Álvaro
Cuadra |
| Especial para La Página |
Pocas veces se ha advertido la tremenda responsabilidad de
los civiles en el golpe de estado de 1973. La dictadura chilena, finalmente, tuvo
en carácter cívico – militar. Si bien Augusto Pinochet fue el rostro visible de
la conspiración para instalar en nuestro país una atroz dictadura que costó
miles de torturados y asesinados, se olvida que hubo muchos políticos de
derechas que prepararon el camino y, más tarde, sirvieron como sostenedores y
funcionarios del régimen. Basta examinar la prensa de la época para constatar
que prominentes políticos de la CODE, la alianza de la derecha integrada por el
Partido Nacional y la
Democracia Cristiana, llamaban abiertamente a la intervención militar.
Democracia Cristiana, llamaban abiertamente a la intervención militar.
Durante el mes diciembre del año 2012, los abogados Eduardo Contreras Mella y Alfonso Insunza
Bascuñan han presentado una querella criminal, inédita en la justicia chilena,
en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) por
delitos de lesa humanidad cometidos por uniformados y civiles, con una clara
complicidad de la prensa de la época. De hecho, todos los informes sobre
derechos humanos y algunos fallos judiciales precedentes han establecido que en
Chile, en efecto, hubo cientos de detenidos, miles de ejecutados de manera
ilegal, torturados, violados y violadas y hechos prisioneros sin juicio alguno.
Una importante fuente en torno a la participación de
civiles, chilenos y extranjeros, en la conspiración que culminó con la
dictadura de Pinochet, lo constituye el informe del senado norteamericano
llamado Informe Church (1975) que establece con meridiana claridad la
intervención de la CIA y los pagos a personeros de la política, las fuerzas
armadas y la prensa en suelo chileno con el propósito de derrocar al gobierno
constitucional del presidente Salvador Allende. De acuerdo a dicho informe, la
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos invirtió ocho millones de
dólares durante el periodo 1970 – 1973, financiando al diario de Agustín
Edwards “El Mercurio” y al poderoso gremio de los camioneros para sostener una
prolongada huelga durante 1972.
Hasta el presente, la justicia chilena ha acogido de manera
débil y parcial las querellas presentadas contra personeros civiles
responsables como autores o cómplices de graves delitos cometidos antes,
durante y después del golpe de estado. De hecho, la querella presentada por los
abogados Contreras e Insunza todavía no llega a manos de
un juez a casi un mes de su presentación. La desidia de los tribunales
nacionales contrasta con sus homólogos de otras latitudes como es el caso de
Uruguay, a lo que se suma el desinterés de la prensa chilena de hoy por
esclarecer estos temas, lo que está señalando con claridad que los civiles
responsables de graves ilícitos todavía siguen impunes, muchos de ellos, en
posiciones de poder hasta el presente.
A casi cuarenta años, la responsabilidad de los civiles en
el golpe militar que sumió a Chile en su peor tragedia del siglo XX sigue
siendo un imperativo ético y político pendiente. No es concebible una
democracia más plena sin el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la
dictadura de Augusto Pinochet, no es sano para un país vivir el clima de
impunidad que ha caracterizado durante todos estos años nuestra
institucionalidad democrática. Las
nuevas generaciones de chilenos reclaman en las calles por la verdad y la
justicia, única manera de superar el dolor y avanzar hacia un mañana más digno.
