Salim Lamrani |
Especial para La Página
|
El gobierno socialista de François Hollande se
apresta a adoptar por vía parlamentaria el Pacto Presupuestario Europeo,
también llamado Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) el
cual, además de instaurar definitivamente una política de austeridad, atenta
contra la independencia de Francia, que ya no podrá decidir soberanamente sobre
su presupuesto nacional
La Francia de François Hollande, está a punto de
ratificar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) impuesto por
la Alemania de Angela Merkel y adoptado a nivel europeo. Este texto introduce
la llamada “regla de oro”, en adelante obligatoria para todos los países
miembros de la Eurozona, e instaura de facto una política de austeridad,
impidiendo que los Estados presenten un presupuesto con un déficit superior al
0,5% del Producto Interior Bruto.[1]
Adoptado el 2 de marzo de 2012 por Nicolas
Sarkozy y otros 24 dirigentes europeos, el TECG se someterá pronto al
Parlamento francés dominado por el Partido Socialista, mediante un
procedimiento de mayoría simple de las dos asambleas, sin que el tratado se
haya modificado en ningún aspecto. La regla de oro se transformaría entonces en
ley y prohibiría todo déficit público, so pena de graves sanciones por parte de
la Unión Europea.[2]
Más grave aún, Francia pierde gran parte de su
soberanía con el TECG. El Parlamento francés tendrá que someter, de modo
obligatorio, su presupuesto anual a la Comisión Europea, ninguno de cuyos
miembros salió por sufragio universal, que podrá realizar los arbitrajes que
juzgue necesarios, sin tener que rendir cuenta alguna a los ciudadanos, y por
lo tanto decidirá el futuro de la nación. Así, el TECG hace obligatoria la
aplicación de las políticas de austeridad en Europa, sin que se pueda explorar
ninguna vía alternativa.[3]
Para Francia, mientras que el país se encuentra
al borde de la recesión y que convendría lógicamente inyectar fondos en la
economía, el regreso al equilibrio presupuestario que impone el TECG, que
implica volver a un déficit de un 3% en 2013, significa que 33.000 millones de
euros que redistribuye el Estado tienen que sacarse de la economía nacional.
Eso sería válido sólo si se confirmasen las hipótesis de crecimiento de
alrededor del 1%, lo que no parece que será el caso, por lo que en realidad
supone que el Estado reducirá inevitablemente sus gastos públicos, lo que
tendrá un impacto social.[4]
Del mismo modo, para alcanzar el equilibrio
presupuestario en 2017, como se comprometió el presidente francés François
Hollande, habría que retirar 60.000 millones de euros de la circulación
económica. L o que equivale a la
mitad de la suma que prevé el Plan de Reactivación, de 120.000 millones de
euros (inferior al 1% del PIB europeo), que adoptó la Unión para todos los
países de la Eurozona, destinado a estimular el crecimiento.[5]
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se
destina oficialmente a brindar ayuda a los países en dificultades. No obstante,
sólo concierne a las naciones que adoptaron el TECG. Se trata en realidad del
medio que utilizan los partidarios del neoliberalismo, abanderados por Angela
Merkel, para imponer políticas de austeridad que además de tener graves
consecuencias sociales en las poblaciones son económicamente ineficaces.[6]
En efecto, dondequiera que se aplicaron los
planes de austeridad, sea en Grecia, Italia, Irlanda, Portugal o España, la
crisis de la deuda, lejos de desaparecer, se ha agravado y las condiciones de
vida de los habitantes se han deteriorado considerablemente, con un explosión
del desempleo y una destrucción organizada del sistema de protección social y
del Estado del bienestar.
Los ejemplos más emblemáticos son Grecia y
España, donde se impusieron por la fuerza esas recetas de choque. Los
resultados son catastróficos desde el punto de vista político, económico y
social.
Así en Grecia, tras la aplicación de nueve
planes de austeridad con un alza masiva de los impuestos, entre ellos el IVA, un
alza de los precios, una reducción de los salarios (¡hasta un 32% del salario
mínimo!) y de las pensiones de retiro, un retraso de la edad legal de la
jubilación, destrucción de los servicios públicos de primera necesidad como la
educación y la sanidad, supresión de las ayudas sociales y privatización de los
sectores estratégicos de la economía nacional (puertos, aeropuertos,
ferrocarril, gas, agua, petróleo) la producción cayó un 20%, explotó el
desempleo y la crisis de la deuda empeoró. En efecto, hoy ésta es superior a lo
que era antes de la intervención de las instituciones financieras
internacionales en 2010.[7]
Tras el desastre griego causado por las
políticas de austeridad de la Troika (Banco Central Europeo, Unión Europea y
Fondo Monetario Internacional), ahora es España la que se encuentra al borde
del abismo. Se ha aplicado por la fuerza al pueblo español la misma terapia de
choque con las mismas consecuencias desastrosas. El gobierno de Mariano Rajoy
ha impuesto a los ciudadanos “un plan de rigor colosal” según el diario
económico francés La Tribune, con una disminución de los gastos de 102.000
millones de euros hasta 2014: reducción drástica del número de funcionarios, de
los presupuestos de educación y sanidad y disminución de los salarios, alza de
los impuestos incluido el IVA y reducción de las prestaciones familiares, de
los subsidios de desempleo y de las pensiones de jubilación entre otras. Todo
ello en un país golpeado por una tasa de desempleo record del 25%, con una
explosión de la pobreza. Por su lado la Comisión Europea, lejos de preocuparse
de las consecuencias sociales y humanas que engendran estas medidas, “se
congratula de la adopción de España del plan plurianual”.[8]
El TECG, que impone políticas de austeridad como
única norma posible, está condenado al fracaso y agravará inevitablemente la
crisis económica en Europa, ya en plena recesión. En efecto, el concepto de la
“regla de oro” resulta dudoso ya que al reducir la capacidad de endeudamiento
de los Estados les priva de toda posibilidad de realizar inversiones que
estimularían el crecimiento. Las consecuencias sociales ocasionarán una crisis
política de envergadura cuyo desenlace nadie puede predecir, en un contexto de
resurgimiento de la extrema derecha en todo el continente.
El gobierno socialista de François Hollande
tiene la obligación moral de someter el TECG al pueblo por referéndum después
de un amplio debate público. Está en juego el porvenir de la democracia en
Francia, ya sensiblemente quebrantada por la adopción por vía parlamentaria del
Tratado de Lisboa en 2007, mientras que el pueblo lo había rechazado dos años
antes por referéndum.
Notas
[1]Unión Europea, 2012. «Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance» (sitio consultado el 29 de agosto de 2012).
[1]Unión Europea, 2012. «Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance» (sitio consultado el 29 de agosto de 2012).
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Jean-Luc
Mélenchon, «Discours de Jean-Luc Mélenchon en clôture
des estivales citoyennes du Front de Gauche», Le Parti de Gauche, 26 de
agosto de 2012. (sitio consultado el 29 de agosto de 2012).
[5] Ibid.
[6] Conseil de
l’Europe, «Le CADTM dénonce la campagne de
désinformation sur la dette grecque et le plan de sauvetage des créanciers
privés», 2012. «Mécanisme européen de stabilité», (sitio consultado el 29 de agosto de 2012).
[7] Comité pour
l’Annulation de la Dette du Tiers monde (CADTM), , 10 de
marzo de 2012. (sitio consultado el 29 de
abril de 2012).
[8] La Tribune, «L’Espagne s’impose un plan de rigueur colossal», 3 de agosto de 2012. |
| Salim Lamrani |
Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular en la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
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