Alfredo Portillo |
| Especial para La Página |
Hace algunas semanas, con motivo del recorrido que hiciera
el candidato Henrique Capriles Radonsky
por algunos municipios merideños y trujillanos donde la actividad
agrícola es muy importante, a varios productores agrícolas de la zona se les
consultó sobre lo que esperaban y
querían del aspirante a la presidencia que los visitaba en ese momento. Alarmantemente, la mayoría de
los consultados pidió con mucha
vehemencia ---como se pudo apreciar por televisión--- que le suministraran
venenos para poder producir rubros como papa, zanahoria y ajo. “¡Queremos
venenos! ¡Necesitamos venenos!”, clamaron los campesinos de los municipios
Pueblo Llano y Miranda, del estado Mérida, y del municipio Urdaneta, del estado
Trujillo.
Estos deseos y expresiones son alarmantes porque, como se ha
revelado a través de investigaciones que se han realizado en esos y otros
municipios de Los Andes y de otras regiones del país, el uso inadecuado y
excesivo de agrotóxicos (herbicidas, insecticidas y fungicidas) se ha
convertido en un verdadero problema de la realidad agrícola venezolana, con las
secuelas que eso está trayendo tanto para la salud de los trabajadores del
campo y sus familiares, como para el ambiente (suelo, vegetación, agua y aire)
y para la calidad de los alimentos agrícolas que los venezolanos estamos
consumiendo en la actualidad.
En vista de tal situación, resulta lógico pensar que durante
los próximos años, el gobierno nacional debe diseñar e implementar una política
agrícola que tenga como eje central la progresiva disminución del uso de los
agrotóxicos por parte de los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas venezolanos, a fin de
garantizar una verdadera soberanía y seguridad agroalimentaria. Por supuesto
que eso debe ser progresivo, por lo que se deben establecer objetivos, metas e
indicadores bien claros y precisos, tanto en el tiempo como en el espacio. Sólo
así será posible hacerle un seguimiento y monitoreo a los avances que en esta
materia se¿ vayan teniendo, para luego,
cada 3 de diciembre (Día Mundial del No Uso de Plaguicidas), se le informe al
país sobre dichos avances.
