Luis Britto García
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| Especial para La Página |
La invasión de los paramilitares en mayo de 2004 por la
finca Daktari no es una intrusión
externa, sin conexiones con la vida nacional. Empresarios, medios de
comunicación privados, oposición política y oficiales conspiradores cómplices
operaron como Quinta Columna que
financió, escondió, apoyó y justificó a los sicarios.
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La invasión de los paramilitares era la salida desesperada
de una oposición que sabía que iba a perder una consulta electoral. Fracasados
el golpe de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de 2002 y 2003, convocaron
los opositores un referendo revocatorio que las encuestas mostraban como un
seguro fiasco. Una perturbación mayor del orden público suspendería la temida
derrota electoral, arrojaría la culpa de la suspensión sobre el gobierno,
abriría el camino hacia un nuevo asalto violento al poder.
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La invasión de los paramilitares estaba planeada como detonador de acciones más complejas. El
magnicidio del Presidente o la perturbación del orden público al intentarlo serían acompañados de una cortina de humo mediática destinada a
confundir al pueblo y a legitimar un nuevo pronunciamiento golpista,
posiblemente acompañado de intervención extranjera.
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La invasión de los paramilitares fue sólo uno de los
episodios de un plan mayor estadounidense que persigue el dominio sobre los
recursos naturales y la mano de obra de América Latina mediante un corredor
estratégico llamado Plan Puebla-Panamá, que utilizaría a México y América
Central como un puente hasta una Colombia ocupada por bases estadounidenses,
que a su vez sería usada, dentro del llamado Eje del Pacífico, como país halcón
contra los planes de integración y revolución latinoamericana. Para ello es
indispensable un desproporcionado gasto militar. En mi libro La Paz con Colombia
señalo que la Hermana República mantenía
459.687 efectivos en su Presupuesto de Defensa para 2007 y gastaba unos
22.000 millones de dólares en gastos bélicos, un 6,5% de su PIB (Caracas,
Minci, 2010). En artículo del 11 de mayo de 2012 en Aporrea, señala José
Gregorio Piña que “en el quinquenio 2006-2010 los gastos militares de Venezuela
fueron el 10,7% del total de países de la UNASUR, mientras que los de Colombia
en el mismo lapso fueron el 17% de ese total; es decir, que Colombia gasto 59%
más que Venezuela; no es la resta entre ambos porcentajes, sino la proporción
entre ambos porcentajes. En términos de los respectivos PIB, Colombia gastó
174% más que Venezuela, es decir, casi el triple”.
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La invasión de los paramilitares fue el prólogo de la aplicación
de ese poderío armamentista en acciones
de mayor magnitud, como la agresión de Colombia
contra Ecuador con apoyo y dirección de Estados Unidos en 2008, y las
operaciones de espionaje e intervención planeadas por el presidente Uribe
contra Ecuador, Venezuela y Colombia en la llamada Operación Orión, que el
ministro Tarek el Aisami documentó en la Asamblea Nacional en 2011.
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La invasión de los paramilitares es silenciosa. En su país
de origen, nadie reconoce oficialmente su existencia ni admite la extensión de
sus poderes. En Venezuela, gran parte de los medios privados ocultó su
presencia con un apagón comunicacional. Cuando una cadena nacional reveló su
existencia, la disimularla alegando que se trataría de un montaje noticioso.
Ahora imponen sobre la agresión y sus secuelas un interesado olvido.
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La invasión de los paramilitares prosigue. La delatan la
multiplicación de denuncias sobre cobros de peaje y alcabalas en estados
fronterizos dominados por la oposición. La progresión de señalamientos de su
presencia en otras regiones, hasta las colindantes con la Guayana Esequiba. El
crecimiento del sicariato, que cuenta ya dos centenares de víctimas entre los
dirigentes agrarios y decenas entre los sindicalistas urbanos. La
multiplicación de crímenes horrendos, con agravantes de ensañamiento y detalles
macabros, que parecieran no tener otro fin que sembrar el pavor en la población
y sugerir que las autoridades son incapaces de contenerlos. La progresiva
suplantación de nuestra hampa artesanal por una delincuencia organizada con
disciplina, armamento y financiamiento militar.
La proliferación de industrias en las cuales invierten narcos y
paramilitares: bingos, casinos, prostitución, transporte y comunicaciones (El
Tiempo.com, 2 -6- 2005). Como explica Darío Azzellini en entrevista con Marcelo
Collussi: “En una primera fase ese paramilitarismo colombiano comenzó a
penetrar Venezuela desde el punto de vista económico. De hecho tiene el control
de muchos sectores aquí, con fincas y toda una logística que le permite tener
lugares seguros para actuar y replegarse cuando es el momento. En territorio
nacional controla el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, y eso
es un negocio muy grande. Controla el narcotráfico, y se puede suponer, a
partir de los datos que han ido saliendo a luz recientemente, que controla
también el contrabando de alimentos. Si tienen ya montada la estructura para el
contrabando de la gasolina, pueden aprovechar eso perfectamente para
contrabandear cualquier otra cosa, alimentos para el caso. Y con eso,
justamente, se ve el perfil desestabilizador que habría en ese contrabando: se
provoca el desabastecimiento, lo cual ayuda a la ingobernabilidad en Venezuela.
De hecho, en Colombia los paramilitares tienen el control de una buena parte
del acopio de leche. Por ello es que podría deducirse que en el actual
desabastecimiento de la leche en Venezuela estarían estas organizaciones,
manejándose con un criterio político en definitiva. Además de eso, se dan otros
fenómenos del paramilitarismo colombiano dentro de territorio venezolano, como
por ejemplo la colaboración con ganaderos. Muchos de los sicarios responsables
de las muertes de líderes campesinos de Venezuela (186 desde el año 2001 cuando
aparece la Ley de Tierras) son colombianos. Y eso es muy fácil de saber, porque
simplemente se los identifica por su acento. Hay muchos testimonios al
respecto. Se sabe de la presencia de paramilitares colombianos en Venezuela,
aunque todavía no estén actuando como formaciones armadas tal como hacen en
Colombia. De momento los asesinatos que provocan son selectivos, y actuando en
grupos pequeños, de dos o tres personas. No son las masacres enormes como
habitualmente hacen en Colombia (Argenpress: “Venezuela ante la encrucijada
militar”, 22-2-2008).
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La invasión de los paramilitares prefigura lo que sería un gobierno de la
oposición que los importó. Incapaz de acceder al poder por vía electoral, lo buscaría por golpe de
fuerza como en abril de 2002, por invasión extranjera como en 2004 o por combinación de ambos. Para
sostenerse recurriría a los más brutales
expedientes de la cultura de la muerte. Pactos con el diablo o con paramilitares convierten al lacayo en amo.
Gobierno que se sirve del paramilitarismo concluye sirviéndolo. El
paramilitarismo es una ideología, pero también una sociología, una economía,
una política. Las industrias infames del paramilitarismo, narcóticos, juego,
prostitución, extorsión y sicariato dominarían la vida nacional. Un poder
divorciado de las mayorías las reprimiría en exclusivo beneficio propio.
Políticos y Estado no representarían al pueblo, sino a la violencia ilegal que
intentaría aniquilarlo. La riqueza de Venezuela sería repartida como botín de traficantes. Mandadero de poderes
mayores, el paramilitarismo abriría la puerta a las bases militares
extranjeras. Venezuela devendría país ocupado. La resistencia popular iniciaría
una guerra de liberación que sólo concluiría con la victoria.
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La invasión de los paramilitares no es tema para el
recuerdo, sino para la previsión, la acción y la constante alerta.
