Leonidas Vatikiotis
El martes 20 de marzo de 2012, el parlamento griego aprobó
con 213 votos a favor y 79 en contra la incorporación del nuevo acuerdo de
préstamo [1], un documento absolutamente neocolonial, a la ley griega. Mientras
este acuerdo sea válido, Grecia se convierte en un estado paria. Cuando Grecia
suspenda pagos por segunda vez [2], los términos y las condiciones descritas
por este documento entrarán en vigor, incrementando la sumisión del país.
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Una característica de la desigual relación que crea el
acuerdo de préstamo es que nuestros acreedores podrán reclamar la devolución
del dinero, en su totalidad, en cualquier momento:
“El EFSF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) podrá, a través de una petición escrita al Estado Miembro Beneficiario, cancelar el Fondo y/o declarar que la cantidad principal agregada de toda asistencia financiera realizada o pendiente sea devuelta junto a los intereses adquiridos si: el Estado Miembro Beneficiario o el Banco de Grecia no fuese capaz de pagar cualquier cantidad o interés en relación a cualquier Asistencia Financiera o a cualquier otra cantidad debida por este acuerdo en su fecha acordada, tanto en su totalidad como en parte, en el modo y la divisa acordada en este Acuerdo”.
A la devolución del nuevo préstamo se le garantiza prioridad
absoluta. Grecia acuerda “no garantizar a ningún otro acreedor o tenedor
de su deuda soberana prioridad alguna sobre el EFSF”. Esto significa que
Grecia jamás retornará a los mercados. Pues siendo obvio para cualquier
inversor (privado) que el sector oficial tiene absoluta prioridad, jamás
prestarán su dinero a Grecia, sabiendo que serán los últimos a los que se
devolverá su dinero y los primeros en sufrir pérdidas.
La suspensión de pagos oficial de Grecia el pasado 9 de
marzo, un suceso crediticio no voluntario que supuso la activación de Cláusulas
de Acción Colectiva, provocó exactamente lo que solía ser tenido por una
amenaza cada vez que la izquierda y los movimientos han llamado a una
suspensión de pagos unilateral: que los mercados, reacios al riesgo,
abandonasen Grecia. La suspensión de pagos de Rusia en 1998 y la de Argentina
en 2002 muestran vías más rápidas para regresar a los mercados que el enfoque
de permitir a los acreedores garantizar la sostenibilidad de la deuda pública.
Puesto que: primero, el hecho de que los tenedores de bonos individuales no
sean compensados por sus pérdidas bloquea el préstamo interno (dentro de
Grecia); segundo, la prioridad del sector oficial (estados miembros de la UE,
Banco Central Europeo, FMI) bloquea el camino a los mercados. Este hecho no
tiene precedentes en un estado desarrollado y convierte a Grecia en una colonia
de la Eurozona / Cuarto Reich. Una nueva “ley de la bancarrota del estado” está
emergiendo, como herramienta del moderno capitalismo totalitario para degradar
estados soberanos a la categoría de estados de segunda clase.
También tendrá consecuencias dramáticas el hecho de que los
nuevos bonos griegos, con un valor del 46,5 % respecto a los bonos previos, no
han sido emitidos bajo la ley griega.
“Este Acuerdo y cualquier obligación no contractual que se derive de él o en conexión con él deberá ser gobernada e interpretada de acuerdo a la ley inglesa. (2) Las Partes se comprometen a presentar cualquier disputa que pudiera surgir respecto a la legalidad, validez, interpretación o puesta en práctica de este Acuerdo a la exclusiva jurisdicción de los tribunales del Gran Ducado de Luxemburgo”.Esto complicará cualquier intento del Estado griego de cambiar los términos de los bonos sin el completo consentimiento de los acreedores. Es una cláusula suicida, que impide al gobierno utilizar herramientas que incluso el gobierno de Papadimos, amigo de los acreedores, ha activado para convertir la insuficiente participación voluntaria en el canje de bonos en una participación coercitiva.
La garantía que se ofrece a los acreedores es, de hecho, un
contracto que evita los riesgos de divisas. “Todos los pagos hechos por el Estado Miembro Beneficiario deben ser
hechos en euros” significa que los bonos griegos están inoculados
contra cualquier cambio de divisa en Grecia, sea esta fruto de la lucha popular
de una decisión de Berlín. En ese caso se iniciarían importantes batallas
legales, al contrario de lo que ocurriría con los créditos de los hogares o de
los pequeños negocios, que podrían ser convertidos a la nueva moneda con una
simple decisión gubernamental para evita las consecuencias de unas deudas
sobrevaloradas.
Los negativos cambios mencionados anteriormente no borran
los derechos de un estado soberano sobre sus bonos, aunque hacen más difícil
que pueda ejercerlos. Lo que realmente conduce a Grecia a un callejón sin
salida es la cláusula que fuerza al gobierno griego a renunciar a la inmunidad
soberana, permitiendo a los acreedores confiscar activos estatales.
“El Estado Miembro Beneficiario y el Banco de Grecia, por la presente, renuncian irrevocable e incondicionalmente a toda inmunidad a la que cada uno de ellos tenga o pueda tener derecho respecto a sí mismo o a sus activos, sobre los procedimientos legales en relación a este Acuerdo, incluyendo, sin limitaciones, la inmunidad a demanda, juicio u otra orden, embargo, arresto o mandamiento judicial anterior a sentencia, y de la ejecución y aplicación contra sus activos hasta los límites no prohibidos por la ley”.
De acuerdo a este artículo, los acreedores puede confiscar
fácilmente activos públicos, si bien no dentro de Grecia, donde esta decisión
tiene que respetar la ley nacional, sí en el extranjero, allá donde haya
activos griegos. Por ejemplo, en la cámara acorazada del Banco Central
Británico o en la Fed (Reserva Federal de EEUU), donde el Banco Central Griego
guarda la mayor parte de su oro.
Notas
[1] Acuerdo de préstamo por el que se concede un crédito, a
ingresar en varios tramos, de 109.000 millones de euros procedentes de los
países de la Eurozona y 28.000 millones de euros del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Este préstamo se suma al aprobado en 2010 por valor de
110.000 millones de euros, de los que Grecia aún no ha recibido 37.000
millones. (Nota del Traductor)
[2] La reciente quita de deuda incluida en el proceso
llamado PSI (Private Sector Involvement) por la que se retiraron algo más de
100.000 millones de euros de las cuentas de deuda griega es considerada una
suspensión de pagos de facto por la mayoría de los economistas y por la ISDA
(International Swaps and Derivatives Association), que rige el pago de seguros
CDS por estas causas. (NdT)
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| Leonidas Vatikiotis |
Leonidas Vatikiotis, economista griego y profesor universitario. Coordina un grupo de economistas que trabaja por una auditoría independiente de la deuda griega. Ha sido asesor del documental Debtocracy (2011).
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Traductor: Andrés Mourenza
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