Portada de El País del 31 de octubre (en la
contraportada, sólo publicidad de Caixabank [1]):una gran fotografía de
Alexandru Visinescu, titulares y una breve información sobre Rumanía firmada
por Silvia Blanco, “enviada especial” del diario (debe ser algo así como la
Hermann Tertsch de las primeras décadas del siglo XXI). En total, más o menos,
un 33% de la primera plana. El titular de la noticia: “Rumanía pide cuentas a
sus torturadores”. En letra más pequeña: “La
fiscalía investiga por primera vez crímenes de la dictadura comunista”.
fiscalía investiga por primera vez crímenes de la dictadura comunista”.
En el interior, de un total de 60 páginas (con un 30% o más
de publicidad), dos páginas enteras (¡dos!) dedicadas a Rumanía, casi un 4% del
diario.
El artículo de la enviada especial se abre con estas
palabras. No hay que perderse la descripción y el tono:
“La última vez que hubo un proceso por genocidio en Rumanía fue el día de Navidad de 1989. Duró un par de horas y terminó con Nicolae y Elena Ceausescu fusilados, desmadejados en el patio del cuartel militar de Targoviste, a 79 kilómetros de Bucarest. Medio mundo ha visto el vídeo del juicio sumario y parte de la ejecución de quienes solo cinco días antes dirigían una de las dictaduras comunistas más desquiciadas de Europa. El lugar en el que ocurrió es hoy un tosco museo con agujeros de bala en la pared y dos siluetas dibujadas en el suelo para señalar dónde cayeron.”
¿Proceso por genocidio? ¿Ejecución? ¿Juicio? ¿Escribiría
algo parecido la señora Silvia Blanco si tuviera que describir un proceso
similar en otras latitudes, con otros objetivos?
(Entre paréntesis: la movilización final, los métodos empleados contra el sistema político rumano y sus máximos representantes se justificaron con imágenes de centenares de cadáveres desmembrados, atados entre sí con alambre de espino, y con algunas atrocidades semejantes. Si mi memoria ha ubicado bien el lugar, se habló de matanzas en Timisoara. Años después hemos sabido la verdad o parte de ella: fue un montaje televisivo. Se cogieron cuerpos de la morgue o acaso fueron también desenterrados, se mutilaron (es decir, los mutilaron) y se mostraron, espinados, para ser filmados. Eran fruto, se dijo, se repitió una y mil veces, de la represión policial del gobierno comunista rumano, de la política sin entrañas ni humanidad abonada por el Estado comunista y asesino presidido por Ceausescu. ¡A por ellos se añadía!. Cierro el paréntesis)
No se trata, por supuesto, de hacer ninguna apología de
Ceausescu ni de todo el proceso histórico rumano tras la segunda guerra
mundial. Muy lejos de mi ese cáliz y esa entrega acrítica. Casualmente visité
el país cuatro meses antes, verano de 1989, y pude observar en mi piel y en la
de mis acompañantes el inadmisible carácter autoritario de la momenklatura rumana, sus privilegios, el
extendido “culto a la personalidad” del presidente rumano y la no menos
extendida desesperanza del país y de sus pobladores (que, como en otros países
vecinos, habían mitificado –entonces, no ahora– las características reales de
las “sociedades libres y modernas” del capitalismo realmente existente).
Pero no sólo fue eso. La historia del comunismo en Rumanía
tampoco fue, tampoco es un libro negro sin páginas alternativas.
Señalaré dos entradas en su libro blanco: la negación del
gobierno rumano de apoyar la invasión de Checoslovaquia por las tropas del
Pacto de Varsovia en agosto de 1968 (posición nada fácil) y la ayuda generosa,
fraternal y desinteresada a combatientes antifascistas (como fue el caso de los
militantes y cuadros del Partido Comunista de España que vivieron en el país,
por no hablar de La Pirenaica).
No fueron los únicos ejemplos. Pero no es este el punto de esta nota.
Es éste: El País, como decía, abre con estos titulares
en portada: “Rumanía pide cuentas a sus torturadores”. Sigue con otro en letra
más pequeña: “La fiscalía investiga por primera vez crímenes de la dictadura
comunista”.
Mirado como se quiera mirar, contado como parezca razonable
contarlo, comparando incluso con lo que no puede ser comparado, no tiene nada
-¡nada!- que ver las dimensiones de lo sucedido en Rumanía en ese período con
los asesinados, paseados, desaparecidos, con el robo de bebés, con el maltrato
a mujeres del pueblo, con las violaciones como arma de guerra franquista, con
los fusilados en juicios sumarísimos tras la guerra, con la represión, con la
tortura generalizada, con la falta absoluta de libertades, con las
persecuciones, con la explotación a la clase obrera y las desigualdades
insoportables, marcas esenciales del fascismo español desde 1936 hasta 1975 y
siguientes.
Señalado lo anterior: ¿ha publicado el País alguna vez, en
primera plana (o incluso en páginas interiores), un titular en el que sugiriera
o afirmara “España tiene que pedir cuentas a sus torturadores”? ¡No podemos
seguir así, de ningún modo, es inadmisible! ¿O bien otro que señalara “la
fiscalía debe investigar, no lo ha hecho hasta ahora, los crímenes de la
dictadura del general Franco, el mismo general golpista que designó a Juan
Carlos I como Jefe de Estado”? ¡No puede habitar el olvido cómplice entre
nosotros! ¿Hemos leído alguna vez titulares como esos en las páginas del
global-imperial sionista y antichavista? ¿Por qué?
¿Qué pajilla, paja o cemento –que no se discute- ven en el
ojo ajeno? ¿Por qué no son capaces de ver el inmenso lodazal de torturas,
muerte y represión en el propio? ¿No toca? ¿Cuándo tocará? ¿Por que nos quieren
seguir contando el mito de la “Inmaculada Transición de Juan Carlos, Adolfo
Suárez y don Felipe Gas-Natural”?
Notas
[1] Una idea (gratis) para los del Grupo PRISA. Es gratis,
no les cobro. Seguro que sabrán aprovecharla. ¿Y si un día la portada del
global-imperial, ya no la contraportada (cosa muy vista), fuera un anuncio
publicitario de Apple, del Banco de Santander, de Caixabank o de Repsol? ¡Toda
la página! ¿A que sería chulo, muy rentable y bastante original? ¿A qué
sentaría un buen precedente crematístico?
Salvador López Arnal es miembro
del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients
Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia).