Luis Britto García
En Venezuela los
medios de comunicación crecen y se expresan sin cortapisas
 |
| Especial para La Página |
Venezuela es uno de los países con mayor libertad de
expresión en el mundo, tanto por la sostenida expansión de su sector de
comunicaciones, como por la ausencia de restricción para los contenidos que
éste difunde.
La más decisiva prueba de que el Estado venezolano no viola el derecho de
buscar, recibir y difundir información,
consta en las decisiones de la
propia Corte Interamericana de los Derechos humanos emitidas el día 28 de enero
de 2009 en los dos casos relativos a los medios planteados ante ella.
La primera sentencia, relativa al caso Radio Caracas
Televisión (RCTV), declara que: “No ha
sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y
difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de
la presente Sentencia”.
La segunda sentencia, relativa al caso GLOBOVISIÓN, declara
en forma terminante que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el
derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo
13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones
señaladas en los párrafos 366 a 369 de la presente Sentencia”.
Más adelante
aportamos testimonios, extraídos textualmente de los medios de comunicación
venezolanos, que respaldan irrefutablemente ambas sentencias y demuestran que
desde ese entonces hasta el presente reina en Venezuela la más irrestricta
libertad de expresión.
Los medios privados
venezolanos crecen sin cortapisas
Los medios privados venezolanos están en un proceso de
sostenida expansión que desmiente la idea de que el Estado les imponga frenos o
cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones periódicas; de ellas
un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente opositoras al Gobierno.
Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la información, según mediciones del
comunicólogo opositor Marcelino Bisbal: Últimas Noticias (Caracas)
y Panorama (Maracaibo). Apenas
tres (03) diarios, aparecidos en los últimos años, no son opositores: Diario Vea, Correo del Orinoco, y
Ciudad Caracas.
Para 1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales
privadas y apenas 11 de servicio público. Para 2012 estas cifras casi se
duplican: hay 499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247
comunitarias. En 1998 emitían en señal abierta 36 televisoras comerciales y 8
de servicio público; para 2012 las cifras casi llegan al doble, pues funcionan
67 comerciales, 13 de servicio público y 38 comunitarias. Advirtamos que las
emisoras comunitarias tienen alcance limitado a una parroquia o un distrito, y
que su existencia a veces es efímera.
Este sostenido crecimiento de los medios de comunicación
privados y su decisiva preponderancia tanto en número como en capacidad de
emisión sobre los de servicio público, desmiente categóricamente el
alegato según el cual el Estado venezolano ejercería una hegemonía comunicacional o aplicaría políticas que limitarían a los medios
privados.
Los medios
venezolanos están en pocas manos
Pero el crecimiento cuantitativo de los medios no significa
una democratización en su propiedad ni en la selección del contenido. En los
medios privados más importantes en Venezuela opera una extrema concentración de
la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos de una decena de
familias. Estos grupos para 1986 controlaban cerca de 94% de la cobertura
nacional de radio y televisión, y en oportunidades dominaban diarios impresos. Los dueños de televisoras
asimismo poseen las radioemisoras más importantes, y paralelamente manejan empresas disqueras,
agencias de asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas. Hasta
2006, sólo dos televisoras, Radio Caracas Televisión y Venevisión, controlaban
el 75% de la factura publicitaria televisiva, se cartelizaban para ofrecer
rebajas a los anunciantes que se abstuvieran de anunciar en otras plantas, y
cobraban sus servicios con una sola firma, Sercotel.
Ataques al Poder
Ejecutivo
En cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente
sistema de medios difunde informaciones
y sobre todo opiniones con la más absoluta libertad, no hay mejor prueba que una antología del
contenido reciente de algunas de las más importantes y difundidas publicaciones
del país. Radios y televisoras replican y amplifican los mismos contenidos.
Para verificar el imperio de la más absoluta libertad de
expresión basta dar un somero vistazo a
la prensa mas reciente. En su edición del 7 de febrero de 2012, El Nacional
muestra en primera página una cerrada concentración de titulares tendientes a
desacreditar a la administración. Así, a tres columnas antetitula “Gobierno
niega intención de sabotaje” para luego titular “El PSUV prohíbe a sus
militantes votar en primarias” y subtitular “La amenaza es vista en la MUD como
una muestra de temor”. En forma directa o indirecta, tildan así al gobierno de
saboteador que amenaza y sufre “temor”.
