En esta dirección, una reflexión sobre el carácter del programa de la Nueva Mayoría y sobre la dinámica política y social que genera su aplicación, en términos de confrontaciones de clases y de disputas intra coaliciones políticas, es muy necesaria.
Se trata de anticipar, utilizando las herramientas de
análisis disponibles, el curso probable de los acontecimientos, perfilando así
las hipótesis sobre el comportamiento de las distintas fuerzas, incluido
nuestro partido entre ellas, en ese discurrir.
A 14 meses del inicio del Gobierno de Michelle Bachelet, se
vive una aguda crisis política -crisis en las alturas, como la denominó el PC-
que ha forzado a un significativo cambio de Gabinete hace pocas semanas.
En su segunda cuenta pública sobre el estado administrativo
y político de la Nación, la Presidenta entregó un contundente balance de los
logros en políticas sociales y medidas sectoriales.
Ello al tiempo de destacar los avances logrados y las
perspectivas de la realización de las reformas de carácter estructural
propuestas al país: la tributaria, la educacional, la laboral y la Nueva
Constitución. Al hacerlo, delineó con claridad lo que las chilenas y chilenos
pueden esperar de la segunda etapa de su Gobierno.
Sin embargo, ni el cambio de Gabinete ni el discurso del 21
de mayo han sido suficientes para resolver la crisis planteada. Pues, más allá
de su forma -la desconfianza ciudadana en la probidad de los políticos de todos
los signos- que por cierto no subestimo, la esencia de la crisis es provocada
por la confrontación social y política entre quienes promueven los cambios y
los que esperan bloquearlos.
El carácter del Programa de la Nueva Mayoría
En nuestra caracterización del Programa presentado por la
Presidenta, dijimos ya que puede (hasta ahora) calificarse como democrático
reformista y de vocación social, desde el punto de vista de las garantías, derechos
y servicios sociales que busca promover para todos.
Responde a un diagnóstico colectivo que, en lo esencial,
cuestiona al neoliberalismo en tanto forma de expresión de un “capitalismo
salvaje”, opuesto a la democracia, considerado ese neoliberalismo tanto como
categoría de la política en sentido estricto (forma autoritaria, excluyente y
“tutelada” de régimen de ejercicio del poder del Estado) como amplio
(impregnando las distintas esferas de la vida social: relaciones económicas,
sociales, ideológicas, manifestaciones artístico culturales, etc.)
No surge por lo mismo directamente del programa un
cuestionamiento del capitalismo como sistema. No se visualiza la contradicción
Capital-Trabajo como la generadora principal del conflicto social. Por lo
mismo, el programa no responde a la perspectiva de instalación inmediata de una
democracia revolucionaria, que inaugure un tránsito a una sociedad de carácter
socialista, sino solo (nada más, pero tampoco nada menos) a la de una
democracia que si supere los aspectos más regresivos del neoliberalismo.
Fue bajo estas premisas que resolvimos ingresar al Gobierno,
en la convicción que su gestión y la realización de su Programa podrá abrir
paso a mejores condiciones para librar nuestra batalla por ideas y
movilizaciones en pos de una democracia post neoliberal. Por lo mismo, y para
no equivocar el análisis, el carácter del programa y sus medidas concretas
deben examinarse desde este ángulo.
Lo que tampoco puede conducir a no presionar para que el
cambio propuesto sea lo más avanzado posible.
Al hacer la afirmación anterior, tenemos en cuenta, por
cierto, las enseñanzas que surgen de la dialéctica entre reforma y revolución,
siempre presente en períodos de cambio social. En estos períodos no es posible
teóricamente ni razonable políticamente, fijar a priori los límites de medidas
que abren espacio a la ampliación de las luchas de clase y a cambios en la
correlación de las fuerzas.
Así, por ejemplo, ocurrió en Chile con la llamada “chilenización del cobre” impulsada por
el gobierno de Eduardo Frei en los ’60, que proveyó de nuevos impulsos a la
lucha por la nacionalización de la “viga maestra” de la economía chilena, que
culminó el año 1971 en la unánime aprobación parlamentaria de la
nacionalización de la principal fuente de riqueza nacional.
