La inflación comenzó a trepar a principios de noviembre y ya encareció significativamente la canasta básica de alimentos. Esta escalada desmintió todos los presagios de estabilidad por incrementos previos de los precios. Los aumentos se dispararon antes y después de la devaluación. Esta vez los llamados oficiales a la “responsabilidad” de los empresarios asumieron un tono particularmente cínico. Los remarcadores ahora son ministros y los gerentes del sector privado (denominados CEOs) controlan la administración pública. El manejo del país por sus propios dueños se ha corroborado en un debut inflacionario.
La complicidad entre funcionarios y capitalistas ha diluido todas las sugerencias de retrotraer los precios a noviembre. El sistema de “precios cuidados” sólo persiste como una formalidad para disimular la carestía. Ninguna sanción a los responsables de la inflación es evaluada por un gabinete que endiosa al mercado.
El propósito de la devaluación
El objetivo del ajuste es provocar una fuerte caída de los
salarios durante el verano. De esta forma se licuarían los ingresos populares
antes de las paritarias. Para eso maquillan la evolución de los precios con
pretextos de baches estadísticos en el INDEC.
La imposición de un gran retraso salarial durante el primer
semestre anticipa las podas adicionales que intentará el futuro Pacto Social.
Ese convenio fijará metas decrecientes de inflación solventadas por los
trabajadores.
Los economistas del establishment
aplauden el curso actual, pero subrayan que la “consistencia” del plan depende
de la confiscación del salario. Estiman que esa amputación es indispensable
para superar el fracaso de la última devaluación (diciembre del 2013).
En esa oportunidad la brusca alteración de la paridad
cambiaria se trasladó a precios y salarios, neutralizando las ganancias de
exportadores y financistas. Para evitar este resultado los hombres del PRO
esperan que la inflación del 2016 (¿40%?) sobrepase ampliamente a los incrementos
de sueldos (¿28%?).
Con esa finalidad promueven mayor contracción monetaria y
recorte fiscal. Suponen que esas restricciones afectarán el nivel de actividad,
ocupación o precariedad laboral y debilitarán la resistencia de los
trabajadores.
A diferencia del 2013 la derecha maneja ahora el gobierno y
está empeñada en una batalla frontal contra los asalariados. Pero actúa al
final de un ciclo de recomposición del empleo, el ingreso y el nivel de
organización de los trabajadores. No cuenta con el escenario de colapso que en
el 2001permitió una mega-devaluación, sin transferencias a los precios y
salarios.
La primera confrontación para imponer el ajuste se dirime en
el bono de compensación que reclaman los sindicatos (5000 pesos). Macri rechazó
esa petición y sólo otorgó una irrisoria bonificación en la asignación
universal (400 pesos). Luego de entregar fortunas a los empresarios desconoce
una demanda básica de los asalariados. Afirma que únicamente homologará las
sumas negociadas por cada gremio en el sector privado, como si la inflación
exceptuara a los empleados públicos.
Mauricio pretende que cada segmento de los trabajadores se
arregle por su cuenta. Tiene tan incorporada la ideología burguesa que anuncia
sin sonrojarse beneficios generalizados para los capitalistas, mientras exige
tratativas segmentadas a los trabajadores.
La misma cosmovisión de niño rico transmitió Prat Gay en su
presentación de la devaluación como un acto liberador. Afirmó que “oxigenará la
economía”, presuponiendo que los negocios de una pequeña minoría generan
bienestar para toda la colectividad. Describió luego la eliminación de
“impuestos distorsivos” como un logro de la sociedad, estimando que cualquier
obstáculo para los capitalistas constituye una adversidad para el pueblo.
El equipo macrista despliega presentaciones tecnocráticas
del ajuste, como si estuvieran determinadas por exigencias naturales de algún
dispositivo. Por eso describe los detalles operativos de la devaluación sin
mencionar sus nefastas consecuencias sociales.
El PRO intenta trasladar al ámbito económico el marketing
despolitizado que utilizó para ganar elecciones. Con ese estilo ya no se
lamenta de la devaluación. Al contrario, la difunde como una gran noticia.