Abajo, el titular a dos columnas “Olvidados por el padrino” se refiere
“a las 387 familias damnificadas que viven desde hace 15 meses en los sótanos
del edificio Líder, en La Florida”, las cuales piden “al padrino del refugio,
el alcalde Jorge Rodríguez, los reciba y les mejore las condiciones que
habitan”. Las autoridades, que han habilitado refugios para más de trescientos
mil damnificados por las lluvias del año 2011, algunos en hoteles de lujo u
oficinas públicas, son tratadas así como un “padrino”, capo de mafia, que tendría
a sus protegidos “olvidados”.
Al lado,
se titula una gráfica en diapositivo “Con ingenio vencen la desidia”, para
celebrar que un ciudadano haya colocado en una calle de Petare “una instalación
que alumbra las zonas de más peligro y las mantiene resguardadas del
hampa”. Se abre así un verdadero menudeo
de titulares que perseveran en una campaña perenne para incrementar la
percepción de la inseguridad del ciudadano ante el hampa. Por ejemplo, en la
misma página: “Inseguridad: Capturaron a 3 implicados en secuestro de
embajador”. “Tres detenidos: Un muerto en tiroteo por asalto a joyería en el
Sambil”. Y “Atienden hasta 50 partos diarios: Emergencia en Hospital de Maracay
por muerte de 11 recién nacidos”. Como colofón: “Piden diálogo: Empresarios
rechazan que se vuelva al PVP”. Empresarios que rechazan a priori una medida de control de precios
piden diálogo: vale decir, debe ceder la otra parte. En
medio, en un recuadro en verde que arroja dudas sobre si se trata de un
titular noticioso o de propaganda, se afirma: “Henrique Capriles Radonski:
Nadie necesita vestir de un color para ser atendido” y “Ruta a las primarias:
Faltan 5 días”. Resumamos: en tan sólo una primera plana, a grandes titulares,
se trata al gobierno electo, bien por denotación o por connotación, de
“saboteador”, “amenaza”, culpable de “miedo”, de “desidia”,
de “padrino” que tendría a los ciudadanos “olvidados”, sería incapaz de
garantizar la seguridad y la salud pública, se mostraría refractario al diálogo y, por implicación,
para atender al ciudadano requeriría que éste debiera “vestir de un color”.
Ningún gobierno que restringiera la libertad de expresión permitiría una
primera página como la reseñada.
Ataques al Poder Electoral
¿Esta libertad de expresión se limita a las primeras planas?
Pasemos a la página 2 del mismo día y cotidiano. En ella se titula “Estrategia:
el oficialismo niega que planifique sabotear elecciones del 12-F” (Unas
elecciones internas de la oposición para seleccionar su candidato). Un subtítulo
resaltado denuncia: “Miedo político” y especula: “La amenaza del PSUV es
vista como una muestra de miedo”. En la
misma página, a dos columnas: “Peligra la democracia: Advierten que Chávez dará
autogolpe”. Al lado, también a dos
columnas: “Piden garantías para los electores”.
A la derecha de la misma página, en forma incongruente: “Informe 2011:
Reportan 94 agresiones a la libertad de prensa”. Un “Grupo Andino de Libertad
Informativa” reporta dicha cifra, sin explicar cómo pueden ocurrir tales
violaciones en un país donde circulan cotidianamente semejantes titulares e
informes, y mucho menos cómo se pueden publicar agresiones a la libertad de
prensa en un país donde supuestamente ésta no existe.
De nuevo resumimos:
el gobierno planearía “sabotear elecciones”, estaría poseído de “Miedo
político”, “dará un autogolpe”, sería
culpable de “agresiones a la libertad de prensa”. Son meras especulaciones
gravísimas e infundadas, la mayoría sobre hechos futuros e inciertos. El que sean cotidianamente publicadas sin
obstáculos ni consecuencias es la prueba irrefutable de que en Venezuela existe
la libertad de expresión más plena.
