y seguro gobernar los efectos. La importancia de este axioma no es
despreciable: rige nuestras sociedades, de la economía a la ecología, de la
política exterior y militar a las medidas internas de seguridad y policía. Es
igualmente lo que permite comprender la convergencia por otra parte misteriosa
entre un liberalismo absoluto en economía y un control de seguridad sin
precedentes.
Dos ejemplos ilustran esta aparente contradicción. En primer
lugar, el del agua potable. Aunque se sabe que una gran parte del planeta
pronto se quedará sin agua potable, ningún país lleva a cabo una política seria
sobre el derroche. Por el contrario, en los cuatro rincones del mundo, se ve
como proliferan y se multiplican técnicas y fábricas para el tratamiento de
aguas contaminadas -un gran mercado en desarrollo.
Consideremos ahora los dispositivos biométricos que son uno
de los aspectos más inquietantes de las tecnologías de seguridad actuales. La biometría
apareció en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. El criminólogo Alphonse
Bertillon (1853-1914) se basó en la fotografía métrica y las medidas
antropométricas con el fin de constituir su "retrato hablado"
que utiliza un léxico estandarizado para describir a los individuos en una
ficha métrica. Poco después, en Inglaterra, un primo de Charles Darwin y gran
admirador de Bertillon, Francis Galton (1822-1911) pone a punto la técnica de
las huellas digitales. Pero estos dispositivos, obviamente, no permitían
prevenir los crímenes, sino condenar a los criminales reincidentes. Encontramos
aquí de nuevo la concepción de seguridad de los fisiocratas: sólo cuando el
crimen se ha realizado, puede el Estado intervenir eficazmente.
Pensadas para los delincuentes reincidentes y los extranjeros, las técnicas antropométricas han sido durante mucho tiempo su privilegio exclusivo. En 1943, el Congreso de los Estados Unidos rechazaba aún la Citizen Identification Act (Ley de identificación de ciudadanos), cuyo objetivo era dotar a todos los ciudadanos de carnés de identidad que incluyeran sus huellas digitales. Sólo en la segunda mitad del siglo XX se generalizaron. Pero el último paso no se ha dado más que recientemente. Los escáneres ópticos permitiendo determinar rápidamente tanto las huellas digitales como el iris han hecho salir los dispositivos biométricos de las comisarías de policía para anclarlas en la vida cotidiana. En algunos países, la entrada en los comedores escolares es también controlada por un dispositivo de lectura óptica sobre el que el niño posa distraídamente su mano.
Pensadas para los delincuentes reincidentes y los extranjeros, las técnicas antropométricas han sido durante mucho tiempo su privilegio exclusivo. En 1943, el Congreso de los Estados Unidos rechazaba aún la Citizen Identification Act (Ley de identificación de ciudadanos), cuyo objetivo era dotar a todos los ciudadanos de carnés de identidad que incluyeran sus huellas digitales. Sólo en la segunda mitad del siglo XX se generalizaron. Pero el último paso no se ha dado más que recientemente. Los escáneres ópticos permitiendo determinar rápidamente tanto las huellas digitales como el iris han hecho salir los dispositivos biométricos de las comisarías de policía para anclarlas en la vida cotidiana. En algunos países, la entrada en los comedores escolares es también controlada por un dispositivo de lectura óptica sobre el que el niño posa distraídamente su mano.
Se han alzado voces para llamar la atención sobre los
peligros planteados por un control absoluto y sin límites por parte de un poder
que dispusiera de los datos biométricos y genéticos de sus ciudadanos. Con
estos datos, el exterminio de los judíos (u otro genocidio imaginable),
ejecutado sobre la base de una documentación incomparablemente más eficaz,
hubiera sido total y extremadamente rápido. La lesgilación hoy en día en vigor
en los países europeos en materia de seguridad es en algunos aspectos
sensiblemente más severa que la de los Estados fascista del siglo XX. En
Italia, el texto único de leyes sobre la seguridad pública (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, Tulsp), adoptado por el régimen de Benito
Mussolini en 1926 está, en lo esencial, todavía en vigor; pero las leyes contra
el terrorismo votadas a lo largo de los "años de plomo" (de 1968 a principio de la década de los
ochenta) han restringido las garantías que contenía. Y como la legislación
francesa contra el terrorismo es incluso más rigurosa que su homóloga italiana,
el resultado de una comparación con la legislación francesa no sería muy
diferente.
