Luis Britto García
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| Especial para La Página |
El problema de la ecología
no es sólo ecológico. Si algo nos enseña la Teoría General de los
Sistemas, es que todos los elementos de un sistema interactúan entre sí. La
ecología no es un mero problema de gases, fluidos y especies: es un problema de
la acción coercitiva de los cuerpos políticos sobre el medio humano que a su
vez opera sobre el medio ambiente. No hay mejora ecológica sin mejora política.
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| Luis Britto García |
La acción humana sobre la Ecología parece regida hasta el
presente por una lógica matemática que es a la vez paradigma cultural, el de la
Teoría de los Juegos. Una variante de ésta se ocupa de los llamados Juegos Suma
Cero, en los cuales la ganancia de una
parte se hace a costa de la pérdida de las otras, sistematizados por
Oskar Morgenstein y John von Neuman en 1944 en su libro The Theory of Games and
Economic Behavior (Heims, Steve J.: J. von Neuman y N. Wiener (1 y 2); Salvat
Editores, Barcelona 1986). En el modelo matemático del capitalismo, una de las
tres fuerzas productivas, el Capital, se alimenta de la explotación y el
desgaste de las restantes: la Naturaleza y el Trabajo, y desplaza hacia éstas
todas las consecuencias nefastas del proceso productivo. El capital de las
grandes potencias logra tales objetivos en estrecha complicidad con el Estado,
al tiempo que pretende que los Estados de los países periféricos se abstengan
de toda intervención económica.
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Así, el gran capital, mientras se coliga con el poder
público del Estado, intenta desplazar la gestión de las restantes fuerzas de
producción hacia la esfera de lo
privado. Por ello pretende que la
defensa del Trabajo esté esencialmente en manos de asociaciones privadas, como
los sindicatos; y postula que la gestión
de la Naturaleza debe depender también esencialmente de entes privados: las grandes
empresas transnacionales, las minorías étnicas, y las Organizaciones No
Gubernamentales Ecológicas, con gran frecuencia financiadas por las primeras.
La llamada Green Economy, a pesar de algunas de sus postulaciones sensatas,
predica que la naturaleza debe ser sometida al juego de un mercado que a su vez
está dominado por el gran Capital. Como bien denuncia el “Grupo de articulación
internacional de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental” en su manifiesto de 12 de mayo de 2012 en Río
de Janeiro: “El fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende
someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al
dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza
y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los
mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de
servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+
(Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de
bosques)”.
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Examinemos el comportamiento de esta alianza entre Capital y
Estado en el primer actor ecológico del mundo. Estados Unidos cuenta no más del
4% de la población mundial, devora 25%
de la energía fósil del planeta y es el mayor emisor de gases contaminantes. El
Project New American Century postula que
dicho país debe aprovechar sus ventajas acumuladas para continuar siendo la
potencia hegemónica del siglo XXI, para lo cual debe seguir un plan de
incremento de su poderío militar a fin de no comprometer el nivel de vida de su población (http://www.
Newamericancentury). La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos
postula el uso sistemático de la fuerza incluso en ataques “preventivos”, con o
sin el apoyo de la comunidad internacional (Bush, George: “The National
Security Strategy of the United States of America”, Washington, 17-9- 2002,
www.whitehouse.gov/nsc//.html). No por casualidad la potencia norteña gasta por
sí sola en armamentos más que el conjunto de los otros países. Paralelamente,
el Plan de Guerra de Bill Clinton proponía con respecto a América Latina una
reconquista política, militar y económica mediante el ALCA, especie de Tratado
de Libre Comercio continental que pretendía prohibir medidas proteccionistas
del ambiente, y la apropiación de la Amazonia (Dieterich, Heinz: La integración
militar del Bloque de Poder Latinoamericano, Instituto Municipal de
Publicaciones, Caracas 2004, 49). En orden ejecutiva de 16 de marzo de 2012, el
presidente Barack Obama declara materias atinentes a la seguridad nacional lo
relativo a la energía, los recursos hídricos,
los alimentos, la producción agrícola, el trabajo y todo tipo de
tecnologías y suministros, incluidos materiales de construcción; y se atribuye
competencias y facultades para mantener la provisión adecuada de ellos para los
requerimientos de la Defensa Nacional (www.whitehouse.gov/nsc//.html). La mayor
potencia militar del mundo pretende
asegurarse la ilimitada disposición de la Naturaleza del planeta mediante el
poder estatal y la agresión ilimitada.
