Boaventura de Sousa
Santos
La suerte está echada y nada puede hacerse para evadir la
pregunta que flota en el ambiente: ¿Portugal es un negocio o una democracia?
Para el Gobierno y sus satélites, Portugal es un negocio. A pesar del escándalo
de las contribuciones a la seguridad social (TSU) [1], la confiscación de un
salario más a los trabajadores portugueses y su transferencia a los
empresarios, lo más grave e irreversible que está sucediendo tiene que ver con
las privatizaciones y los negocios internacionales que éstas propician. El
intermediario de estos negocios se llama Antonio Borges, un agente opaco, como
todos los agentes-sombra. Al contrario de lo que parece, no es un intermediario
neutral y mucho menos un atento cuidador de los intereses nacionales. Es un
agente de Goldman Sachs con pasaporte portugués. Su principal negocio es la
venta de activos nacionales a precio de saldo, aunque también está interesado
en entregar a Monsanto la producción agrícola transgénica y a otras
multinacionales los recursos naturales del país. Si tuviera el poder y la
oportunidad, este hombre causaría un daño inmenso a Portugal. >> Leia em
Português
Este es el primer peligro al que los portugueses se
enfrentan. El segundo es tratar de neutralizar el primero a través de la
dimisión del actual Gobierno y del nombramiento de un gobierno de salvación
nacional liderado por un tecnócrata, tipo Lucas Papademos en Grecia o Mario
Monti en Italia. Los portugueses están en la calle tras el estado de shock en
el que otra dosis de medidas de austeridad los sumió. Como los griegos y los
españoles, se están dando cuenta de que estas medidas dan resultados opuestos a
los que proclaman y no ofrecen otra alternativa que medidas aún más gravosas.
En vista de ello, el Gobierno, con su indescriptible
insensibilidad social, ha perdido apoyo y legitimidad entre los portugueses. El
país pronto podría volverse ingobernable. Los portugueses están en una
situación de emergencia que puede situarlos más allá de la división entre
izquierda y derecha, lo que, sobre todo en el contexto portugués, es preocupante.
La tentación puede ser buscar garantizar la estabilidad a toda costa,
recurriendo a un gobierno de salvación nacional. No funcionará, como no
funcionó en Grecia (en Italia se hizo antes de la troika y el resultado es
incierto). El nuevo gobierno dará continuidad al memorando de la troika y los
problemas de fondo volverán con la misma intensidad.
La solución a estos peligros tiene que venir de dos
ejercicios normales, pero exigentes con las instituciones democráticas. Lo
quiera o no, el Presidente de la República estará en el centro de ambos. El de
más corto plazo está relacionado con el próximo presupuesto general que, si
contiene las medidas anunciadas, será ciertamente inconstitucional. Compete al
Tribunal Constitucional (TC) hacer ese control a solicitud de una fiscalización
preventiva. Si el TC opta por la inconstitucionalidad, Borges, Gaspar [2] y sus
acólitos tendrán que prestar cuentas ante sus patrones internacionales, pero
los portugueses sabrán que es bueno tener tribunales independientes y que ello
sólo es posible en democracia. Y también quedará patente que las instituciones
no se dejarán chantajear por los golpes bajos de la troika, que no ha dispuesto
el último tramo de financiamiento hasta la discusión del presupuesto, a pesar
de haber aprobado el desempeño del Gobierno.
El segundo ejercicio son las elecciones anticipadas. Más
tarde o más temprano, los portugueses deberán ser llamados a pronunciarse sobre
la actual situación del país y las propuestas de gobierno sometidas al sufragio.
Con todo, las instituciones europeas ven con preocupación el aumento de la
protesta social en la zona euro y recomiendan la renovación de los consensos.
La misma troika reclama que su recetario cuente con apoyo social. ¿Pero existe
consenso en cuanto a la continuidad de la austeridad inscrita en el memorando?
No hay otro modo de saberlo en democracia que no sean las elecciones.
Esta solución es particularmente exigente porque las
elecciones sólo tendrían sentido si los partidos estuvieran preparados para
ellas y tuviesen soluciones creíbles para el descalabro al que este Gobierno
condujo al país. Dos condiciones parecen indispensables. Por un lado, un
entendimiento de convergencia con incidencia pre o poselectoral entre el
Partido Socialista (PS), el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista
Portugués (PCP); o, si ello no fuese posible, entre el PS y uno de estos dos
últimos. Por otro lado, bases programáticas de convergencia que muestren a los
portugueses las posibilidades concretas de recuperar la dignidad del país.
Irónicamente, la segunda condición, siendo más compleja, es
la que más avanza en este momento, plasmándose en la amplia convergencia de
fuerzas democráticas que sustentan el próximo Congreso Democrático de las
Alternativas y en las bases programáticas que de él pueden surgir. Los partidos
tendrán ahí una buena base de trabajo.
Ambos ejercicios presuponen la desobediencia democrática al
memorando de la troika pues, como he venido sosteniendo, la democracia
portuguesa no sobrevivirá a su pleno cumplimiento.
Notas
[1] La Taxa Social Única (TSU) es la contribución mensual
pagada a la Seguridad Social por el empleador y los trabajadores.
[2] Vítor Gaspar es ministro de Estado y de Finanzas del
actual Gobierno de Portugal.
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| Traducido por Antoni Jesús Aguiló & José Luis Exeni Rodríguez |
