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| Gradina din Valeni @ Nicolae Tonitza |
El 27 de abril, el gobierno rumano encabezado por Mihai
Răzvan Ungureanu cayó tras una moción de censura aprobada con 235 votos a
favor, 9 en contra y 4 votos anulados. Según la agencia Mediafax, tras el
anuncio del desplome del Gobierno, el curso del cambio a leu/euro alcanzó su
máximo histórico con 4,4010 lei por 1 euro. Mihai Tănăsescu, el representante
de Rumanía en las negociaciones con el FMI declaró entonces que se suspendían
las negociaciones [1]. Mihai Răzvan Ungureanu, el ex primer ministro, fue
nombrado tras las protestas del mes de enero que se llevaron por delante al
gobierno representado por Emil Boc. El detonante en aquellas protestas fue la
nueva Ley de Privatización de los Servicios para la Salud. No obstante, el
cambio protagonizado durante el mes de enero se resumía a un gesto estético: la
sustitución del antiguo primer ministro, Emil Boc, por una figura joven, un
tecnócrata. Mihai Răzvan Ungureanu encarnaba a la perfección el cambio de aires
del momento: colocar en los gobiernos a «expertos» dóciles ante las agendas del
FMI.
Aún así, el maquillaje del gobierno no silenció el descontento general. Las protestas del mes de enero apuntaban hacia algo más que un cambio de figuras políticas que impusieran, con la misma arrogancia paternal, las agendas de recortes. Se había reclamado un cambio de rumbo del país y que Rumanía dejara de ser el parque temático del FMI. (En 2011, Elena Udrea, en aquel momento ministra de Turismo exclamaba con orgullo que, en Europa, «Rumanía era el alumno modelo del FMI»). Tras la noticia, el presidente de Rumanía, Traian Basescu, nombró a Victor Poanta, el actual líder del partido social-demócrata, para formar el nuevo gobierno, que cuenta con el apoyo de la unión social-liberal. De este modo, el PSD y la USL pasarían a formar la mayoría constituyente del nuevo gobierno. Entre las propuestas que figuran en la agenda de USL [2], que ya se presentaron al gobierno del antiguo ministro en el mes de febrero, se prevé que los funcionarios vuelvan a percibir el sueldo que cobraban antes de los recortes, se establezca el salario mínimo en 850 lei (215 euros), se asuma un nivel de déficit del 3%, se reduzca el IVA en los productos agrícolas, se fomente la agricultura ecológica y se imponga una tasa de solidaridad aplicada a las grandes fortunas que se elevaría a un 10%, entre otras medidas. En sus primeras intervenciones, Victor Poantă ha afirmado que la prioridad es restituir el dinero retenido de las jubilaciones desde 2011 y reducir las cotizaciones de los contratistas al sistema sanitario.
Aún así, el maquillaje del gobierno no silenció el descontento general. Las protestas del mes de enero apuntaban hacia algo más que un cambio de figuras políticas que impusieran, con la misma arrogancia paternal, las agendas de recortes. Se había reclamado un cambio de rumbo del país y que Rumanía dejara de ser el parque temático del FMI. (En 2011, Elena Udrea, en aquel momento ministra de Turismo exclamaba con orgullo que, en Europa, «Rumanía era el alumno modelo del FMI»). Tras la noticia, el presidente de Rumanía, Traian Basescu, nombró a Victor Poanta, el actual líder del partido social-demócrata, para formar el nuevo gobierno, que cuenta con el apoyo de la unión social-liberal. De este modo, el PSD y la USL pasarían a formar la mayoría constituyente del nuevo gobierno. Entre las propuestas que figuran en la agenda de USL [2], que ya se presentaron al gobierno del antiguo ministro en el mes de febrero, se prevé que los funcionarios vuelvan a percibir el sueldo que cobraban antes de los recortes, se establezca el salario mínimo en 850 lei (215 euros), se asuma un nivel de déficit del 3%, se reduzca el IVA en los productos agrícolas, se fomente la agricultura ecológica y se imponga una tasa de solidaridad aplicada a las grandes fortunas que se elevaría a un 10%, entre otras medidas. En sus primeras intervenciones, Victor Poantă ha afirmado que la prioridad es restituir el dinero retenido de las jubilaciones desde 2011 y reducir las cotizaciones de los contratistas al sistema sanitario.
