Luis Vitale
El esclarecimiento de las causas que determinan la
independencia política y formal de América Latina y de Chile constituye uno de
los problemas más debatidos de la historia de nuestro continente.
Los historiadores liberales han señalado como causa
principal del movimiento independentista, la influencia de los teóricos de la
Revolución Francesa, magnificando el papel de la ideología liberal del siglo
XVIII y poniendo énfasis en el despotismo político y religioso de España.
Los investigadores de tendencia católica e hispanófila han
negado esta influencia de liberalismo europeo, sosteniendo que las aspiraciones
libertarias de los criollos provenían exclusivamente de la propia tradición
española. Jaime Eyzaguirre ha señalado que al haber sido derrocada la monarquía
española por Napoleón en 1808, la autoridad volvió al pueblo, ya que según “la
tradición jurídica filosófica”, el poder de los reyes había sido generado por
el pueblo. “No hacía falta, pues, que se buscaran fuera del acervo hispánico
los conceptos de libertad” (1). Estos hispanistas, además de negar que los
españoles hubieran monopolizado los cargos públicos en detrimento de los
criollos, también desestiman como causa de la independencia la lucha por el
libre comercio, basándose en que las reformas borbónicas ya habían satisfecho
esta aspiración (2).
La corriente racista, representada en Chile por Francisco
Encina, sostiene que la causa fundamental de la Independencia fue “la antipatía
entre criollos y peninsulares engendrada por la diferenciación de los
temperamentos y caracteres” (3). Alberto Edwards opina que la Independencia
“fue un hecho accidental, que sin duda alguna no habría ocurrido sino mucho más
tarde, sin la invasión napoleónica de España” (4), como si en la historia el
azar jugara un papel sobredeterminante.
Aparte de estas apreciaciones, basadas fundamentalmente en
hechos de la superestructura ideológica y política, otro historiador, Ramírez
Necochea, se propuso analizar las causas de la independencia a la luz de los
antecedentes económicos (5).
Aunque Ramírez se proclama no ser “economicista”, no logra
establecer la relación dinámica entre el desarrollo económico y la estructura
social omitiendo la condición de la clase de quienes encabezaron la Revolución
de 1810. Su apreciación errónea de que la colonización española tuvo un
carácter feudal le ha impedido comprender la existencia de la clase social que
promueve la Revolución de 1810: la burguesía criolla.
Ninguna de estas tesis ha logrado dar una visión
totalizadora y real del proceso de Independencia. Una falta metodológica ha
conducido a tan variados autores a emitir opiniones unilaterales, confundiendo
las causas de estructura con las de carácter coyuntural, los factores objetivos
con los subjetivos, las cusas esenciales con las aparenciales, haciendo
abstracción de una parte en detrimento de la totalidad y unidad de la historia.
Las causas de la
Independencia en Chile
La revolución política y formal de las colonias hispanoamericanas
contra la metrópoli debe ser estudiada en primer término, como un proceso
global en el que interviene diversas causas que se influencian recíprocamente.
El problema estriba en determinar concretamente cuál es la causa esencial y su
interacción e interpretación con los demás factores que coadyuvan a la
Revolución de 1810.
Una aplicación simplista del marxismo podría conducir a
sostener que la causa esencial de la Revolución de 1810 fue la contradicción
entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
Esta contradicción fundamental descubierta por el materialismo histórico es
efectivamente el motor de las grandes revoluciones que provocan el advenimiento
de nuevos modos de producción. Revoluciones sociales fueron la Revolución
Francesa, las revoluciones democrático-burguesas europeas del siglo XIX y las
revoluciones rusa, china y cubana, que cambiaron las relaciones de propiedad e
inauguraron nuevos modos de producción. En el prólogo a la Crítica de la
Economía Política, Marx decía:
“Durante el curso de su desarrollo las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existente, o lo cual no es más que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad, en cuyo interior se habían movido hasta entonces. De formas evolutivas de las fuerzas productivas que eran, estas relaciones se convierten en trabas de estas fuerzas. Entonces se abre una era de revolución social”.
La revolución de 1810 no constituyó una superación dialéctica
de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las
relaciones sociales de producción porque, en primer lugar, no hubo durante la
Colonia un salto cualitativo en el desarrollo de estas fuerzas productivas, que
se mantuvieron en el estadio de un capitalismo atrasado y dependiente,
condicionado y deformado por la metrópoli, uy en segundo lugar, porque no hubo
una transformación de las relaciones de producción: las relaciones de
propiedad, dominadas por la burguesía criolla, terrateniente, minera y
comercial, siguieron constituyendo trabas permanentes para el desarrollo
ulterior de las fuerzas productivas.