¿Se trata de una situación casual? Examinemos el mismo
periódico un mes después, el 7 de marzo de 2012. En su página 2, un titular a
seis columnas: “El Gobierno fomenta la impunidad para generar miedo”. Otro
titular, a cuatro columnas: “Discurso del Ejecutivo aviva la violencia”. Y a
dos columnas: “Califican de atentado el suceso en Cotiza”, y “Tavares denuncia
amenazas por identificar a los oficialistas”. Tenemos así presentadas como
noticias opiniones según las cuales el gobierno “fomenta la impunidad”, “aviva
la violencia”, habría promovido un “atentado” y proferiría “amenazas por
identificar a oficialistas”. Ningún gobierno que atentara contra la libertad de
expresión dejaría publicar tal concentración de acusaciones sin pruebas y sin
consecuencias.
Ataques al Poder
Legislativo y Judicial
¿Esta libertad o más bien libertinaje de expresión, que muy
pocos gobiernos democráticos tolerarían, la ejerce sólo El Nacional? La primera
plana de El Universal del 2 de febrero de 2012 es una frontal agresión a cuatro
columnas contra el Poder Legislativo: “Alertan que mayoría de la AN aprobó una
´ley sapo´”. “Sapo” es venezolanismo infamante por “delator”; la mayoría
parlamentaria, por extensión, lo sería. La quinta columna es una granizada de
titulares contra los demás poderes: “Solicitan que se garantice el suministro
de energía el día 12 F”, lo cual sugiere que habría peligro de que el Ejecutivo
la cortara durante las primarias de la oposición. “Sin registro Electoral
venezolanos en Australia, Madrid y Ciudad de Panamá” cuestiona al Poder
Electoral. “Capriles: El que en 14 años no ha bajado la delincuencia, no lo
hará en 6 años” y “Pérez: el Código Orgánico Procesal Penal no frenará el
crimen ni el lenguaje violento del Presidente”. Así se cuestiona
equitativamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, omitiendo que los estados
donde gobierna la oposición son justamente los que presentan mayor tasa
delictiva.
Ataques al sistema de
Defensa Nacional
Igual libertad para presentar opiniones o especulaciones
como noticias impera en el resto de los medios. La primera página del diario
Últimas Noticias del 15 de marzo de 2012
proclama que “Hay 500 ´boliches´ armados”, que “Guerrilla criolla compró
600 granadas al Cartel de La Guajira” y que “Tienen escuela de combatientes, 11
casas-bases, imprenta y radio”. Los
llamados ´boliches´ serían una supuesta guerrilla bolivariana, sobre la
cual en la página 16 se afirma sin pruebas que “Boliches funcionan como la
guerrilla colombiana ELN”, en prosecución del intento de vincular en alguna
forma supuestos grupos que operarían en Venezuela con insurgentes foráneos. En
todo el texto no se mencionan fuentes ni evidencias: lo único que prueba es,
una vez más, la ilimitada libertad de expresión en Venezuela. En El Nacional de
7-2-2012, un titular de la página 2 prosigue la perpetua campaña para inculpar
al gobierno electo venezolano como aliado de organizaciones guerrilleras:
“FARC: Uribe advirtió presencia de Timochenko”. El cuerpo de esta noticia
señala que “El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró en noviembre
de 2011 que el ahora jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (alias
Timochenko) y alias ´Iván Márquez´ estaban en territorio venezolano”. La
información es extemporánea por cuatro meses, pero alegatos de tal género son
útiles como coartada intemporal para invadir países, como ocurrió con la
agresión de Colombia contra Ecuador.