La multiplicación creciente de dispositivos de seguridad
refleja un cambio de conceptualidad política, hasta el punto que se puede
legítimamente preguntarse no solamente si las sociedades en las que vivimos
pueden todavía ser calificadas de democráticas, sino también y ante todo si
pueden todavía ser consideradas como sociedades políticas.
En el siglo V. a.C., así lo muestra el historiador Christian
Meier, se produjo en Grecia una transformación de la manera de concebir la
política, a través de la politización (Politisierung) de la ciudadanía.
Mientras que la pertenencia a la ciudad (la polis) era hasta entonces definida
por el estatus y la condición -nobles y miembros de las comunidades culturales,
agricultores y comerciantes, señores y clientes, padres de familia y parientes,
etc.-, el ejercicio de la ciudadanía política se vuelve un criterio de
identidad social. "Se creó así una identidad política específicamente
griega, en la cual la idea de que el individuo se debía conducir como un
ciudadano encontró una forma institucional, escribe Meier. La pertenencia a
grupos constituidos a partir de comunidades económicas o religiosas quedó
relegada a un segundo plano. En la medida en que los ciudadanos de una
democracia se consagraban a la vida política, se comprendían a sí mismos como
miembros de la polis. Polis y politeia, ciudad y ciudadanía se
definían recíprocamente. La ciudadanía devenía así una actividad y una forma de
vida por la cual la polis, la ciudad, se constituía en un dominio claramente
distinto del oikos, la casa. La política devenía un espacio público libre,
opuesto en tanto que tal al espacio privado en el que reinaba la necesidad.
(6)" Según Meier, este proceso de politización específicamente griego fue
transmitido en herencia a la política occidental, en la cual la ciudadanía ha
seguido siendo -con grande altibajos ciertamente- el factor decisivo.
Ahora bien, es precisamente este factor el que se encuentra
inmerso progresivamente en un proceso inverso: un proceso de despolitización.
En otro tiempo, umbral de politización activo e irreductible, la ciudadanía
devine una condición puramente pasiva, donde la acción y la inacción, lo
público y lo privado se mezclan y se confunden. Lo que se materializó como una
actividad cotidiana y una forma de vida, se limita por lo demás a un estatus
jurídico y al ejercicio de un derecho de voto que se parece cada vez más a una
encuesta de opinión.
Los dispositivos de seguridad han desempeñado un papel
decisivo en este proceso. La extensión progresiva a todos los ciudadanos de las
técnicas de identificación en otro tiempo reservadas a los criminales se
refleja indefectiblemente sobre su identidad política. Por primera vez en la
historia de la humanidad, la identidad ya no es una función de la "persona"
social y de su reconocimiento, del "nombre" y de la "fama",
sino de datos biológicos que no pueden mantener ningún relación con el sujeto,
como los arabescos disparatados que mi pulgar entintado ha dejado sobre una
hoja de papel o el orden de mis genes en la doble hélice del ADN. El hecho más
neutro y privado deviene así el vehículo de la identidad social hurtándole su
carácter público.
Si criterios biológicos que no dependen para nada de mi
voluntad determinan mi identidad, entonces la construcción de una identidad
política deviene problemática. ¿Qué tipo de relación podría establecer con mis
huellas digitales o mi código genético? El espacio de la ética y de la política
que estamos habituados a concebir pierde su sentido y exige ser repensado a
fondo. Mientras que el ciudadano griego se definía por la oposición entre lo
privado y lo público, la casa (sede de la vida reproductiva) y la ciudad (lugar
de la política), el ciudadano moderno parece más bien evolucionar en una zona
de indiferenciación entre lo público y lo privado, o, para emplear las palabras
de Thomas Hobbes, entre el cuerpo físico y el cuerpo político.
Esta indiferenciación se materializa en la videovigilancia
en las calles de nuestras ciudades. Este dispositivo ha experimentado el mismo
destino que las impresiones dactilares, diseñadas para las prisiones, se
extendió gradualmente a los lugares públicos. Ahora bien, un espacio
videovigilado no es un ágora, que ya no tiene ningún carácter público, es un
área gris entre lo público y lo privado, la prisión y el foro. Una
transformación semejante proviene de una multiplicidad de causas, entre las
cuales la deriva del poder moderno hacia la biopolítica ocupa un lugar
especial: ésta tiene por objeto regular la vida biológica de los individuos (la
salud, la fertilidad, la sexualidad, etc.) Y no solamente ejercer la soberanía
sobre un territorio. Este desplazamiento del concepto de vida biológica que
pasa a ocupar el centro de la política explica la primacía de la identidad
física sobre la identidad política.