Mauricio devalúa con buena onda y alegría, mientras sus funcionarios imaginan
las sonrisas de los millonarios. Los sufrimientos de los desposeídos no figuran
en sus agendas.
Los ganadores del ajuste
El agro-negocio ha sido el principal favorecido por la
simultánea decisión de devaluar y reducir las retenciones. Ese sector
incrementa sus ganancias inmediatas en un 50-90% y se embolsa 3.700 millones de
dólares, que valdrán un 40% más en moneda nacional.
Las compañías cerealeras apostaron a este desenlace
demorando durante meses la liquidación de exportaciones. También los grandes
propietarios y contratistas agrarios incrementan sus fortunas, con precios
internos que ascienden al compás de la rentabilidad externa.
Todos fijan sus cotizaciones comparando con lo obtenido por
los exportadores. Por esta razón la carne, la harina, el pollo y las legumbres
se disparan al mismo ritmo. La soja arrastra el encarecimiento de los productos
que compiten por el uso de la misma tierra.
Ese encadenamiento torna particularmente nefasta la
reducción de las retenciones. La disminución de ese impuesto reconecta los
precios locales de los alimentos con su cotización internacional y desprotege
al consumidor argentino. Los agro-exportadores vuelven a recuperar preeminencia
y ya iniciaron su venganza por la resolución 125. La renta que el estado se
apropiaba desde el 2002 retorna al campo.
Macri intenta privilegiar al agro resucitando el imaginario
liberal de las “ventajas comparativas”. Supone que el país progresará
afianzando su perfil de exportador de productos básicos. Pretende incluso
actualizar esa inserción internacional convirtiendo al “granero del mundo” en
un “supermercado del planeta”.
Pero el subdesarrollo estructural que históricamente generó
la performance primarizada de nuestra economía se acentuará vendiendo
nutrientes más elaboradas. Ese modelo no crea empleo, desalienta la inversión
industrial, acrecienta las inundaciones y expande el deterioro ambiental.
la mira puesta en el florecimiento del agro-negocio, Macri
abre las puertas a los tratados del libre comercio con Asia, Europa y la
Alianza del Pacífico. Ensaya esa posibilidad a partir de una nueva asociación
con Brasil.
Pero el ajuste en curso también favorece a los bancos.
Obtienen grandes lucros con la intermediación de los créditos negociados para
sostener la devaluación. Ganarán fortunas si se concreta el endeudamiento por
20.000 millones de dólares para apuntalar las reservas y controlar la nueva
banda cambiaria.
Esos préstamos provienen de bancos extranjeros (Repo),
entidades chinas (yuanes convertibles) y financieras argentinas que administran
la fuga de capitales (reingreso de dólares sin encajes).
La gran hipoteca en gestación es presentada como un signo de
“confianza” en el país. Se repite el relato que siempre utilizaron los
banqueros para vaciar a la Argentina. Hasta ahora ninguno de los créditos
presenta finalidades productivas. Sólo solventan gastos corrientes y
estabilizan la cotización del dólar.
Los bancos se disponen a lucrar, además, con las altísimas
tasas de interés (38-40%) que introdujo el gobierno para contener cualquier
corrida hacia el dólar. De esta forma resurge la conocida bicicleta de ingresar
capitales golondrinas, que retomarán vuelo cuando se agote el casino.
Para recibir un fuerte respaldo inicial de la City, Prat Gay
y Stuzzeneger convalidaron también el desfalco de los seguros de cambio que
realizó la administración saliente del Banco Central (enormes pagos a una
cotización ridícula del dólar). El nuevo equipo negoció límites a la emisión de
pesos que exigía ese contrato, pero aseguró a los bancos todos los lucros de la
transacción.
Los financistas obtuvieron además un trofeo largamente
esperado: la recuperación del Banco Central. Se disponen a retomar el
directorio de esa entidad con el insólito disfraz de asegurar su
“independencia”. Su próximo negocio será el arreglo con buitres.
Esa intermediación podría incluir compras totales o
parciales de los pasivos en litigio, a cambio de comisiones adicionales o
atribuciones para gestionar nuevos créditos. Las versiones sobre un préstamo
directo del tesoro estadounidense ilustran el interés internacional por una
operación, que seguramente incluirá inspecciones del FMI.