Así como los medios critican encarnizadamente la supuesta
debilidad de un sistema de Defensa que permitiría la presencia de insurgentes,
igualmente atacan los esfuerzos por
fortalecerlo. El diario capitalino El Mundo titula el 20 de marzo de 2012,
desplegado en toda la primera página “Venezuela le gana a sus vecinos en compra
de armas”, refiriendo a una adquisición excepcional de pertrechos en 2011. El
cotidiano, por supuesto, no balancea la noticia informando sobre el contexto. Venezuela mantiene un ejército de poco más de ochenta
mil efectivos, al cual según el World Economic Outlook dedica en 2005 unos
1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la
Educación. La vecina Colombia en 2007
mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y
gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares
anuales, según los investigadores Juan
Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro
Angarita: “Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008
www.geocities.com/vozxcol/voz.pdf).
Informaciones
dirigidas a difundir pánico
Práctica usual de los medios venezolanos privados es la de
difundir contenidos tendientes a crear pánico en la ciudadanía. Ya aludimos al
graneo de titulares destinados a incrementar la sensación de inseguridad. Esta
campaña no se limita a reseñar actos del hampa. A principios de febrero ocurre
un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en el estado Monagas, del Oriente
del país. Para proteger a los ciudadanos, las autoridades cierran la planta de
tratamiento de agua del Bajo Guarapiche y la mantienen más de cuarenta días así
(Últimas Noticias, 15-3-2012, p.2).
Es la oportunidad para que la oposición convierta
mediáticamente un accidente local en un pánico nacional. El 14 de marzo el
gobernador opositor de Carabobo, Enrique Salas, declara a Globovisión
que las autoridades distribuyen por el sistema de acueductos “agua
podrida”, que someten a tratamiento agua “salubre” (sic) y pide declarar
emergencia sanitaria en el centro del país porque ésta causaría “el crecimiento
del autismo”. Este inaudito descubrimiento clínico, que bien podría reportar el
Premio Nobel para el funcionario, es la señal para otra persistente campaña
destinada a convencer a la ciudadanía de que el líquido vital causa la muerte,
sobre la cual citaremos apenas algunos ejemplos. Al día siguiente El Carabobeño
titula “Hiperkinesis y alzheimer por mala calidad del agua e Aragua y
Carabobo”. El 15 de marzo el cotidiano Tal Cual agrava la campaña con el tinte
racista en caricatura según la cual “Basta de supremacía blanca: ahora tenemos
aguas afrodescendientes”. El 15 de marzo Últimas Noticias titula a cuatro
columnas la página 2: “Alertan sobre
contaminación de embalses que surten a Caracas”, y el 19 de ese mes, en la
misma página: “En tela de juicio calidad del agua en Venezuela”. A la velocidad
de las rotativas una campaña sobre un suministro de agua local en Orienta,
vincula en el Centro en forma fantasiosa agua “salubre” y autismo y Alzheimer,
y se potencia hasta abarcar la capital y luego la totalidad del país.
Se comprenden los efectos que puede tener la divulgación de
falsas noticias. En 1938 Orson Welles desató un pánico en Estados Unidos al
difundir una versión radiofónica de La guerra de los mundos, de H.G. Wells. La
policía no lo dejó concluir el programa. A fines de los años 60 los hippies
desataron otro pánico amenazando verter LSD en el acueducto de Nueva York. El
Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de control del
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 21 de marzo debió
“INSTAR a los distintos medios de comunicación nacionales y regionales, tanto
impresos como noticieros digitales, radio y televisión, actuar con extrema
responsabilidad al momento de difundir cualquier tipo de información
relacionada con la presunta contaminación de los cuerpos de agua cruda y
potable, destinada al uso del consumo humano, que no haya sido debidamente
avalados por un “ORGANISMO TÉCNICO COMPETENTE PARA ELLO”. Y añade que “esta
exacción no puede entenderse como un mecanismo limitante de la libertad de
expresión e información, si no por el contrario, reafirmar tales derechos al
procurar que las informaciones tengan un aval científico que las revista de
absoluta veracidad, tal como lo prevee el contenido del artículo 58 del Texto
Constitucional según el cual ‘toda persona tiene derecho a la información
oportuna y veraz e imparcial´, so pena de incurrir en tipos penales, descritos
por el legislador como hechos punibles que de alguna forma conlleven a crear
pánico y zozobra en la ciudadanía”.