Ello ocurrió – y podríamos abundar en ejemplos - pues estos
períodos de cambio pueden devenir incluso en la apertura de una situación
revolucionaria, aunque, obviamente, una tal situación no está presente en el
Chile de hoy.
Por lo mismo, y los meses transcurridos lo hacen evidente,
los comunistas y sus aliados enfrentan un complejo escenario de unidad y lucha
política, que se expresa en todos los niveles de la sociedad. Unidos se
enfrentan a la acción implacable de las fuerzas de la burguesía y sus
expresiones políticas, que han mostrado una extraordinaria reluctancia a los
cambios.
A la vez, el Gobierno es escenario de una disputa entre las
fuerzas que participan de él. En la Nueva Mayoría existe también una relación
de unidad y lucha de sus fuerzas componentes, siendo la intensidad de las
reformas y medidas y la gradualidad de las mismas, una constante fuente de
tensión. Fuera del Gobierno, en la actividad parlamentaria y en las
organizaciones sociales, esta disputa tiende a reproducirse y sus resultados a
incidir en el carácter de las medidas que se adopten.
La desaceleración de la economía chilena
No ha sido fácil realizar las medidas de gobierno en el
contexto de una economía que experimenta una fase de importante desaceleración.
En efecto, la coyuntura internacional y también fenómenos
propios de la situación nacional, han confluido para provocar un cuadro de bajo
crecimiento económico y de reducción de las posibilidades de rápida
recuperación, que ha condicionado las políticas públicas. Entendámoslo bien. La
economía chilena no está en crisis. No está generando menos riqueza. Pero el
PIB creció el 2014 a sólo un 1.7% y las estimaciones más optimistas para este
año no superan el 3,2%, lo que es todavía inferior al PIB potencial del país,
que se estima ahora en un 4.25%.
Este es un aspecto fundamental a considerar en el análisis
de la coyuntura política. Nadie podría negar la efectividad de la aplicación de
la agenda de reformas de Michelle Bachelet. Más allá de errores, imprecisiones,
malentendidos o insuficiencias propias de la gestión del nuevo gobierno, el
balance es impresionante.
Sin embargo, la pregunta por los resultados prácticos de las
reformas acometidas en términos de beneficios concretos, inmediatos, para las
chilenas y chilenos, no tiene respuesta simple.
En muchos casos, los efectos directos sobre las personas y
las familias se dejarán sentir solo en algunos años más (por ejemplo, contar
con una educación pública gratuita y de calidad). En otros, más complejo aún en
la medida que suponen cambios ideológicos, los efectos podrán experimentarse
solo cuando la mayoría ciudadana sea capaz de apreciar el significado profundo
de vivir en una sociedad más democrática que aquella en la que hoy actuamos.
Incluso las medidas más simples y cercanas – hablando de
salas cuna, jardines infantiles, nuevos hospitales y consultorios, movilización
colectiva, etc., requieren tiempos de despliegue e implementación que a veces o
muchas veces sobrepasan la paciencia del ciudadano afectado.
No es posible inaugurar y operar un nuevo hospital en menos
de tres o cuatro años (si se dispone de los especialistas) ni diseñar y
construir una línea de metro en la RM en menos de cinco. Así, la posibilidad de
hacer las reformas y la velocidad de implementarlas depende, en primer lugar,
del grado de conciencia ciudadana. Pero, no menos importante, también depende
de contar con los recursos necesarios en el volumen y momento adecuados.
Y una economía que está creciendo muy lentamente no está en
las mejores condiciones para proveer esos recursos. Consideremos solo el caso
de la reforma tributaria y los ingresos fiscales. ¡Cada punto adicional de
crecimiento del PIB permite al Fisco recaudar unos 800 millones adicionales en
impuestos a la Renta!
En las certeras palabras de Jorge Marshall, ex presidente
del Banco Central,
“ (…) hay que remontarse a 2013, que es cuando cambia radicalmente el entorno de la economía chilena (…) Entonces finaliza el super ciclo de los términos de intercambio; la autoridad monetaria de Estados Unidos anuncia el fin de su política de inyectar liquidez a los mercados financieros; la expansión de China pierde la fuerza que había mostrado en los años previos; el crecimiento del comercio mundial se reduce a la mitad del que tenía antes de la crisis internacional y América Latina inicia una fase de conflictos internos que la alejan de los asuntos relevantes de la política y de la economía mundial”.
