Gustavo Márquez Marín | Santos
fue reelecto en condiciones diferentes a las de su primera elección, cuando
llegó en hombros de Uribe, quien al no poder reelegirse se vio obligado a
respaldarlo, porque su pupilo, Andrés Felipe Arias, alias
“Uribito”, perdió la consulta interna del Partido Conservador desde el cual
aspiraba lanzarlo. Al resultar electo se deslindó de Uribe, cuando asumió
la recomposición de las relaciones con Venezuela y Ecuador y, la negociación
con la FARC para ponerle fin al conflicto interno. En esta oportunidad se
relegitimó al derrotar el candidato uribista en el contexto de un debate entre
la opción de la paz y las buenas relaciones con los países vecinos que ofrecía
él y, la continuidad de la guerra y la confrontación con Venezuela,
Ecuador y Nicaragua que anunciaba Zuluaga. Diferencias estas que expresan las
contradicciones interburguesas subyacentes en la clase dominante colombiana.
Santos triunfó en la segunda vuelta porque dividió al Partido Conservador, al captar a 40 de sus parlamentarios que le arrimaron 900.000 votos adicionales en la Costa Atlántica. Después de obtener el tercer lugar en la primera vuelta en Bogotá, en la segunda ganó con el respaldo de buena parte del Partido Verde y de la izquierda representada en el Movimiento Progresista de Petro, en el PDA, en la UP y en la Marcha Patriótica. Su desafío es sortear los ataques a quemarropa de un Uribe envalentonado, para lo cual deberá mantener un apoyo que combina agentes de la derecha, centro e izquierda para poder gobernar y garantizar la legitimación de los acuerdos de paz e implementar los más polémicos: participación política de los insurgentes, justicia transicional y reforma agraria.
El programa de Santos incluye una ley anti-contrabando y las
zonas francas para impulsar una economía fronteriza en recesión por el
contrabando procedente de Venezuela. Empero, por la fuerte interdependencia
socioeconómica colombo-venezolana en la franja limítrofe, es muy difícil que esos
proyectos avancen sin coordinación con Venezuela. Es el momento de impulsar un
Plan Integral de Desarrollo Sustentable Binacional enfocado en reducir la
economía ilícita, que es el caldo de cultivo de las mafias paramilitares y
BACRIM que amenazan la seguridad de la Nación.
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