El tercer beneficiario del plan es la burguesía industrial
exportadora. Obtuvo la reducción de las retenciones y la eliminación de
regulaciones que restringían las importaciones de insumos (DJAI). Comenzará a
recibir los dólares demorados por esas adquisiciones y negocia un bono para
zanjar las compras impagas y las utilidades no giradas al exterior.
La principal promesa para ese sector es la implementación de
una política estatal anti-obrera, que el macrismo disfraza con llamados al
“orden, la productividad y la disciplina” laboral. El nuevo gobierno de
“CEOcratas” incluye numerosos expertos en incrementar los ritmos de trabajo, organizar
despidos y perseguir activistas. Los gerentes de recursos humanos ahora
comandan las oficinas gubernamentales y el nombramiento de un ministro con
apellido Triacca es un símbolo de lo que se viene.
También las empresas contratistas de servicios públicos
recibirán su tajada. Los tarifazos se preparan con la declaración de la
emergencia energética y la emisión mensual de facturas. Esos incrementos
apuntan a recomponer la caja de las compañías. Ganaron fortunas con las
privatizaciones y preservaron sus contratos durante la última década de
subsidio estatal.
Ahora reaparecen los argumentos de la sintonía fina -que el
kirchnerismo difundió pero no instrumentó- para justificar los aumentos del gas
y la electricidad. Se afirma que los ricos malgastan energía calentando sus
piscinas y que la clase alta paga cuentas irrisorias por el aire acondicionado.
Esos abusos se corregirían con un simple recargo en el servicio. Pero el
verdadero objetivo de esas descripciones es penalizar a toda población.
Lo mismo ocurre con las tarifas vigentes en el Interior.
Como ciertamente son más elevadas habría abaratarlas, en lugar de encarecer las
cuentas de los usuarios bonaerenses.
El gerente de Shell que ahora administra la energía del país
tiene la mira puesta en asegurar precios del combustible que actualmente
duplican la cotización internacional. Con esos números los usuarios no sólo
solventan los beneficios de las compañías petroleras. También se impide
cualquier reconversión estructural a un patrón de energía eólica y solar. El
nuevo equipo ya decidió profundizar el sendero de Galluccio, que ha manejado
YPF como una empresa privada con turbios contratos secretos con Chevron.
Macri ha diseñado un plan para toda la clase capitalista.
Esa intención se verifica en la significativa ampliación del blanqueo. Los
evasores del fisco -que el kirchnerismo indultó en sucesivas oportunidades-
ahora tendrán otra posibilidad para transparentar sus negocios sin pasar por la
AFIP.
Tensiones y sostén político
Los neoliberales están de fiesta. Pero la lluvia de
beneficios que reparte el macrismo alimenta graves problemas. E l conflicto más
previsible se avizora con la recesión. El combo de inflación-devaluación y
tarifazos induce fuertes tendencias contractivas en el próximo cuatrimestre.
Si el incremento de las tasas de interés para contener el
dólar perdura, la recesión alcanzará porcentuales significativos. El
encarecimiento del crédito no sólo afecta la producción corriente. También
impacta sobre consumos más bancarizados y dependientes de las cuotas.
A pesar de la gran devaluación es improbable que las
exportaciones puedan compensar la contracción del poder adquisitivo. El
escenario externo se ha tornado muy adverso por la retracción imperante en el
principal socio (Brasil) y en el mayor cliente (China) del país. Además, el
aumento de las tasas de interés en Estados Unidos genera una fuerte competencia
por la captación de capitales sobrantes.
Por esta razón es incierta la llegada de las inversiones que
promete Macri. Un aluvión de divisas financieras debería compensar el
decreciente ingreso de dólares comerciales, que acompaña al fin del superciclo
de las materias primas. El 2015 cierra con un desplome del superávit comercial
y como la soja ya no cotiza a 600 dólares se endurecen las disputas por
preservar los mercados de otras exportaciones.