Y, en este marco, la desaceleración se ha constituido en un
arma privilegiada y principal de la derecha.
Sin arrugarse, contra toda la evidencia estadística nacional
e internacional, contrariando la opinión de expertos reconocidos, ha declarado
que la responsabilidad por la caída del ritmo de crecimiento de la economía
chilena recaería en incertidumbre que provoca en la llamada “clase media” y en
el empresariado chileno la propia política de reformas del Gobierno de la Nueva
Mayoría.
Desconocen así que la tendencia ya se manifestaba con fuerza
en el último año de Gobierno de Sebastián Piñera. No está de más recordar aquí
que el destacado economista Thomas Piketty, en reciente visita al país, ha dado
un rotundo mentís a esa pretensión, uniéndose a la opinión mayor parte de los
especialistas chilenos más serios.
La derecha, principalmente la UDI, trabaja intensamente
sobre este factor desestabilizador. Utilizando las organizaciones
empresariales, que domina ampliamente, eleva la llamada “incertidumbre” e
invita a la reducción de la inversión nacional e internacional.
Su dominio irrestricto de los medios de comunicación le
permite saturar la “opinión pública” con esta consigna, que sitúa a la política
pública como la causante de la caída significativa que experimenta la inversión
privada, que es factor determinante de la reducción del ritmo de crecimiento de
la economía.
Debemos reconocer que la oposición ha tenido éxitos
importantes en su odiosa campaña. Durante la discusión de la reforma tributaria
logró generar un clima adverso en sectores de pequeños y medianos empresarios
así como en trabajadores asalariados que se identifican con la llamada por
ellos “clase media”, que facilitaron que la presión de sus parlamentarios en el
Senado lograra un “acuerdo transversal” que modificó el proyecto original
aprobado por los Diputados.
Cuando se inició la discusión del segundo proyecto de
reforma educacional, que plantea el fin del lucro, el copago y la selección
escolar, la UDI desarrolló la misma táctica.
Levantó la bandera del “derecho a elección”, generó incluso
una organización social que pretende agrupar a los padres y apoderados de la
educación particular subvencionada (la CONFEPA) y reivindicó para si la defensa
de la calidad de la educación, con lo que retrasó, aunque no logró evitar, la
aprobación del proyecto y logró generar una actitud de rechazo a la reforma en
un sector ideológicamente permeable al mensaje que la reforma afecta y lesiona
los intereses de la “clase media”, esta vez expresado en que se pretendía
terminar con ese segmento educacional.
Puede esperarse, a partir de la virulencia con que se han
expresado públicamente las organizaciones empresariales, en particular la CPC y
la SOFOFA, que el trámite de las reformas laborales será difícil, pues allí ya
se levantan fantasmas llamados a atemorizar a parte de la población
trabajadora.
Que los empresarios no tendrían seguridades para invertir en
nuevos proyectos o reinvertir en los existentes pues el alza de costos derivada
de la posición más fuerte de los trabajadores organizados en las empresas
afectaría su rentabilidad, que por lo mismo habría aumento del desempleo, etc. Discusiones
similares se han planteado o insinuado en otros ámbitos, como es el caso de la
salud privada.
Aprovechando en su favor los insuficientes resultados de la
política de reactivación impulsada por el Gobierno, la derecha combinó en su
favor la crisis de desconfianza ciudadana en la política y las correcciones a
la baja de diversas proyecciones de crecimiento en Chile y América Latina y
logró generar una crisis de Gabinete que determinó en la sustitución del equipo
económico y político que había encabezado la primera etapa del gobierno de
Michelle Bachelet.
Tras ese cambio de Gabinete, agravado con los errores
políticos que forzaron la renuncia del nuevo Ministro de la Segpres a solo 28
días de su nombramiento, el panorama se tornó preocupante. Pues en el marco de
una fuerte ofensiva empresarial, el riesgo de ceder a la presión por frenar las
reformas se hizo patente.
