Gustavo Márquez
Marín [Especial
para La Página] Si la eficiencia es la capacidad de los sistemas
para producir los resultados esperados mediante el uso óptimo de los recursos,
la corrupción es uno de los factores que más influye en las ineficiencias de la
gestión pública. De hecho es una privatización continuada del patrimonio
público por la rapiña coligada de “funcionarios públicos” y “empresarios”
amparados en la opacidad de la administración pública. Se traduce en una merma
considerable de los recursos destinados a la salud, educación, vivienda,
alimentación, seguridad social y también, en la calidad de las obras y
servicios públicos y en el rendimiento de las inversiones del Estado.
La corrupción es un fenómeno mundial que se ha difundido a
través de los intersticios del estamento social, llegando a enlazarse con el
narcotráfico y el crimen transnacional, a través del lavado de dinero y de la
manipulación de información privilegiada en el sistema financiero. En el caso
venezolano, la corrupción es la principal fuente de acumulación originaria
de capital de la burguesía parasitaria rentista. En ello ha influido la impunidad y la falta de transparencia en la gestión pública, fomentando una “cultura” de la tolerancia, que acepta como “normal” el uso de los cargos o vocerías públicas como medio para el enriquecimiento individual.
de capital de la burguesía parasitaria rentista. En ello ha influido la impunidad y la falta de transparencia en la gestión pública, fomentando una “cultura” de la tolerancia, que acepta como “normal” el uso de los cargos o vocerías públicas como medio para el enriquecimiento individual.
A pesar de contar con una legislación mundial,
interamericana y nacional robusta y de complejos y sofisticados controles
administrativos, cual cáncer en etapa terminal, la corrupción crece como la
verdolaga, al punto que el Presidente Maduro ha hecho un firme llamado al
pueblo para que lo apoye en la guerra contra este flagelo y anunció que
solicitara poderes extraordinarios para legislar sobre la materia. Creemos que
antes de hacer nuevas leyes deben abrirse las zonas oscuras de la
administración pública, para que los ciudadanos la escruten libremente y el
Poder Popular pueda realizar contraloría social permanente de la gestión
pública y accione oportunamente ante los Poderes Públicos, exigiendo sanciones
para los responsables y corrección de los ilícitos. Podria ponerse en marcha la
Misión Transparencia con el lema ¡transparencia o nada!, aplicando con rigor la
nueva “Ley de Infogobierno” y la ley contra la corrupción.