Pero no debemos olvidar que la equiparación de la identidad
social con la identidad corporal se inició con el objetivo de identificar a los
criminales reincidentes e individuos peligrosos. No es de extrañar, por tanto, que
las personas tratadas como criminales finalmente acepten como evidente que la relación
normal que el Estado mantenga con ellos sea la sospecha, la recopilación
de datos personales y el control. El axioma tácito, debemos correr el riesgo de
enunciarlo aquí, es: "Todo ciudadano -en tanto que sea un ser vivo- es un terrorista
en potencia." Pero ¿qué es un Estado, qué es una sociedad gobernada
por un axioma tal? ¿Es posible aún definirla como democrática, o incluso como política?
Tanto en sus conferencias en el Collège de France como en su
libro Vigilar y castigar, Foucault (7) esboza una clasificación
tipológica de los Estados modernos. El filósofo muestra cómo el Estado del
Antiguo Régimen, que se define como un Estado territorial o de soberanía, cuyo
lema fue "Hacer morir y dejar vivir" evoluciona gradualmente hacia un
Estado de población, donde la población demográfica sustituye a las personas
políticas, y hacia un Estado de disciplina, cuyo lema es a la inversa "Hacer
vivir y dejar morir", un Estado que se ocupa de la vida de los sujetos
para producir cuerpos sanos, ordenados y dóciles.
El estado en el que vivimos ahora en Europa no es un Estado de disciplina, sino -en palabras de Gilles Deleuze- un "Estado de control": no tiene como objetivo ordenar y disciplinar, sino gestionar y administrar. Después de la violenta represión de las manifestaciones contra la cumbre del G8 en Génova en julio de 2001, un funcionario de la policía italiana dijo que el gobierno no quería a la policía para mantener el orden, sino para gestionar el desorden; no se imaginaba cuánta razón tenía. Por su parte, los intelectuales norteamericanos que han tratado de pensar en los cambios constitucionales inducidos por la PatriotAct y legislación post-11-septiembre (8) prefieren hablar de "Estado de seguridad" (security state).
El estado en el que vivimos ahora en Europa no es un Estado de disciplina, sino -en palabras de Gilles Deleuze- un "Estado de control": no tiene como objetivo ordenar y disciplinar, sino gestionar y administrar. Después de la violenta represión de las manifestaciones contra la cumbre del G8 en Génova en julio de 2001, un funcionario de la policía italiana dijo que el gobierno no quería a la policía para mantener el orden, sino para gestionar el desorden; no se imaginaba cuánta razón tenía. Por su parte, los intelectuales norteamericanos que han tratado de pensar en los cambios constitucionales inducidos por la PatriotAct y legislación post-11-septiembre (8) prefieren hablar de "Estado de seguridad" (security state).
Pero ¿qué quiere decir aquí "seguridad" (sécurité)?
Durante la Revolución Francesa, esta noción -o la de "protección" (sûreté) como
se la llamaba entonces -se entrelaza con la de la policía. La Ley de 16 de
marzo de 1791 y la de 11 de agosto 1792 introdujo en el derecho francés la
idea, que tendría un futuro prometedor en la modernidad, de "la policía de
seguridad" (police de sûreté). En los debates que precedieron a la
adopción de estas leyes, aparece claramente que la policía y la seguridad se
definen recíprocamente, pero los oradores - incluyendo Armand Gensonné, Marie-Jean
Hérault de Séchelles, Jacques Pierre Brissot - no son capaces de definir ni lo
uno ni lo otro. Los debates se centran en la relación entre la policía y la
justicia.
