Alberto Garzón
Espinoza
Diputado
de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados de España
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| Especial para La Página |
Desde hace unas semanas el Gobierno ha venido incrementando
la agresividad en su estrategia de criminalizar la protesta social, preparando
así el terreno para la convocatoria del 25 de septiembre. Sin ir más lejos la
semana pasada la policía identificó a todas las personas presentes en una
asamblea en el parque del Retiro, en Madrid. Un día antes detuvieron a cuatro
activistas simplemente por portar una pancarta que aludía a la mencionada
manifestación. Incluso el Gobierno llegó a dar orden al fiscal para imputar
preventivamente a ocho activistas por organizar una supuesta y futura actividad
delictiva (que paradójicamente después fue legal). Ya la delegada del Gobierno
lo había advertido al reconocer en televisión la existencia de listas negras
con nombres -de hasta mil personas, aseguró- que iban a “casi todas” las
manifestaciones.
En ese contexto era complicado imaginar cómo se
desarrollaría una manifestación que, aunque legal y pacífica, no estaba exenta
de controversia. La convocatoria había cambiado de formato y objetivo en varias
ocasiones y ello generó bastante confusión incluso allí donde hubiera sido
lógico un recibimiento muy positivo. Finalmente se acordó un programa muy
sensato y en la línea de las conocidas movilizaciones del 15-M. Ello permitió que,
muy a pesar de los intentos de criminalización, muchos colectivos y desde luego
ciudadanos a título individual definitivamente se sumaran.
El objetivo más compartido por los manifestantes fue
sencillamente el de exigir democracia. No es algo menor, pues se da
precisamente en un momento histórico en el que nuestro gobierno se está
limitando a obedecer el mandato de instancias no democráticas, como la troika,
y con consecuencias que sufrimos duramente como ciudadanos.
Precisamente por compartir ese objetivo, en torno a las seis
de la tarde todos los diputados del grupo de Izquierda Unida-La Izquierda
Plural nos unimos a la manifestación. El recibimiento fue mayoritariamente
favorable, con aplausos y abrazos, si bien también hubo algunas personas –que se
identificaron posteriormente como militantes de UPyD- que nos pitaron. Y allí
estábamos porque compartíamos las denuncias que hacía la convocatoria y también
porque además de diputados somos ciudadanos empobrecidos y estafados por el
tándem formado por los distintos gobiernos españoles y el gran poder económico
que se encuentra detrás.
Fuera del Congreso comprobamos cómo durante toda la
manifestación la policía, obedeciendo órdenes del Gobierno, restringió derechos
fundamentales de forma sistemática. Compartimentó el centro de Madrid para
separarnos a los manifestantes e intentar ponernos nerviosos; en muchos casos
centenares de personas quedaban atrapadas por dispositivos policiales que no
daban ninguna explicación de lo que estaba ocurriendo.
Finalmente y en torno a las ocho de la tarde llegaron
decenas de furgonetas de la policía con objetivo de cortar las calles del
centro de Madrid. Y se hizo con desproporcionada violencia. La policía nos
empujaba bruscamente a todos con objeto de, según decían, “limpiar la calle”.
No se salvaba nadie: manifestantes, periodistas, cargos públicos, turistas…
todos fuimos expulsados de las calles del centro hacia el Paseo del Prado. Y ya
allí la policía comenzó duras cargas con las que consiguió disolvernos del
todo.
El balance final, desolador. Muchos heridos y detenidos en
una manifestación que fue en todo momento pacífica, exceptuando algunos
incidentes aislados de autoría confusa, y que reflejaba la frustración de una
ciudadanía que sufrimos los efectos de la crisis y de unas políticas que no
hemos validado a través de ninguna institución o mecanismo. El Gobierno ha
decidido responder a un problema político con represión policial, y eso no es
sino una injusta e ineficaz huida hacia delante que sólo conseguirá empeorar
las cosas.