Las estatuas de ayer
y los clientes de hoy
Sin embargo, en la calle no se respira un entusiasmo
singular. La población ha recibido la noticia sin demasiadas expectativas. ¿Se
tratará del tradicional pesimismo rumano? Más bien se debe a la
experiencia de los últimos veinte años de democracia reducida a un voto de
valor simbólico y también al distanciamiento de la población de una escena
política fluctuante y que únicamente defiende sus intereses. En Rumanía, la
división derecha/izquierda es vacilante, tanto en lo que se refiere a los
miembros de los partidos, dado el número significativo de «tránsfugos», como a
las agendas políticas. Las estatuas y el culto a la personalidad del ayer han
mutado y a fecha de hoy son los «barones» locales, las élites políticas y
económicas que han instaurado un funcionamiento social basado en el
clientelismo. A nivel gubernamental, el clientelismo ha acompañado la agenda de
privatizaciones de importantes empresas estatales, sin distinción alguna entre
los gobiernos liberales o social-demócratas. La venta de las participaciones
estatales de Petrom a la empresa OMW, en condiciones de mercado, es decir a
bajo precio, se llevó a efecto durante el gobierno social-demócrata dirigido
por el primer ministro A. Nastase. En 2012, el último escándalo de
privatización de recursos lo protagonizó el contrato entre el gobierno rumano y
la empresa Chevron con fines a explotar los yacimientos de gas, mediante
sistemas de perforación que representaban un claro peligro para el medio
ambiente y la población de la zona. A medida que la clase política y económica
se distancia de los intereses de la mayoría, persiguiendo únicamente sus
intereses grupales/partidistas, en muchos casos individuales, el afán por
combatir la corrupción sube el tono. Combatir la corrupción se había reducido,
a fin de cuentas, a una defensa de los intereses de un grupo político frente a
otro. Dicha endogamia de intereses se ha traducido en un alejamiento de la
sociedad de la esfera política. Las últimas elecciones de 2008 marcaron un
profundo declive en la participación electoral rumana. Tan siquiera votó un
39,20% de la población con derecho de voto. En el estudio realizado por el
Instituto de Políticas Públicas de Rumanía en 2009, se consideraba que
únicamente la mitad de los votantes de 1990 (cuando el porcentaje de participación
en las elecciones alcanzó un 80%) mantienen hoy algún interés por votar. Este
dato cuestiona la función representativa de los partidos políticos y su
legitimidad. La población general se ha visto recluida a un mundo paralelo, en
el que su voto no implicaba ningún efecto. El absentismo masivo y crónico ha
provocado una actitud y política de dominación por parte de los partidos, en
una realidad alejada de los intereses de la ciudadanía. La clase política no
percibió el absentismo como «una medida de sanción, una reacción negativa de la
sociedad a la oferta política sin competencia y sin efectos concretos. El
absentismo genera una tendencia que puede afectar de manera grave la esencia de
la democracia, dado que los partidos políticos que llegan a gobernar parece que
se vuelvan autosuficientes, ignorando cualquier señal que llegue por parte de
la sociedad de manera directa o por otra vía.»[3]
A la vez, como muestra del clientelismo directo, cabe
afirmar que existe una diferencia significativa de participación en las
elecciones entre las zonas urbanas y rurales. En las zonas urbanas, el
porcentaje de absentismo es más elevado, dado que la decepción con la esfera
política es mayor. En las zonas rurales, ha aumentado de manera progresiva el
número de votantes desde 1992. La respuesta es un mayor índice de
pobreza en estas zonas, lo que comporta que los votos se puedan comprar más
fácilmente. Los votos se adquieren directamente, con métodos caricaturescos, y
resulta indiferente si los candidatos proceden de partidos llamados de
izquierdas o de derechas: obsequios puntuales a los campesinos, sumas de dinero
o bolsas de alimentos. En las últimas elecciones de 2008, la participación en
las votaciones alcanzó un 35,7% en la zona urbana y un 43,9% en la zona rural,
según este mismo estudio. La reducción de participación al voto se relaciona
con otras estadísticas que contemplan el incremento del nivel de desigualdad y
la desconfianza en las políticas económicas realizadas. En 2007, con la entrada
en la UE, Rumanía mostraba un coeficiente GINI del 0,31 y en 2011 alcanzaba un
0,36. Queda patente, pues, que las medidas económicas tomadas han
funcionado sin un contrato social interno. Con indiferencia del color político,
la distinción social se ha acentuado y, en consecuencia, la gente percibe a la
clase política como una mera administradora de los intereses de una categoría
muy concreta de la población. Resulta elocuente la afirmación del actual
presidente de Rumanía en 2010, que legitimaba el desinterés de la esfera
política por sus conciudadanos: «El Estado no es responsable de cada ciudadano.