Según Gensonné se trata de "dos poderes perfectamente
distintos y separados", y, sin embargo, mientras que el papel del poder
judicial es claro, el de la policía parece imposible de definir. El
análisis del discurso de los diputados muestra que el lugar de la policía es en
sí indecidible, y debe seguir siéndolo, porque si fuera absorbido por el poder
judicial, la policía ya no podría existir. Este es el famoso "margen
de apreciación" que caracteriza todavía hoy la actividad del oficial de
policía: en relación con la situación concreta que amenaza la seguridad pública,
éste actúa como soberano. Al hacerlo, él no decide ni prepara -como se repite
erróneamente- la decisión del juez: toda decisión implica causas y la
policía responde a los efectos, es decir, sobre un indecidible. Un
indecidible que ya no se llama como en el siglo XVII, "razón de Estado"
sino "razones de seguridad".
Por lo tanto, el estado de seguridad es un estado policial,
incluso si la definición de la policía es un agujero negro en la doctrina del
derecho público: cuando en el siglo XVIII aparecen en Francia el Traité de la
police de Nicolas de La Mare y en Alemania el Grundsätze der
Policey-Wissenschaft de Johann Heinrich Gottlob von Justi, la policía es
reconducida a su etimología de politeia y tiende a designar a la verdadera
política, designando el término "política", por su parte, la única
política exterior. Von Justi llama Politik a la relación de un Estado con los
otros y Polizei a la relación de un Estado con él mismo: "La policía es la
relación violenta (en force) de un Estado consigo mismo."
Colocándose bajo el signo de la seguridad, el Estado moderno
sale del dominio de la política para entrar en una tierra de nadie (no man's
land) cuya geografía y fronteras son difíciles de ver y para los que carecemos
de la conceptualidad. Este Estado, cuyo nombre hace referencia etimológicamente
a una falta de preocupación (securus: sine cura), por el contrario, no puede
más que hacernos más conscientes de los peligros que representa para la
democracia, ya que la vida política en él se hizo imposible; ahora bien,
democracia y vida política son -al menos en nuestra tradición - sinónimos.
Ante tal estado, tenemos que repensar las estrategias
tradicionales de conflicto político. En el paradigma de la seguridad, cualquier
conflicto o intento más o menos violento de derrocar el poder facilitan al
Estado la posibilidad de gestionar (gouverner) los efectos en beneficio de sus
propios intereses.
Esto es lo que muestra la dialéctica que asocia
estrechamente el terrorismo y la respuesta del Estado en un círculo vicioso. La
tradición política de la modernidad pensó los cambios políticos radicales en la
forma de una revolución que actúa como poder constituyente de un nuevo orden
constituido. Debemos abandonar este modelo para pensar más bien un poder
puramente destituyente, que no podría ser capturado por el dispositivo de
seguridad y precipitado en el círculo vicioso de la violencia. Si se desea
detener la deriva del estado de seguridad no democrático, el problema de las
formas y los medios de tal poder destituyente constituye la cuestión política
clave que tenemos que pensar en los próximos años».
Notas
(1) En caso de trastornos graves, la República Romana
preveía la posibilidad de confiar de modo excepcional, los plenos poderes a un
magistrado (el dictador).
(2) Establecidos por la Convención, estos Comités debían
proteger a la República contra los peligros de invasión y la guerra civil.
(3) Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours
au Collège de France, 1977-1978,
Gallimard-Seuil, colec. «Hautes études», París, 2004.
(4) La fisiocracia funda el desarrollo económico en la
agricultura y promueve la libertad de comercio e industria.
(5) Los Tratados de Westfalia (1648) concluyeron la Guerra
de los Treinta Años entre el campo de los Habsburgo, con el apoyo de la Iglesia
Católica, y los Estados alemanes protestantes del Sacro Imperio Romano.
Inauguraron una orden europea basada en los estados-nación.
(6) Christian Meier, «Der Wandel der politisch-sozialen
Begriffswelt im V Jahrhundert v. Chr.», en Reinhart Koselleck (bajo la
dirección de), Historische Semantik und Begriffsgeschichte, Klett-Cotta,
Stuttgart, 1979.
(7) Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris,
1975.
(8) Lire Chase Madar, «Le président Obama, du prix Nobel aux
drones », Le Monde diplomatique, octubre 2012.
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| http://www.monde-diplomatique.es/ |
Véase también: Para
una teoría del poder destituyente | Conferencia
pública de Giorgio Agamben celebrada en Atenas, el 16-11-2013 por invitación
del Instituto Nicos Poulantzas y la juventud de SYRIZA, publicada en esta
Página y traducida por Omar Montilla