Los que pretendieran aplicar el marxismo en forma simplista
al proceso de la independencia, estarían obligados, si fueran consecuentes, a
demostrar que la Revolución de 1810 fue una revolución social, partera de un
nuevo modo de producción, libre de las trabas impuestas por las relaciones de
propiedad generadas por la burguesía criolla. En ese caso, dicha revolución
social habría permitido a Chile y al resto de los países latinoamericanos salir
del atraso y la dependencia.
Pero resulta que la Revolución de 1810 no fue una revolución
social, sino una revolución política, formal, separatista, que no cambió la
estructura económica-social de la colonia. La Revolución de 1810 cambió formas
de gobierno, no las relaciones de propiedad.
Este análisis no significa negar el papel de los factores
socioeconómicos en la Revolución de 1810. Al contrario, es un intento de
precisar el alcance de los mismos, señalando las bases reales –y no
idealizadas– de la economía y las clases sociales generadas por la colonización
española. La causa esencial de la Revolución de 1810 fue la existencia de una
clase social cuyos intereses entraron en contradicción con el sistema de
dominación impuesto por la metrópoli. Esa clase social fue la burguesía
criolla. Controlaba a fines de la Colonia las principales fuentes de riqueza,
pero el gobierno seguía en manos de los representantes de la monarquía
española. Esta contradicción entre el poder económico, controlado por la
burguesía criolla, y el poder político, monopolizado por los españoles, es el
motor que pine en movimiento el proceso revolucionario de 1810.
Los intereses de la burguesía criolla eran contrapuestos a
los del Imperio español. Mientras la burguesía criolla necesitaba encontrar
nuevos mercados, la corona española restringía las exportaciones de acuerdo con
las necesidades exclusivas del comercio peninsular. Mientras la burguesía
criolla aspiraba a comprar productos manufacturados a menor precio, el Imperio
imponía la obligación de consumir mercaderías que los comerciantes españoles
vendían recargados. Mientras los nativos exigían la rebaja de impuestos, España
imponía nuevos tributos. Mientras la burguesía criolla exigía que el excedente
económico y el capital circulante. La burguesía criolla aspiraba a tomar el
poder porque el Gobierno significaba el dominio de la aduana, del estanco, de
las rentas fiscales, de los altos puestos públicos, del ejército y del aparato
estatal, del cual dependían las leyes sobre impuestos de exportación e
importación. El cambio de poder no significaba transformación social. La
burguesía criolla perseguía que los anteriores negocios de la corona pasaran en
adelante a ser suyos. De ahí, el carácter esencialmente político y formal de la
Independencia.
La burguesía criolla necesitaba encontrar nuevos mercados
para colocar su producción en pleno proceso de crecimiento desde la segunda
mitad del siglo XVIII. Los mineros aspiraban a elevar su exportación de metales
y a obtener mejores precios en los mercados europeos. En el “Informe” de Juan
Egaña al Real Tribunal de Minas (30 de noviembre de 1803), de corte similar a
la “Representación de los Hacendados” del argentino Mariano Moreno, los mineros
chilenos plantearon sus reivindicaciones:
“Se quejan los mineros del corto valor del cobre por el monopolio y la dificultad de su extracción. En efecto, este cobre se remite por tierra a España (como es frecuente) tiene que hacer una peregrinación, tal vez la más dificultosa de la tierra (por la cordillera a Buenos Aires y de ahí a España). Si se conducen desde el principio por mar, tienen que retroceder a Lima y caer en manos de aquellos duros comerciantes que se valen de la necesidad para fijarles precios; después de esta navegación retrógrada, los embarcan para España. De suerte que los costos, en uno y otro giro, exceden con mucho al principal”.
Los terratenientes veían constreñidas sus posibilidades de
aumento de la exportación de trigo, cueros y sebo a causa de las trabas
comerciales impuestas por España. Es efectivo que las reformas borbónicas no
significaron la abolición definitiva del monopolio comercial. En 1799 fue
derogado el permiso concedido a naves con bandera neutral para que pudieran
comerciar con las colonias hispanoamericanas. Carlos IV canceló a principios
del siglo XIX una serie de medidas reformistas. En 1810, el Consejo de Regencia
de Cádiz reafirmaba su oposición al libre comercio.