Entiéndase bien: la decisión sólo alerta contra la invención
de noticias sobre el agua no avaladas por organismos técnicos competentes, y
exhorta a cumplir normas constitucionales y penales. A este respecto, nuestro
Código Penal dispone:
ART 296.A. —Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años.
Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte.
Este artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos informáticos, telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.
Una vez más resumimos: ningún gobierno que coartara la
libertad de expresión permitiría la divulgación de noticias o más bien de
opiniones como las citadas, encaminadas a causar pánico en la comunidad. Los
medios de comunicación en Venezuela gozan de la más amplia libertad de
expresión, y en la actualidad siguen la misma línea que desde principios de siglo:
critican abierta y la mayoría de las veces infundadamente a todos los poderes del Estado, sin ser
constreñidos ni sufrir consecuencias por ello.
Los medios en
Venezuela funcionan como actores políticos
Para mejor valorar en su justa perspectiva esta situación de
plena libertad de expresión, es oportuno señalar que por su parte los medios
llevan adelante en forma persistente prácticas de violación de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, de sus leyes y de la ética del gremio
periodístico.
Para probar estas prácticas, que son del dominio público, y
cuya exposición rebasaría de los límites de esta audiencia, recurrimos a
testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios y sus
comunicadores, recogidos en forma textual en el libro Dictadura mediática en Venezuela:
Investigación de unos medios por encima de toda sospecha (Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la Información, Caracas, 2008), que acompañamos
como Anexo al presente alegato y del cual consignamos un ejemplar a cada uno de
los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
En el documento citado consta, en afirmaciones de los
propios periodistas y propietarios, que en Venezuela los medios privados no
actúan como comunicadores, sino como actores políticos, promueven en forma
consistente la antipolítica e intentan suplantar a los partidos (pp.308-314).
Que incitan de manera pertinaz a la discriminación étnica y racial, la guerra
civil, el magnicidio y la deposición
violenta del gobierno legítimo (pp. 309).
Los medios fueron
cómplices y ejecutores de un golpe de Estado
Consta asimismo en testimonios citados textualmente en dicho
libro que para el año 2002, a excepción de dos diarios con cierto grado de
equilibrio, los medios predicaron abiertamente el derrocamiento del gobierno
legítimo, mintieron que éste habría disparado contra una manifestación,
mintieron que el Presidente había renunciado, colaboraron con su tecnología
superior en el corte de comunicaciones que lo derrocó, pactaron con la
dictadura la entrega de los órganos de control de las telecomunicaciones, llamaron
a la delación contra los partidarios del gobierno democrático, difundieron
entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un apagón comunicacional los
movimientos populares que en definitiva restablecieron el gobierno legítimo
(Op. Cit. pp. 45 -103).
Ni el presidente electo ni sus funcionarios aplicaron
ninguna sanción: Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta marzo de 2003 los medios
privados en Venezuela se encadenaron 24 horas diarias en una saturativa cadena
de llamamientos a derrocar el gobierno legítimo, de apoyo a un cierre patronal
de empresas, al sabotaje de la industria petrolera y a la desobediencia
tributaria. La falta de apoyo popular a esta agresión comunicacional de una
duración nunca vista en el mundo determinó su fracaso, sin que de nuevo las
autoridades ejecutaran sanción alguna
(Op.cit. pp 140-155).
Los medios
venezolanos no se consideran obligados a ser veraces ni imparciales
Para sustentar tales políticas los medios han dejado de lado
la veracidad, objetividad, imparcialidad y equilibrio que debe caracterizarlos.
Para justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene en la audiencia de 27 de
marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que
“nadie sabe lo que es la verdad”. Es la pregunta de Pilatos, y cada vez que la
hace un agente del Imperio, sale crucificado un inocente. Si verdaderamente
tuviera dudas, el doctor Nikken no debería acudir ante una Corte Interamericana
para que legitime como verdad judicial una verdad que él mismo dice ignorar, y
los medios opositores venezolanos a los cuales representa deberían abstenerse
de presentar como verdades la granizada de mentiras que constantemente esgrimen
contra el gobierno democrático de Venezuela.