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A partir de estas premisas, se entiende que conductas como
la negativa conjunta de Estados Unidos y
Canadá a suscribir el protocolo de Kyoto no son decisiones ecológicas, sino
políticas. A ambos Estados les importa un comino que el mundo se ahogue en
gases de invernadero, mientras sus ciudadanos puedan disfrutar de una sociedad
de consumo fundada en el derroche de combustible en automóviles individuales.
Igual política anima a las demás potencias que suscriben el Protocolo, pero
limitan la reducción de sus emisiones mediante “acuerdos de flexibilización”.
Si los principales contaminadores del mundo se niegan a reducir sus emisiones,
¿quién deberá hacerlo? Se impone tal obligación a los países emergentes, a fin
de que sus economías no puedan competir con las hegemónicas.
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Para desplazar la responsabilidad por la pureza de la
atmósfera a los países que menos la contaminan,
los 190 países reunidos a fin de 2008 en la conferencia sobre el clima
en Poznan prometen la creación de un
“cofre dorado” de créditos de carbono, para que comunidades rurales pobres
reciban subsidios como guardianas de tierras y bosques. En dicha conferencia se
acordó asimismo un esquema de pagos por
la preservación de bosques, llamado Iniciativa de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación (REDD, en inglés). Según él, los países más ricos
se comprometerían a compensar la contaminación ambiental que generan, pagando
por mantener y reforestar selvas tropicales. En dicho fondo se incluyen catorce naciones, cinco de ellas de
América Latina: Bolivia, Costa Rica, Guyana, México y Panamá (Kaldrmakis, de
Posmas, Sofía: “Mercadeando el carbono”, Panorama de las Américas, Panamá,
febrero 2009, 130). Dichos aportes,
obviamente, no se entregan sin condiciones: éstas pueden comprender
restricciones para el uso por cada país de sus bosques tropicales, o derechos
sobre la biodiversidad, los cauces
hídricos y otros bienes naturales. Además, harían depender la preservación de
los bosques de la eventual fijación de un “precio internacional por las
emisiones de carbono”, todavía no acordado, sujeto a fluctuaciones mercantiles
y a complejas mediciones. Obsérvese por otra parte que los créditos
aparentemente serían otorgados a “comunidades rurales pobres” y no a los
Estados que representan la totalidad del país: la responsabilidad por la
preservación de los recursos naturales se desplazaría así, no a los Estados del
Tercer Mundo, sino a grupos sociales específicos dentro de ellos. Sería preferible que los países que poseen
bosques tropicales gerenciaran por sí mismos sus propias políticas de
conservación. La protección de los bosques como compensación por las emisiones
de gases de efecto invernadero es, por otra parte, una cuestión compleja, que
involucra infinidad de aspectos biológicos, sociales, económicos, políticos y
culturales, y que no debería depender de un mero sistema de mercado
(www.carbonfinance.org). El presidente
de Ecuador Rafael Correa rechazó en 2010 un acuerdo de tal naturaleza, por
considerar que sus cláusulas eran deprimentes y contrarias a la soberanía de su
país.
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El agua es vida: privatizarla es privatizar la existencia.
El Capital avanza una campaña mundial por la apropiación de las aguas y de los
servicios de acueductos. Algunas organizaciones no gubernamentales han librado
gloriosas batallas por preservar el derecho humano al vital líquido, tales como
la Guerra del Agua de Cochabamba. Pero quienes en definitiva han recuperado el
control de aguas y acueductos en Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y otros
países han sido los Estados, al prohibir la privatización de las fuentes de
dicho líquido y renacionalizar acueductos.
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El capital se concentra en un número cada vez menor de
manos: los alimentos también. Una docena de transnacionales y 36 filiales
interconectadas dominan su producción y
mercadeo mundial. Integran el cartel Anglo-Holandés-Suizo: doce de ellas
están asociadas al cartel de Windsor, de la casa reinante inglesa; las demás en
su mayoría están vinculadas a otras cinco casas reales. Apenas dos, Continental
y Cargill, controlan más de la mitad de la producción de granos global. Este
colosal oligopolio domina el 95% de la
producción alimenticia de Estados
Unidos, Europa, los países del Commonwealth y Latinoamérica, especialmente
Argentina y Brasil, y de sus cosechas dependen cinco mil millones de personas.