Las declaraciones de los nuevos Ministros de Interior y de
Hacienda, que buscaron tranquilizar a la derecha y a los empresarios, abren una
interrogante que se hace necesario despejar para asegurar la continuidad del
proceso de reformas que sustenta la actuación de los comunistas en el escenario
nacional .
¿Cuáles son las perspectivas de la economía chilena en el corto plazo?
A comienzos de año, los informes de los organismos públicos
y privados independientes, así como las declaraciones de las autoridades
económicas del país, coincidían en señalar que la curva de crecimiento agregado
habría cruzado el punto de inflexión, abriendo paso entonces a una fase de
lenta recuperación de los índices principales de la economía.
La expresión “brotes verdes” del ex Ministro de Hacienda
Alberto Arenas graficaba esta visión, que permitía entonces pensar que lo peor
habría pasado.
Sin embargo, el más reciente Informe de Política Monetaria
del Banco Central, revisó a la baja sus proyecciones 2015. Sin ignorar las
razones que habían llevado a sustentar la mejora prevista hacia 2015, la mirada
más pesimista se sustenta en dos cuestiones básicas:
En primer lugar, en que las condiciones internacionales
continúan siendo complejas. La reorientación de la economía china mantiene una
incógnita sobre sus niveles deseados de stock de materias primas, cuestión
vital para examinar la situación del cobre.
Más allá de los fenómenos especulativos, las diversas
proyecciones apuntan a un excedente de producción moderado sobre el consumo,
por lo que los precios de cátodo podrían estabilizarse entre los 2.6 y 2.8
dólares/libra.
Esto es un precio que permite la operación de la mediana y
gran minería chilena, aunque disminuye sensiblemente los retornos.
Los costos de las mineras se verán favorecidos por la
apreciación internacional del dólar. Será también favorable a la economía
chilena el descenso de los precios del crudo, que apunta a mantenerse en torno
a 60 a 70 US$/barril. La caída del petróleo beneficia principalmente a los
privados, en tanto la caída del cobre perjudica a algunos privados y muy
fuertemente al Estado.
En segundo lugar, y teniendo presente que los estímulos
monetarios ya han jugado un importante su papel y que la tasa de inflación
aparece relativamente controlada para el 2015, el acento principal de la
recuperación se traslada a la inversión y el empleo.
Y, en materia de inversión, la mirada empresarial de la
inversión continúa siendo interesadamente cautelosa. Como señalaba un analista
un par de meses atrás:
“El riesgo para el 2015 es que esos indicadores de confianza permanezcan estancados cerca de los actuales niveles bajos. De ser así, la inversión puede evolucionar de manera muy lenta y la generación de empleo puede deteriorarse. En ese contexto, se pueden generar dudas adicionales sobre el ritmo de crecimiento potencial de Chile”.
Pensando en su impacto sobre la demanda agregada, el desafío
principal, entonces, es elevar el nivel de inversión productiva, que fue
duramente afectada durante 2014. Destacan en ello la magnitud prevista de las
inversiones estructurales y de mejoramiento previstas por CODELCO, que
partiendo de la capitalización acordada para este año, se proyectan a 28 mil
mill de US$ hasta el 2023.
Esta cifra representa el 58% de todo lo que proyecta
invertir la minería privada hasta esa fecha , pese a que la producción de la
estatal corresponde actualmente a menos del 40% de la producción anual total,
lo que da una idea de la potencia de la decisión de rescate de CODELCO que está
en marcha. Pensando en la inversión extranjera directa, puede esperarse un
incremento mayor en los próximos años a partir de la creación de una nueva
institucionalidad que reemplazará al DL 600.
Ello tal vez incida en revertir la tendencia negativa a la
adquisición de empresas existentes de capital nacional por los grandes
conglomerados internacionales. La generación de energías renovables no
convencionales (ERNC) ha experimentado también un avance importante, destacando
que el 2015 se podrían invertir unos 3.000 mill de US$. Los medios destacan que
al ritmo actual podría anticiparse la meta de 20% de la matriz al año 2020.
Ello, sumado al ambicioso plan de inversiones del MOP, por
unos 2.500 mill. de US$ este 2015, de los que unos 1.500 sería vía concesiones,
configura una situación en que pueden generarse importantes impulsos a la
inversión. Complementa lo anterior el esfuerzo que lidera CORFO por desarrollar
mecanismos que actúen efectivamente sobre la innovación, orientados a elevar la
productividad, que se ha constituido en un factor que limita el crecimiento.