Los rumanos deben entender que cada uno es responsable de sí mismo.»
La iglesia y la
política, una relación longeva
A la enemistad de la población con el espacio político se le
suma el creciente papel de la iglesia en la vida pública. La iglesia ortodoxa
mostró incluso en tiempos de la dictadura su colaboración con la Securitate,
sin un protagonismo demasiado visible en la escena pública. A pesar de que
Rumanía es un Estado laico, en los últimos años, la iglesia se ha convertido en
una especie de poder dentro del Estado. En la mayoría de los actos políticos
públicos, se hallan presentes los representantes eclesiásticos. Es más, en
plena recesión económica, en la plena efervescencia de recortes hospitalarios,
el Ayuntamiento de Bucarest ha asignado un presupuesto de 2,5 millones de euros
para construir La Catedral de la Salvación del Pueblo. El programa de Radio
Rumanía Nacional empieza con un Padre Nuestro y la religión ortodoxa, a pesar
de que hasta el día de hoy se consideraba como una asignatura optativa,
actualmente ha pasado a ser de facto una asignatura
obligatoria. Los padres deben justificar, mediante la pertenencia a otro culto,
el hecho de que sus hijos no se matriculen en la asignatura de religión. En
2011, se legitimó el ascenso del papel de la iglesia ortodoxa dentro de los
asuntos del Estado. Las normativas sobre la Ley de Servicios Sociales dan
cabida a que la Iglesia Ortodoxa Rumana gestione los presupuestos de asistencia
social a nivel local, mediante un acuerdo Estado-Iglesia, justificado por la
necesidad de descentralizar y rentabilizar los servicios. No cabe insistir en
que la medida apunta a una conversión de los derechos sociales en una limosna
cristiana. La iglesia ortodoxa ha pasado a ser la herramienta de cohesión
social y el instrumento de control de la misma por parte de las élites
políticas, un papel que no dista demasiado del que desempañaban los curas
colaboracionistas con la Securitate en la época de Ceausescu. Al mismo tiempo,
la pobreza actual y la falta de porvenir han conllevado a un aumento del fervor
religioso.
En este contexto, la elección de Victor Poanta, así como la
previsible victoria de la coalición USL-PSD en las futuras elecciones locales
no convence a la población rumana. La clave está en manos de la sociedad civil
y de los movimientos de izquierda perfilados que acometerán la tarea de
presionar para que el Partido Social-Demócrata descarrille su agenda en pro del
fomento de un contrato social real. A la vez, la coalición PSD-USL continuará
negociando con la UE y el FMI. Queda por ver a quién brindará más apoyo el
futuro primer ministro social-demócrata.
Notas
[1] România liberă, edición on line 27.04.2012. [2] http://voxpublica.realitatea.net [3]
Violeta Alexandru, Adrian Moraru, Loredana Ercuș, Declinul participării la vot
în România, Bucarest, mayo 2009, Instituto de Políticas Públicas, pp.7
Corina
Tulbure cursa un doctorado en la Universidad de Barcelona y colabora con Sin
Permiso