La fuerza de la
burguesía criolla
La burguesía criolla
aspiraba a mayores conquistas que las obtenidas en el Reglamento de 1778. Las
reformas borbónicas provocaron, por una parte, la crisis de las industrias
regionales y la quiebra de numerosos comerciantes, debido a la entrada
indiscriminada de manufacturas extranjeras, pero al mismo tiempo, promovieron
el aumento de la exportación de metales y productos agropecuarios en la mayoría
de las colonias hispanoamericanas, a raíz de las franquicias comerciales
decretadas por la corona. En Chile, se produjo un notable aumento de la
producción de cobre, plata, oro, trigo, etc., como hemos demostrado en
capítulos anteriores. Consciente de las ventajas adquiridas y de las
perspectivas que se le abrían para el futuro, la burguesía criolla no estaba
dispuesta a conformarse con un “libre comercio” a medias, que trataba de
expansión de las fuerzas productivas y podía conducir a una crisis de superior
producción y a una baja de precios, como lo atestiguan los viajeros de la
época, las declaraciones de los gobernantes (Ambrosio O´Higgins), las memorias
del Consulado (Manuel de Salas, Cos Iriberri, De la Cruz) y las quejas de los
vecinos.
Del mismo modo que Manuel Belgrano en el Consulado de Buenos
Aires planteaba las aspiraciones de los criollos, en Chile Manuel de Salas, De
la Cruz y Juan Egaña presentaron, aunque tímidamente, las reivindicaciones de
la burguesía productora. Las ideas de estos autores maduraron al socaire de la
política liberal de los ministros de Carlos III. Por eso, cuando Carlos IV
cancela parte de las medidas reformistas, la burguesía criolla protesta, y en
lugar de arredrarse, aumenta su prédica a favor de nuevas concesiones
liberales.
La posición de los historiadores hispanófilos es errónea al
no considerar que el libre comercio fue una de las causas coadyuvantes de la
Revolución de 1810. Pero resulta también equivocado pretender que la causa
determinante de la Independencia latinoamericana fue la libertad de comercio,
como lo afirman los investigadores de la tendencia economicista. Dichos
historiadores aplican mecánicamente el factor económico en la interpretación
del hecho histórico, haciendo abstracción de la complejidad dialéctica del
proceso global de la sociedad. El economicismo es una variante del mecanicismo
en la esfera de las ciencias sociales.
Señalar que el libre comercio como causa esencial, sin
analizar los intereses de clase que se mueven detrás de esta demanda es caer en
la unilateralidad histórica. El libre comercio de América Latina se explica por
la existencia y desarrollo dinámico de una burguesía productora que aspira a
mayores exportaciones y a mejores precios. Sin la existencia activa de esta
clase social que procura realizar sus propios intereses, la consigna de libre
comercio no habría sido causa suficiente de la Revolución de 1810. Al decir de
Aristóteles, “el comercio no produce bienes, sino que moviliza objetos”. Estos
son la resultante del trabajo, que es lo único que engendra riqueza. La clase
social que en América Latina se había apropiado de esta riqueza explotando el
trabajo de los indígenas, negros y mestizos, era la burguesía productora
constituida por los terratenientes y mineros.
Notas
(1) Jaime Eyzaguirre. Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena,
p.119, Santiago: ed. Universitaria, 1957.
(2) Jaime Eyzaguirre. “El alcance político del decreto de
libertad de comercio de 1811”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia,
N° 74, 1er Semestre 1966.
(3) Francisco Encina. Historia de Chile, Tomo VI, p.8,
Santiago: Ed. Universitaria, 1952.
(4) Alberto Edwards. La Organización Política de Chile,
p.29, Santiago: Ed. del Pacífico, 1953.
(5) Hernán Ramírez Necochea. Antecedentes económicos de la
Independencia de Chile, pp.19-20, 2da Edición, Santiago, 1967.
Luis
Vitale, nacido en Argentina en 1927, se vino a vivir a Chile en 1955. Fue
profesor titular de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, y
de la Universidad Técnica del Estado entre 1967 y 1973; profesor de la
Universidad Goethe de Frankfurt entre 1974 y 1975, de la Universidad Central de
Venezuela entre 1978 y 1985, de la Universidad Nacional de Bogotá en 1986, de
la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, entre 1987 y 1989, y profesor
invitado en Alemania, España, Italia, Santo Domingo, Cuba, Colombia, Ecuador,
México, Perú y Panamá.