De este modo, podemos estimar que efectivamente se apuntaría
a una suave recuperación económica, especialmente hacia finales del 2015. El
supuesto que subyace en esta visión es que el sector privado dejará atrás su
postura extremadamente hostil al Gobierno y jugará su papel en la política de
asociación público – privada que ha planteado la Presidenta.
Esto es lo que explica la actitud del Gobierno respecto de
dar garantías al sector privado. Cabe por cierto preguntarse que podría ocurrir
si se mantuviese la reticencia empresarial. Es sabido desde Keynes que la sola
racionalidad económica no es el factor decisivo de las decisiones de este
sector.
Esto ha llevado al planteo de que “el capital es cobarde”,
para denotar que el empresario tiene más aversión al riesgo que la que se le
supone. Si este fuera el este caso, no nos cabe duda, debemos propender a un
aumento significativo de la inversión directa estatal. No faltan para ello
proyectos posibles ni recursos disponibles.
Mirando a futuro
El Pleno del Comité Central de marzo de este año planteó con
claridad una perspectiva, un rumbo estratégico, en definitiva, lo que antes
llamábamos una vía, para alcanzar nuestro objetivo principal, cual es la
instalación de una democracia de Nuevo Tipo en nuestro país como expresión
concreta de nuestro concepto de Revolución Democrática.
En esa dirección, es importante destacar dos aspectos
esenciales de esa vía, que seguramente estarán en el centro de nuestras
preocupaciones y de nuestra actividad política durante un buen tiempo: de una
parte, el gran asunto de la participación del pueblo como actor central de la
construcción de su propio destino; de otra, aquello que no puede tampoco estar
fuera de nuestra acción, el avance – al ritmo que las correlaciones de fuerza
vayan permitiendo – de la socialización de los medios de producción.
Sobre lo primero, los comunistas hemos estado y sin duda
estaremos en la primera línea cuando se trate de impulsar la organización
social y popular para lograr, con la más activa movilización y participación,
la realización del programa de reformas que comprometió la Nueva Mayoría. Hemos
hecho mucho y continuaremos haciéndolo.
Pero esta participación no se reduce solo a exigir que se
hagan los cambios estructurales necesarios para mejorar la calidad de la
democracia y de sus instituciones. También, y sobre todo, es necesario que en
la construcción y funcionamiento de la nueva institucionalidad, que encontrará
una síntesis en la Nueva Constitución, el pueblo esté presente y participe
activamente. Una nueva cualidad de la democracia, la participación, es un
objetivo estratégico, que diferencia claramente las posiciones de quienes
quieren hacer mejor el sistema existente de las posiciones de aquellos que
queremos cambiarlo para mejor.
Sobre lo segundo, ya hemos dicho que hoy se apunta a una
moderada recuperación económica, especialmente hacia finales del 2015. Con
todo, la salida de este ciclo no puede llevarnos a ignorar que lo que
demuestran las coyunturas críticas del 2008/2009 y del 2013/2014 es el
agotamiento del modelo rentista instalado en nuestra economía por el
neoliberalismo.
Se trata de un modelo que permite la explotación
inmisericorde de los recursos naturales del país por grandes monopolios
nacionales y foráneos. Un modelo depredador, basado en la exportación de
recursos con muy escaso valor agregado. Que permite la obtención de riquezas
cuantiosas al gran capital, y que distribuye muy poco a quienes participan de
la actividad económica.
Recordemos que en nuestro país, según estudios de
especialistas de la U. de Chile, el 1% de los más ricos se apropia del 32% del
PIB. En estas condiciones, por ejemplo, se agravan a niveles dramáticos las
crisis del agua y de la energía. El gran capital privado no tiene interés
alguno en resolverlas con un criterio de bienestar social y de futuro.
Más aún, este modelo rentista se ha construido sobre las
reglas impuestas a sangre y fuego por la dictadura neoliberal de Pinochet.
