Álvaro Cuadra |
| Especial para La Página |
La
demanda de una Asamblea Constituyente se inscribe en la justa lucha de un
pueblo por sus derechos civiles. En cualquier sociedad democrática una asamblea
ciudadana permite el cambio radical de la constitución de un país. No es cierto
que se trate de una conspiración del “comunismo” como alegan algunos. Tampoco
es cierto que se requiera una “revolución” o una crisis terminal para ello,
como sostienen otros. No fue así en Colombia, no fue así en Ecuador y muchas
otras naciones. No es cierto, por último, que anhelar otra constitución para
Chile sea fruto de una pipa de opio, argumento tan tosco como falaz.
En
el caso de nuestro país, hay razones más que justificadas para plantear con
toda seriedad una Asamblea Constituyente. La actual carta constitucional que
nos rige es sentida como ilegítima por una gran parte de la población,
especialmente por las nuevas generaciones. Esto es así porque toda la
arquitectura legal vigente está viciada en su origen. Quienes concibieron la
constitución en los años ochenta lo hicieron de espaldas a la soberanía
popular, en el contexto de una dictadura militar que se erigió violando,
precisamente, el orden legal existente y los derechos ciudadanos.
Los
chilenos vivimos sumidos hasta el presente en una “constitución de facto”, un
cuerpo legal que usurpa la soberanía de los ciudadanos, tal como hicieron sus
creadores. No es casual que sea esta constitución la que revista de “legalidad”
lo que todos entendemos como “impunidad”, permitiendo que los verdugos de
otrora sigan posando con ropajes democráticos de última hora. No es casual que
sea esta constitución la que revista de “legalidad” el abuso y el lucro de
grandes empresas y la entrega de nuestras riquezas básicas a capitales
extranjeros. No es casual que sea esta constitución la que asigna grandes sumas
del erario nacional a la manutención de la “familia militar” tanto activa como
aquella que permanece camuflada en organizaciones fantasmas; todo ello en
desmedro del mezquino gasto social en educación, salud y previsión social. La
actual constitución prolonga el poder instituido por la dictadura militar para
sostener un orden social oligárquico y neoliberal.
El
actual ordenamiento constitucional chileno será analizado algún día como una
didáctica pieza jurídica de antología que muestra hasta dónde puede llegar la
estupidez y el delirio autoritario humanos. Al igual que los manuales de la
inquisición, todo está previsto para que sea imposible cualquier modificación.
Resulta ilegal pretender modificar esta constitución ilegal, incluida, por
cierto, una Asamblea Constituyente. Esta aberración política y jurídica es tan
grave que convierte todo el andamiaje institucional chileno en una “asociación
ilícita” En estas circunstancias corresponde a la ciudadanía pronunciarse por
una nueva constitución que garantice no solo los derechos de todos los
ciudadanos sino la dignidad misma de nuestro país.
