Gustavo Márquez Marín
En julio de 2014 el Presidente Maduro afirmó que “más de
3000 empresas han sido retiradas de CENCOEX por estar inmersas en investigación
por mal uso de las divisas” y recientemente reiteró que dicho organismo “no ha
funcionado al ritmo y al nivel requerido”. Se infiere que los mecanismos
sustitutos de CADIVI tampoco han sido eficaces para impedir la fuga de
capitales y la corrupción, mientras la economía entró en recesión y la
inflación trepó hasta 63% en 2014.
La sobrevaluación prolongada de la moneda estimula el
surgimiento de una economía subterránea basada en la especulación cambiaria,
que tiende a sustituir a la economía real, provocando una distorsión sistémica
que combina la inflación con el estancamiento. El desequilibrio cambiario
podría comenzar a superarse con la aplicación de una política que apunte a la
unificación del tipo de cambio, previo acuerdo con Colombia para que le ponga
fin al sistema cambiario dual (peso/bolívar) que origina el “dólar Cúcuta” o
paralelo que es el referente de la mayoría de los precios.
Una recuperación económica sustentable pasa por transformar
el modelo de acumulación exógeno por un nuevo modelo de acumulación con enfoque
endógeno, que convierta la renta petrolera y el ahorro interno en inversión
productiva generadora de bienes y servicios competitivos en calidad y precio en
el mercado internacional.
En estos tiempo de caída de los ingresos petroleros, es
urgente ponerle un “cortafuego” a la fuga de capitales, a través de una reforma
financiera que le otorgue al Estado el manejo exclusivo de las transacciones
comerciales externas, concretamente a través de BANCOEX, que es una institución
financiera pública legalmente hábil para la intermediación en divisas y
bolívares, con experiencia y capacidad de aseguramiento de operaciones de
comercio exterior. De esa manera, los usuarios asumirían el riesgo cambiario,
nunca manejarían directamente las divisas asignadas y dicho banco se ocuparía
de hacer la gestión financiera de las importaciones o exportaciones,
articulándose con la banca nacional pública y privada, los bancos
corresponsales internacionales y el SENIAT, para garantizar un control efectivo
de la corrupción y de la desviación de las divisas.
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