Antonio Santamaría
La abdicación de Juan Carlos I y la crisis abierta en el
PSOE, el principal sostén de la monarquía parlamentaria, abren un periodo
preñado de incertidumbres en el que se abre camino la alternativa republicana.
La abdicación de Juan Carlos I ha operado como el
catalizador de las dispersas y fragmentadas fuerzas políticas y sociales que
reclaman el advenimiento de la Tercera República. Las multitudinarias
concentraciones y manifestaciones del 2 y 7 de junio en las principales
ciudades españolas reclamando un referéndum sobre la forma de Estado y
reivindicando la Re pública marcan un punto de inflexión en el proceso de
descomposición de las instituciones de la segunda restauración borbónica.
Los primeros signos de agotamiento del régimen de 1978 se produjeron tras el segundo mandato de José María Aznar y los atentados islamistas del 11M, que condujeron a una crisis de Estado que fue suturada por la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su primer mandato, Zapatero planteó un programa regeneracionista, incluyendo la reforma en cinco puntos de la Constitución, al tiempo que abría conversaciones con ETA y apoyaba la reforma del Estatut catalán en la línea de resolver los problemas de articulación territorial y el pleito de nacionalidades en España. La feroz resistencia del PP a este impulso reformista y la falta de determinación del PSOE para llevar a cabo este programa desembocaron en un fracaso estrepitoso evidenciando que el régimen era irreformable. Además, por una cruel paradoja del destino, la única reforma de calado institucional se verificó al final de su segundo mandato y en sentido contrario a sus promesas regeneracionales. Con la mayor opacidad y “agostidad”, PP y PSOE pactaron la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, ordenada desde Berlín, para asegurar la “prioridad absoluta” del pago de la deuda a la banca. Ello supuso la expulsión de IU del “consenso constitucional”. La sentencia del Estatut provocó un efecto semejante en CiU, con lo cual éste quedó reducido a los dos grandes partidos estatales.
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