Miguel
Manzanera Salavert / En el último minuto, tras tres meses de
negociaciones, las fuerzas soberanistas catalanas han llegado a un acuerdo para
investir al nuevo Presidente de la Generalitat, el alcalde convergente de
Gerona, Carles Puigdemont. Este acuerdo
permite estabilizar la frágil situación política en Cataluña, con consecuencias
decisivas en el Estado español; es por tanto una buena noticia para la
izquierda, que hubiera tenido dificultades para repetir sus resultados de las
últimas elecciones, caso que las autonómicas tuvieran que repetirse,
arrastrando probablemente a las elecciones generales en el Estado español. Es además una buena noticia para la democracia, porque demuestra la capacidad de diálogo de las fuerzas políticas presentes en Cataluña, y se refuerza el proyecto soberanista como un proceso democrático con participación popular. El objetivo del nuevo gobierno catalán es alcanzar un nuevo orden político, la República de Cataluña, a través de un proceso de recuperación de la soberanía nacional, perdida en la Guerra de Sucesión en los principios del siglo XVIII.
El acuerdo catalán llega en un momento de extrema debilidad del Estado monárquico, tocado por la crisis económica y la corrupción política, y condiciona el panorama político en el Reino de España. Por tanto, tiene consecuencias inmediatas en las decisiones políticas que tomará la oligarquía española y los partidos que la representan: PP, PSOE y Ciudadanos, están obligados a pactar, presentando un frente españolista para interrumpir el proceso de desconexión de Cataluña. Al mismo tiempo, imposibilita un acuerdo entre PSOE y Podemos que relativice los derechos de autodeterminación de los pueblos peninsulares, como sucedió en la transición del franquismo al juancarlismo en los años 70 del siglo pasado.
Por otra parte, ese acuerdo parece necesario para conseguir
una cierta estabilidad política en un momento de ascenso de la extrema derecha
en toda Europa. Frente a esas corrientes autoritarias y xenófobas, las Candidaturas d’Unitat
Popular (CUP, una fuerza anticapitalista de izquierda republicana), han
demostrado una profunda coherencia democrática. En primer lugar, al prolongar
el debate interno y someter la decisión política a la opinión de los militantes
expresadas en las asambleas; en segundo lugar, siendo consecuentes con sus
promesas electorales de combatir la corrupción del Estado, encarnada en
Cataluña por el partido de la burguesía (Convergència
Democràtica de Catalunya, CDC) y especialmente por sus cuadros dirigentes
ligados a la familia Pujol.
El coste político de ese acuerdo para las CUP ha sido
varios: a) la división interna que puede generar peligrosas luchas intestinas;
b) la cesión de autonomía e independencia, ya que las decisiones de la fuerza
anticapitalista pasarán a depender del pacto soberanista; c) la pérdida de
algunos dirigentes, que parecen haberse quemado en el proceso, y otros que
tendrán que abandonar sus puestos ante el pacto con los soberanistas. Estos costes no serán graves obstáculos, si
se saben manejar.
Cierto que ese debate interno ha generado crispaciones y
enfrentamientos, y especialmente han aparecido dos líneas contrapuestas que
priorizan respectivamente la transformación social de las estructuras
económicas liberales, los primeros, y la ruptura política con el Estado
capitalista español, los segundos. Las
dos son complementarias y eso explica la unidad de las dos corrientes en una
sola fuerza política; es de esperar que esa sintonía prevalezca sobre las
tendencias centrífugas que descompondrían la organización. Pero ahora se
trataba de saber cuál de las dos líneas había de prevalecer en la actual
coyuntura política. El punto de equilibrio se situó en la aceptación del pacto
con CDC y ER (Esquerra Republicana),
a cambio de nombrar otro Presidente de la Generalitat.
La cesión de autonomía es natural en los compromisos
políticos que son necesarios para el gobierno de una sociedad. Pero una fuerza
anticapitalista debe saber que solo la hegemonía de la clase trabajadora
consciente en el bloque histórico, puede hacer posible la transición hacia otro
modelo de sociedad. Estamos muy lejos en Europa de alcanzar esa hegemonía
obrera; por el contrario, a través de las fuertes corrientes de extrema derecha
que se desarrollan en el panorama político europeo y mundial, se afianza una
peligrosa hegemonía de la oligarquía financiera capitalista. Por tanto, se debe
reflexionar cuidadosa y colectivamente la mejor forma de combatir el fascismo y
avanzar hacia la hegemonía de las clases populares. La experiencia histórica
del siglo XX nos muestra que los Frentes Populares son el mejor medio para
luchar contra las corrientes reaccionarias; es decir, se debe buscar la alianza
con las fuerzas democráticas de la sociedad, pertenecientes a la pequeña y
mediana burguesía.
Respecto del tercer aspecto de los costes, el recambio de
dirigentes políticos es algo normal en una democracia participativa, si bien
estamos acostumbrados a entender la democracia en sentido liberal, donde la
política es una profesión de especialistas entrenados para el gobierno sin
consultar al pueblo. Justamente lo que está en juego en Cataluña es la
posibilidad de superar una democracia de baja calidad como es el Reino de
España, con numerosos agujeros legales por donde se cuela la corrupción, y con
frecuentes tics autoritarios por parte de los poderes constituidos, consentidos
por la propia ciudadanía acostumbrada a las estructuras políticas
clientelistas.
Alcanzar un nuevo orden económico socialista exige tener
instrumentos políticos democráticos para la ordenación social; se hace
necesario un sistema de poderes con carácter republicano, donde la
participación política sea la regla y no la excepción. Con esto se hace
evidente que la República de Cataluña es un primer paso necesario para el
afianzamiento de la hegemonía socialista en todo el Estado español. Esperemos
que cunda el ejemplo.
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