Los librecambistas del PRO podrían negociar la continuidad
de esas ventas, ofreciendo la apertura del mercado argentino a los industriales
foráneos. Macri mantiene un cuidadoso silencio frente a este tema, sabiendo
cuán vivo está el recuerdo de la invasión importadora de los 90. Ya hay algunos
tanteos para autorizar compras de bienes finales, que pueden devastar en tiempo
récord al vulnerable aparato industrial del país.
Tensiones mucho más inmediatas se avecinan en el terreno
fiscal. Mauricio asume con un déficit de 7 puntos del PBI y numerosas
provincias sin fondos propios para pagar los sueldos. Todas las medidas que
anunció incrementan el agujero de las cuentas públicas. Redujo drásticamente
las retenciones sin explicar cómo compensará ese des-financiamiento del sector
público. Sus economistas preparan tarifazos para cubrir ese bache y diseñan una
brutal cirugía de gastos sociales, sueldos y jubilaciones del sector público.
El objetivo estratégico de Macri es reiniciar un curso
neoliberal con mayor monitoreo estatal, para diluir la impronta
neo-desarrollista de la última década. Su reivindicación de Frondizi y la
presencia de un nieto de Frigerio en el gabinete sólo apuntan a resucitar el
imaginario de crecimiento. Desecha por completo cualquier prioridad de desenvolvimiento
industrial.
La viabilidad de su programa suscita incontables
especulaciones. Por el momento sólo cabe registrar la evidencia de un ajuste
solventado con endeudamiento. Necesitará un fuerte apoyo político para sostener
un esquema anti-popular, que precipitará divisiones en las clases dominantes.
Frente a esas perspectivas Macri expande alianzas políticas
y asegura su control del estado. Ocupa todos los espacios, coloca funcionarios
aptos para la contra-reforma y presiona por los descabezamientos pendientes en
sectores de la justicia y los medios de comunicación.
El nuevo presidente ya comenzó a gobernar por decreto
vulnerando sus convocatorias a la concertación republicana. Intentó designar
los auto-objetados “jueces macristas” en dos cargos vacantes de la Corte
Suprema, sabiendo que necesita tribunales afines para bloquear amparos contra
los ajustes.
También busca impunidad mediática para reducir la
visibilidad de las protestas. Intervino el AFSCA desconociendo en forma grosera
la autonomía de ese organismo. Pretende sepultar la ley de medios a cambio de
coberturas favorables por parte de Clarín y La Nación. En lugar del prometido
pluralismo de voces se apresta a hegemonizar la pantalla con relatos
oficialistas, manipulación de la información y pasatismo de contenidos.
Pero la solidez de su gobierno depende de los acuerdos que
alcance con los gobernadores, el Massismo y el Justicialismo en el Congreso.
Macri negocia las leyes del ajuste con la gran lapicera que define los cheques
y las designaciones. Mientras repite frases huecas sobre el consenso, intenta
emular el modelo mexicano de turbias coaliciones parlamentarias. Ya instrumentó
durante varios años ese tipo de contubernios en la Legislatura porteña y se
apresta a reproducirlos en la Provincia de Buenos Aires.
los principales conflictos se dirimirán en las calles,
Mauricio también prepara la criminalización de la protesta. Apaleó a los
trabajadores de Cresta Roja, ensayó un frustrado envío de gendarmes a Jujuy y
ultima los detalles de un protocolo para arremeter contra los piquetes. El
mismo presidente que reclama la liberación del organizador de las guarimbas
criminales en Venezuela hace la vista gorda frente al rebrote fascistoide de
sus allegados en Mar del Plata.
Afortunadamente Macri ya afrontó sus primeros disgustos.
Debió retroceder en el nombramiento de funcionarios derechistas (Ávila,
Manfroni) y pospuso la designación de sus candidatos a la Corte. Tuvo que
ratificar, además, la continuidad de los juicios a los genocidas, ante la contundente
reacción de los periodistas contra un editorial pro-indulto del diario La
Nación.
El PRO multiplicará las agresiones sociales antes del gran
test de la paritaria docente. Tramita especialmente la complicidad de la
burocracia sindical con ofrecimientos de continuado manejo de las obras
sociales. Con cada jerarca discute alguna prebenda específica. Moyano es su
principal interlocutor, por ejemplo, en el negocio de la basura.
