La supresión del Ministerio del Ambiente contradice el discurso político ecosocialista, porque debilita la función reguladora y contralora del Estado en materia ambiental, al subordinarla al desarrollo urbanístico y habitacional objeto de su regulación. Así, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat (MPPVHA) ahora actuará como juez y parte, creándose un vicio que compromete el equilibrio en decisiones de alto impacto social, regularmente sometidas a la presión de la coyuntura y de los intereses inmediatos que giran en torno a las contrataciones públicas y a las actividades económicas, propias del proceso de acumulación capitalista determinado por la maximización de la ganancia, a través de la sobreexplotación del trabajo y la naturaleza. Una de las debilidades de la revolución ha sido la falta de seguimiento de la gestión y las políticas públicas, con lo cual se han facilitado las ineficiencias y la corrupción.
La batalla contra el burocratismo podría perderse si se
liquidan espacios institucionales como el Minambiente, que programática e
históricamente han servido de interlocución del movimiento popular y contrapeso
al desarrollismo depredador. Siendo la materia ambiental transversal,
transdisciplinaria e intergeneracional, debe administrarla un órgano del Estado
especializado, con capacidad de liderar la aplicación de la robusta legislación
ambiental y el ordenamiento territorial que enmarca el proyecto ecosocialista
contenido en el Programa de la Patria. Con su eliminación, el gobierno se metió
un autogol que solo beneficia a los enemigos de la revolución. Es necesaria una
rectificación.
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