En el resto del mundo ha deprimido la
producción de alimentos incoando la eliminación de políticas proteccionistas y
subsidios, la suspensión de
financiamientos y grandes
proyectos agrícolas, el dumping y el dominio sobre semillas y fertilizantes (Jerónimo Guerra:
“La escasez y el desabastecimiento como armas de destrucción masiva”; Rebelión,
24-02-2008). Este sistema presupone el
monocultivo, que a su vez impone el latifundio, la expulsión masiva de campesinos
y la producción de alimentos para la exportación y la especulación, y no para
satisfacer las necesidades de la población del país donde se produce. También
trae consigo el cultivo de especies genéticamente alteradas y estériles, y a
veces desvía los vegetales del consumo humano para destinarlos a la producción
de biocombustibles y de alimentos para el ganado. Este modelo elimina la
diversidad biológica, destruye la base social y en fin agota la tierra. Lo han
hecho posible las enormes presiones políticas y financieras sobre los Estados débiles
que no aplican su soberanía para la eliminación del latifundio ni para la
protección de la agricultura local y de sus ciudadanos. Movimientos como el de
los Sin Tierra de Brasil avanzan luchas cotidianas contra estos procesos; pero
sin apoyo del Estado difícilmente lograrán la victoria. Sin medidas políticas
de restricción del poderío de las transnacionales y de protección de las
agriculturas locales y de los campesinos no habrá cambios en esta situación.
Sin mejora en la política de la propiedad de la tierra no hay mejoría en el
problema del hambre.
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Los ejemplos podrían multiplicarse al infinito. En general,
los poderes económicos y políticos de los países hegemónicos propulsan un
modelo de gestión que exige: 1) Privatización de la naturaleza 2) Privatización
de los recursos, incluidos los del subsuelo 3) Transferencia del poder de decisión de los Estados
periféricos sobre sus recursos hacia
transnacionales, organizaciones
no gubernamentales o minorías étnicas 4) Apropiación monopólica de la tierra
cultivable 5) Control sobre la reproducción de la vida a través de semillas y organismos genéticamente
modificados, clonación y el registro de
patentes sobre seres vivientes 6) Freno del desarrollo en los países emergentes
y periféricos, en aras del ilimitado consumo de recursos por los países
hegemónicos 7) Desplazamiento o tercerización de los efectos nocivos de la
contaminación de los países hegemónicos hacia las periferias. 8) Derecho al uso
ilimitado de la fuerza por los imperios para defender sus pretensiones sobre la
Naturaleza 9) Maquillaje de todas estas
acciones como políticas de defensa de las víctimas y del planeta. Nunca fue más
repulsivo el retrato de Dorian Grey que cuando añadió la hipocresía a sus demás
perversiones. Ninguna de estas fatales iniciativas puede ser revertida sin
acciones políticas. No habrá revolución ecológica sin Revolución.
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Según señalamos, la lógica de estas operaciones destructivas
corresponde a la estrategia de los llamados juegos Suma Cero, en los cuales la ganancia
de uno equivale a la pérdida de otro. Su lógica ha permeado toda la cultura,
desde la simplificación del evolucionismo al darwinismo social y a la idolatría
del libre mercado como supuesta sede de la libre competencia, y a la prédica
postmoderna de la muerte de la Ética, de la Política y de la Historia. La
conciencia de la finitud del mundo debe llevarnos a aplicar los juegos
cooperativos, examinados por John Forbes Nash en 1951 en su artículo
Non-Cooperative Games (The Annals of
Mathematics 54(2):286-295). Si la
perpetuación de un juego suma cero lleva al estancamiento o la destrucción mutua, los competidores pueden
mejorar su estrategia haciéndolo cooperativo. De hecho, la Sociobiología
demuestra que la vida, lejos de ser sólo un juego suma cero de competencia y
mutua destrucción, es también un conjunto de juegos cooperativos, que rigen la
agregación de células en los seres complejos, la reproducción y el apoyo mutuo
en los animales sociales (Wilson, Edward O.: Sociobiology, the new synthesis; The
Belknap Press of Harvard University Press, Harvard, 1976). De los juegos cooperativos nacen las
sociedades humanas y la civilización. Pero un paradigma cultural no se impone
por el mero hecho de ser expuesto. Para implantarlo se requiere una acción social
que impulse una decisión política. Las fuerzas de la vida, que componen la
Naturaleza y el Trabajo, deben imponerse a la abstracción muerta y la lógica
mortífera del Capital. Sin Revolución en la vida no se detendrá la muerte.