El Estado definido por la Constitución del 80 – la
Constitución que nos hemos propuesto reemplazar - tiene por finalidad asegurar
la libertad económica de los grandes empresarios y establecer el papel
subordinado o “subsidiario” del Estado, sin importarle las desigualdades, las
injusticias, los abusos y las vulnerabilidades macroeconómicas, resultantes de
la aplicación de este modelo.
Así, numerosas normas de la actual Constitución deberán ser
cambiadas, como por ejemplo, para restablecer que el principio de que la
propiedad privada no es absoluto ni está por encima de otros valores
superiores, como son la responsabilidad social y la solidaridad colectiva. De
aquí también se deduce la necesidad de que el Estado esté facultado para
nacionalizar o crear empresas estatales o públicas, a través de instituciones
centrales o entidades públicas como gobiernos regionales, municipalidades, o
aportar recursos a cooperativas u otras empresas sin fines de lucro, con el fin
de diversificar la propiedad empresarial.
Es necesario dotar al Estado de la capacidad de
emprendimiento económico, entendido en el amplio sentido del término.”.
Hay que cambiar progresivamente el modelo. No echaremos por
la borda las asociaciones Público – Privadas que impulsa el Gobierno, pero
debemos acotarlas y calificarlas mejor. La experiencia muestra que no debemos
concesionar servicios públicos vitales, como son los casos de la salud y el transporte
público. Junto a la estricta regulación de la actividad privada – y sobran los
ejemplos que la justifican – es la hora de ampliar la esfera de la economía
social, de la inversión pública directa en infraestructura y en la producción
de bienes con alto valor agregado. Todo ello apuntando a hacer realidad la
integración latinoamericana. Pues si la asociación Público Privada continúa
siendo la base principal de nuestra estrategia económica, entonces es muy
posible que la economía y la sociedad se hagan aún más dependientes de los
intereses del capital financiero y de los grupos económicos.
Apoyamos la posición de la Presidenta y del Gobierno, que
han reiterado hasta ahora su una firme voluntad de continuar impulsando la
política de reformas. Las reformas son, en definitiva un gran avance en
progreso social y reducción de desigualdad. Y esta es la tarea del momento. Sin
embargo, en nuestra perspectiva estratégica, es necesario proyectarse más allá.
Es verdad que no nos gusta jugar a la política ficción.
Pero, sin duda, la construcción del socialismo en el siglo
XXI estará marcada por dos cualidades fundamentales: a) la democracia
participativa, a la cual se accede desde la más intensa, rica y masiva
movilización popular y social y b) la propiedad social de los medios de
producción, la cual se alcanza en un proceso incesante de elevación del papel
del nuevo Estado en los procesos de regulación económica general y de
producción y circulación de bienes y servicios socialmente esenciales para la
calidad de vida de la población. A estas cualidades fundamentales debemos
apuntar desde ya, siguiendo la vía que hemos resuelto recorrer en varios
eventos partidarios.
En conclusión...
Reiteramos nuestro compromiso con el Programa que apoyó
mayoritariamente el pueblo de Chile. Nos opondremos firmemente a las tratativas
de la derecha, de la UDI en especial, por desestabilizar la institucionalidad
chilena y afectar de este modo el funcionamiento de la economía.
Por las reformas también nos jugamos en la Nueva Mayoría,
contribuyendo a la unidad de las fuerzas que están por los cambios y
presionando a los sectores que tienden a vacilar en momentos de agudización de
las tensiones políticas. No hay evidencia alguna de que sean las reformas
propuestas e impulsadas por este Gobierno las que han provocado la
desaceleración.
Se trata de reformas que no afectan lo esencial de la
relación de capital, por más que corrigen, dentro del sistema económico, la
magnitud de la dramática desigualdad que constatamos a diario. Se trata de
reformas económicas que nos aproximan a los estándares OCDE, con los que tanto
nos gusta compararnos.
No más que eso. Pero tampoco menos que eso. Son en
definitiva un gran avance en progreso social y reducción de desigualdad.
Esta es la tarea del momento. Lo que venga después, en un
escenario diferente, más democrático, lo decidirán los propios chilenos.
Los comunistas, como siempre, estaremos con ellos y junto a
ellos.
Patricio Palma Cousiño es Ingeniero
civil, Doctor en Historia e integrante de la Comisión Política del Partido
Comunista de Chile
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