Lo cierto es que de
acuerdo con el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y
responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la
información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los
principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando
se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. Por
tanto, nadie puede en Venezuela emitir información inoportuna, falsa y
parcializada, ni pretender que como desconoce la verdad, está libre de los
deberes y responsabilidades que indique la ley.
Para evidenciar que gran parte de los medios en Venezuela no
se consideran obligados a proporcionar información veraz, imparcial y oportuna,
citamos opiniones textuales de comunicadores
de la propia oposición y de observadores foráneos. El reportero Roberto
Giusti declara: “Me pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que
quieren en el fondo es silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega incondicional
o la renuncia” (Laura Weffer: “Roberto Giusti: es necesario ir más allá de la
objetividad”, El Nacional, 26-6-03,
A-5). El opositor Manuel Isidro Molina apunta que “los medios deben volver a
ser espacios plurales y éticos, sin manipulaciones, censura ni tergiversaciones
politiqueras. Y deben salir del dispositivo neoliberal que los viene animando”.
(“La rectificación mediática tiene que ser valiente, sincera y honesta”, La
Razón, 3-11-02, A-5).
Patrick Butler, para 2003 vicepresidente del Centro
Internacional de Periodistas, sostiene que
“no está haciendo un periodismo independiente sino partidario, que no
trata de informar al público sino de convencer al público para cambiar un
gobierno.” (Marianela Palacios: “Universidades abogan por un periodismo ético”,
El Nacional 26-6-03, A-5). El británico Phillip Gunson, para 2003 presidente de
la Asociación de Periodistas Extranjeros, declara que: “El periodismo
venezolano está tan polarizado como cualquier otro aspecto de la vida nacional.
Muchos periodistas, editores y dueños de medios parecen pensar que esto es no
sólo inevitable, sino hasta deseable, que la llamada imparcialidad es una meta
inalcanzable y hasta absurda en medio de esta
coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por la borda porque
así lo exigen las circunstancias”. (Marianela Palacios: “Periodismo en tiempos
de crisis”, El Nacional, 27-6-03, A-8).
Y según apunta el analista del Consejo
para Asuntos Hemisféricos Larry Byrns: “Los medios venezolanos no reportan
sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no sólo en la página
editorial, sino en todas y cada una de las columnas de sus periódicos, en
escandalosa contradicción con todo sentido y responsabilidad profesional”
(Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).
Los propietarios de
los medios vetan, censuran y explotan a los comunicadores
Estas políticas, ordenadas por los dueños de los medios, no
necesariamente cuentan con la aprobación de los comunicadores ni les garantizan
un trabajo digno y estable. En remitido que el diario El Nacional se negó a
publicar, el sindicato de ese diario exige: “Basta ya de manipular a los
trabajadores de los medios de comunicación para exponernos como responsables de
las líneas informativas de los mismos, los dueños de los medios deben aceptar
que son un poder y que por consiguiente tienen una responsabilidad social no
sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad venezolana (…)” (9-6-2002.
www.antiescualidos.com.).
Sorprende por ello que organismos gremiales como el Colegio
Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en
lugar de democratizar su funcionamiento y defender a sus agremiados contra los
patronos, hagan causa común con éstos a la hora de cursar falsas acusaciones
contra Venezuela. El Colegio pasó diez años sin elegir nuevas autoridades; ni
él ni el SNTP movieron un dedo contra los masivos despidos de cerca de medio
millar de comunicadores que siguieron al fracaso del paro patronal de 2002 y
2003, y que desde entonces no han cesado. Tampoco adoptaro una sola medida contra la crónica
inestabilidad laboral y la falta de seguridad social que aqueja a sus afiliados
gracias a las prácticas de tercerización, ni contra la permanente censura y el
veto que se ejerce sobre los profesionales que disienten de los propietarios.
Sobre estas materias rige el criterio que la “Defensora del lector” Alba
Sánchez consigna en El Nacional del 8-10-2002 legitimando el veto contra
colaboradores expulsados del diario: “No basta con ser buenos con la escritura
o desarrollar ideas brillantes (lo cual también importa), sino que sus textos
tienen que gustarle además de a los lectores, a los directivos del periódico, a
sus comités editoriales, a sus directores o a sus dueños (…). Obviamente los
‘ungidos’ dejan de serlo cuando los antes mencionados lo deciden”.
