Simultáneamente, el Procurador Alejandro Ordoñez destituyó
al Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, exguerrillero pacificado del M19,
inhabilitándolo para el ejercicio de cargos públicos en los próximos 15
años, por el “delito” de haber enfrentado las mafias de la basura al municipalizar
su gestión para hacerla más eficiente. Le aplicó una sanción desproporcionada e
inconstitucional, calificada así por el Fiscal Eduardo Montealegre y la ex Fiscal
Viviane Morales, la cual solicitó su destitución al Congreso por
este exceso, ya que legalmente es al Presidente a quien le correspondería
tomar esa medida. Este fue el mismo personaje que de manera igualmente
arbitraria y viciada, destituyó a la senadora
liberal Piedad Córdoba
inhabilitándola por 18 años, por el “pecado” de haber actuado como facilitadora
de una salida política al conflicto interno. Es el mismo que sin pudor
intercedió ante la Corte Suprema por Javier Cáceres, ex Presidente del
Senado y estrecho colaborador del Narco 82, condenado a 9 años de presidio por
sus nexos con el paramilitarismo. Es el mismo que en nombre de un
fundamentalismo católico ultraconservador fascista y de una legalidad que
desprecia la voluntad popular, ha destituido discrecionalmente a cientos de
alcaldes y gobernadores, erigiéndose en un Súper Poder Dictatorial al servicio
de una plutocracia, revestida de una juridicidad hipócrita empantanada en sus
propias contradicciones.
El denominador común de estos hechos aparentemente
inconexos, es que ambos, al sembrar la desconfianza
contribuyen a “embolatar” los Diálogos de Paz de La Habana, justo
cuando las FARC y el gobierno colombiano arribaron un acuerdo sobre la
participación política de los insurgentes una vez que pasen a la vida
legal, además de ponerle “palos a la rueda” de la reelección de
Santos. Detrás, está la mano peluda del imperio y de Uribe su servil
lacayo.
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