Miguel
Manzanera |
| Especial para La Página |
Falta
menos de un mes para celebrar el 82 aniversario de la proclamación de la II
República. Este año esa fecha debe
revestir importancia especial para la ciudadanía peninsular, ante la profunda
crisis social, económica y política que atraviesa el reino de España. Estamos en un momento histórico de gran
importancia, cuando las instituciones políticas vigentes están completamente
desprestigiadas ante la opinión pública, y gravísimos problemas económicos
afectan a millones de personas en todo el Estado español. El paro aumenta cada día que pasa, y sube constantemente
el número de desempleados que no tienen forma de ganarse la vida; por primera
vez desde hace décadas, millones de ciudadanos corren riesgo de carecer de los
bienes
imprescindibles para la vida. Pero además el retroceso en los derechos básicos de ciudadanía alcanza a la gran mayoría social del país.
imprescindibles para la vida. Pero además el retroceso en los derechos básicos de ciudadanía alcanza a la gran mayoría social del país.
Las
movilizaciones ciudadanas se suceden desde hace años, sin que hasta el momento
se haya obtenido una respuesta satisfactoria a los problemas sociales por parte
de las instituciones políticas. Las
protestas por la situación se intensifican y se vuelven masivas sin tener
consecuencias en las decisiones de los gobernantes. Pero cada situación irresuelta por los
políticos oportunistas y cada injusticia perpetrada por las estructuras
sociales, deslegitimiza el orden social existente. Los desahucios provocados por una ley de la
vivienda de 1909, las privatizaciones de la sanidad y la educación, la
expropiación de bienes públicos por políticos corruptos, la arbitrariedad de
los poderosos a la hora de negociar con los derechos fundamentales, etc. están
socavando gravemente las normas básicas de convivencia y la legitimidad del
actual orden constitucional.
La
opinión pública echa la culpa de los problemas a los malos gestores del
Estado. Según indica el barómetro del
CIS de febrero, cada día que pasa los españoles tienen una opinión peor de la
situación política de nuestro país. El
56.7% opina que la situación política es muy mala; el 29% que es mala; sólo un
10,1% opina que es regular y un 1,2% que es buena. Esa apreciación de la situación no hace sino
profundizar en una tendencia persistente desde hace un lustro. Nunca se había
alcanzado tales grados de insatisfacción popular, desde que existen este tipo
de mediciones.[1] La situación es muy grave desde el punto de
vista económico, y la ciudadanía percibe que el sistema político es ineficaz
para tomar las decisiones adecuadas.
Si
observamos lo que está sucediendo en Grecia, hay motivos para una honda
preocupación acerca del futuro que nos espera.
Cada actuación de este gobierno nos acerca un paso más hacia el abismo. Es, por tanto, hora de que los hombres y las
mujeres de este país tomen su destino en sus manos. No se trata ya de pedir un cambio de gobierno
sino un cambio de sistema. El día 14 de
abril es una fecha excelente para recordar que la monarquía no es un sistema
eterno, y para muchos de nosotros no es ni siquiera ‘el menos malo de los
gobiernos posibles’. Ese día tenemos
que salir a la calle para pedir la abdicación del jefe del Estado y la
convocatoria de un referéndum sobre la forma del Estado. Todas las organizaciones ciudadanas que han
nacido al calor de la lucha política de estos últimos años deben unirse en un
único clamor para pedir el final del actual ordnamiento e iniciar un proceso
constituyente que nos establezca un nuevo régimen político. Sólo así se devolverá a los ciudadanos la
confianza en nuestra capacidad para resolver los graves problemas que tenemos
por delante.