Visto lo cual, todavía más sorprende que la presidenta del
CNP, en lugar de atender a precaria
situación laboral de sus agremiados, alegue ante la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos que los comunicadores venezolanos son
inducidos a la “autocensura” mediante “dispositivos de temor”. Si hay
“autocensura” en medios que no se consideran obligados a ser veraces, es
impuesta por “los directivos del periódico, sus comités editoriales, sus
directores o sus dueños”, según confiesa Alba Sánchez. Ni un solo comunicador
venezolano ha dejado de sentir estos mecanismos patronales, sobre los cuales
CNP y SNTP guardan el más cómplice silencio, quizá por no dejar de ser
“ungidos” a su vez por los propietarios.
Los medios son la
principal fuente de las denuncias ante la CIDH
Como otra prueba de la libertad de expresión integral de que
se disfruta en Venezuela, señalamos el hecho de que la mayoría de las denuncias
interpuestas por Organizaciones no Gubernamentales ante la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos,
y que ésta por lo regular cursa sin mayor verificación como acusaciones
ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se fundan única y
exclusivamente en notas de prensa, que a menudo no aportan precisiones sobre
personas, lugar, fecha ni hechos.
En repetidas oportunidades hemos criticado esta conducta, ya
que viola los principios de la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos, la cual en su artículo 46 pauta que “Para que una petición o
comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la
Comisión, se requerirá (…) d. que en el caso del artículo 44 la petición
contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de
la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la
petición”.
Y en repetidas ocasiones también hemos exigido a la Comisión
que se ajuste a su jurisprudencia, que ella misma cita en sus informes, según
la cual los funcionarios públicos (de organismos nacionales o internacionales)
“están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma
razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que
fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la
empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la
que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada
de los hechos”.
Pero si la Comisión
funda sus decisiones esencialmente en alegatos basados en notas de
prensa de los medios venezolanos, los cuales explícitamente rechazan el deber
de veracidad y de objetividad (y que son una fuente que ningún órgano
jurisdiccional digno de tal condición acepta por si sola como prueba), confiesa
con ello que en su propio juicio dichos medios informan y opinan sin cortapisas
ni limitaciones sobre lo que sucede en Venezuela, y confirma con tal práctica
que en nuestro país existe la más plena y total
libertad de expresión.
Cerramos estas consideraciones con un llamamiento para que
la Comisión Interamericana revise sus inveteradas prácticas de aceptar y dar
curso irreflexivamente a todo tipo de denuncias sobre violación de Derechos
Humanos en casos en los cuales no se ha agotado la jurisdicción interna, en los
cuales no se precisan nombres, lugares, fechas ni pruebas, en los cuales meramente
se efectúan especulaciones sobre posibles hechos futuros e inciertos, y sobre
todo, basados única y exclusivamente en notas de prensa de medios que según sus propias declaraciones no se
consideran obligados a respetar la objetividad, la veracidad ni la
imparcialidad, y que no representan más
que la opinión interesada y parcial de reducidos grupos de propietarios.
Sobre el particular, la Comisión debe tener muy en cuenta
las críticas formuladas por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México
y Perú que constan en el Informe del
Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión
Interamericana, de 13 de diciembre de 2011. No sólo se trata de un nutrido
grupo de países que formulan críticas al desempeño de esta Comisión: en
conjunto, representan cerca de la mitad del territorio y de la población de
América Latina y el Caribe. Los pueblos de estos países, así como los gobiernos
democráticos legitimados por el voto de ellos, merecen la consideración y el
respeto que tales prácticas vulneran de manera continua: también son titulares
de Derechos Humanos, y no se debe los debe considerar incapaces de defenderlos
cuando quienes los vulneran son empresas o empresarios.
Por estas muestras de los medios que hemos citado la
veracidad y la imparcialidad no se divisan, pero sí se divisa que la libertad
de expresión en Venezuela es quizá la más plena del mundo.
