Hugo Guzmán & Héctor Areyuna
Contratos de Operación Especial permitirían grandes
consorcios la explotación del mineral, el cual ya es vendido por SQM, la
empresa de Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet.
La posibilidad de que durante este año se autoricen
contratos de operación a empresas trasnacionales y grandes consorcios, se
advierte como una posibilidad de que este recurso natural sea privatizado. Mediante
esa concesión, empresas privadas y extranjeras podrán explotar 100 mil
toneladas en 20 años. Está calculado que Chile tiene una reserva de 7 millones
500 mil toneladas y se encuentra en el salar de Atacama.
El litio chileno es considerado de altas propiedades y de
bajo costo de explotación. Las ganancias por su venta pueden llegar a varios
miles de millones de dólares. Por ello desde varios sectores se alertó que si
se esto queda en manos privadas, la ciudadanía no recibirá los beneficios del
recurso natural del suelo chileno. En Atacama, organizaciones civiles y
comunales están exigiendo que se consulte sobre los mecanismos para la
explotación del litio.
El tema se torna más sensible cuando se sabe que una de las
grandes empresas privadas que actualmente produce y vende el litio es SQM, la
ex Soquimich, de la cual es dueño Julio Ponce Lerou, quien fue yerno de Augusto
Pinochet, tiempo en que se hizo propietario del consorcio.
Y además, Patricio Solminihac, gerente de SQM, es hermano
del ministro de Minería, Hernán Solminihac. Para algunos legisladores, esto
entra en el plano de conflicto de interés.
Varias empresas estadounidenses y asiáticas están
interesadas en el proceso de privatización o concesión del litio chileno. Hay
que decir que el litio tiene utilidad en proyectos termonucleares, en la
fabricación de pilas y baterías, en medicinas para trastornos mentales y
psicológicos, en la industria automotriz, en la fabricación de aluminio y de
equipos de aire acondicionado. Chile, según distintos estudios, posee entre el
40 y el 47 por ciento del litio del mundo, es decir, es un país clave en cuanto
a la producción, venta y uso de este mineral.
Los llamados Contratos Especiales de Operación que
permitirían la entrada de más empresas privadas y trasnacionales a la
explotación del litio, son efecto de la agenda de impulso de la competencia que
instaló el gobierno de Sebastián Piñera, y es considerada por especialistas y
economistas como una herramienta privatizadora, incluidos recursos naturales del
país.
Lo que ocurre en Chile es distinto, por ejemplo, a lo que
sucede en naciones como Bolivia, donde el litio está en manos estatales a
través de la Corporación Minera de Bolivia. Hay informes que hablan de que el
Estado chileno está recibiendo sólo el siete por ciento de las ventas anuales
de litio, lo que equivaldría a unos 350 millones de dólares. Como sea, en los
próximos meses se podrían concretar la entrada de poderosos privados a este
sector, quedando, como ocurre por ejemplo con el cobre, desplazado el Estado
chileno.
Inconstitucionalidad
de las concesiones
El economista Julián Alcayaga comentó a Radio Universidad de
Chile que los contratos sobre los cuales el gobierno pretende privatizar el
litio son inconstitucionales. Por lo mismo, el presidente de la ONG Recuperemos
el Cobre de Chile pidió la intervención de los parlamentarios para que
concurran al Tribunal Constitucional y soliciten la ilegalidad de este
mecanismo de concesión.
Alcayaga afirmó que el Gobierno quiere privatizar el litio a
través de un Decreto Supremo del Código de Minería, siendo que la prohibición
de entregar este recurso a las empresas privadas está en la Ley Orgánica
Constitucional. Además, el dirigente del Comité de Defensa del Cobre afirmó que
este recurso es estratégico a futuro, y que el tiempo estipulado en los
Contratos Especiales de Operación de Litio contempla este elemento para su
privatización.
“El problema es que llevamos más de 20 años de gobiernos que
han entregado nuestros recursos naturales a empresas extranjeras. El cobre es
el caso más grave, puesto que esa sí que es una riqueza importante. El litio
puede ser importante de aquí a 15 o 20 años. Hoy no lo es desde el punto de
vista económico. Representa menos del uno por ciento de las exportaciones. El
Gobierno quiere asegurarse y entregar ahora el litio en un contrato a 20 años,
justamente porque dentro de 10 o de 3 o 4 años el litio va a ser un recurso
económico muy importante”.
Por ello es que Alcayaga propuso que las empresas extranjeras
y privadas participen en la extracción y explotación de este recurso, pero sólo
si el litio es industrializado en nuestro país.
“Si se llegara a
entregar a empresas extranjeras, sólo se puede justificar si fabrican en Chile
las baterías de litio y todo producto que salga de este mineral, pero que se
fabrique aquí. No sacar el litio como materia prima hacia afuera. Ahí sí
tendría alguna justificación los contratos especiales. Solamente si las
empresas extranjeras industrializan el litio en Chile”, afirmó el
economista.
Por su parte, Martín Pascual, cientista político del Centro
de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, (Cenda) señaló que “el litio está recién siendo utilizado en su
plena potencialidad, tal como las baterías de automóviles y en proceso
innovadores como dispositivos de energías renovables no convencionales”. Pascual
añadió que “las grandes reservas que
tiene Chile permitirían generar un elemento de desarrollo estratégico”.
Además, el coordinador del Cenda auguró un futuro similar
para el litio con lo que ocurrió con el cobre, también mediante las concesiones
de explotación del mineral. “Está en la
misma dirección. El cobre hoy está siendo explotado en más de un 70 por ciento
por empresas privadas y eso se ha hecho sobre la base de las concesiones, es
decir, no se ha eliminado el elemento constitucional que permitió la
nacionalización del cobre y, en este caso, se quiere una fórmula parecida. El
litio está señalado como una reserva estratégica a cargo del Estado chileno,
pero por la vía de las concesiones se le busca privatizar”, aseguró.
Pascual indicó que la fórmula de entregar las concesiones a
20 años es una privatización de un patrimonio del Estado chileno y sentenció
que el nuestro país sí tiene la capacidad de extraer y explotar este recurso.
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