La pantalla de estos contubernios es el pequeño alivio
dispuesto en los pagos del impuesto a las ganancias, que tributan los
trabajadores de mayores ingresos. Ese desahogo no alcanza a la inmensa mayoría
de los asalariados y es poco significativo para los afectados por esa carga.
Dos responsables
El atropello económico en curso se desenvuelve en medio de
un gran juego del culpable que marea a la población. Macristas y kirchneristas
se acusan mutuamente de provocar el ajuste. Por un lado, los economistas del
PRO afirman que adoptan duras medidas para subsanar la “herencia recibida”. Por
otra parte, los ex funcionarios de CFK proclaman que “la economía estaba bien”
y sólo requería algunas “correcciones graduales”. Los dos relatos son ficticios
y ocultan la aplicación de un remedio regresivo para los desequilibrios que
potenció la era K.
El carácter artificial de esa controversia es muy visible en
las interpretaciones de la inflación. Prat Gay afirma que el gobierno
precedente toleró subas de precios para ensuciarle la cancha. Los allegados de
Kiciloff responden que no podían contener incrementos precipitados por los
anuncios de devaluación. Uno dice que permitieron los aumentos por desidia y el
otro afirma que carecía de autoridad para actuar. En medio de esta discusión
los capitalistas remarcan exentos de culpa.
Lo mismo ocurre con la devaluación. Macri sostiene que “nos
dejaron economías regionales colapsadas” y los kirchneristas lo acusan de
devaluar “para abaratar salarios”. Lo cierto es que el PRO transfiere ingresos
a los acaudalados y que CFK atrasó adrede el tipo de cambio, para trasladarle
el ajuste a su sucesor.
Macri también proclama que contrae deuda para atenuar los
desbalances de un “Banco Central sin reservas”. En cambio los seguidores de CFK
denuncian la hipoteca en formación para una “economía desendeudada”. Lo cierto es
que el PRO trabaja para los financistas, frente a la descapitalización
provocada por los pagos de la deuda que hicieron sus antecesores.
En medio de estas polémicas el macrismo encarece el crédito,
afirmando que debe absorber la montaña de pesos emitida por el kirchnerismo.
Con ese argumento oculta las gravosas consecuencias recesivas de su giro
monetarista. Los K contrastan ese viraje con su promoción del consumo. Pero
maquillan la inconsistencia de esa expansión, en un contexto de fugas de
capital e inflación descontrolada.
Las contraposiciones entre macristas y kirchneristas
enturbian todos los debates sobre el ajuste. Para esclarecer el nuevo escenario
hay que impugnar tanto la arremetida neoliberal como los fracasos del
progresismo.
La crítica al nuevo gobierno no puede posponerse con
expectativas de lo que vendrá. Es ingenuo suponer que Macri “recién comienza” y
merece un tiempo de espera. Está rodeado de funcionarios de los 90 y hombres
del establishment que siempre han manejado el poder económico. La libertad de
acción que logren será proporcional al daño que sufrirá la población.
Pero las fantasías que despliegan los economistas K sobre su
gestión son igualmente insostenibles. Todos los desaciertos de esa experiencia
volverán a repetirse si se elude un balance de lo ocurrido. Resulta esencial
debatir el desemboque conservador que condujo a la convergencia con Scioli en
un programa de devaluación, aumento de tarifas y arreglo con los buitres.
El modelo de la última década acentuó los desequilibrios
estructurales del capitalismo argentino. Mantuvo una política impositiva
regresiva, afianzó la primarización sojera, agravó el extractivismo
minero-petrolero y perpetuó la estructura industrial concentrada. Otorgó,
además, grandes subvenciones a los “capitalistas amigos” (Cirigliano, Báez,
dueños de Cresta Roja) que impidieron modificar los pilares de la desigualdad
social.
Es imprescindible romper el corset de dos alternativas
capitalistas como único programa para la Argentina. Si sólo hay campanas
neoliberales y neo-desarrollistas con disputas entre ortodoxos y heterodoxos,
el país está condenado a un recambio cíclico de unos por otros. Construir una
economía productiva al servicio de las mayorías populares exige transitar por
otro camino.
Claudio Katz.
Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI.
