Su afición desmesurada por las bebidas alcohólicas, es bastante conocida en nuestro país
El nuevo presidente de El Salvador, Mauricio Funes, cuya elección acabó con decenas de años de gobiernos al servicio de la oligarquía y el imperio, en una de sus primeras declaraciones ofreció enterrar la impunidad y someter a los tribunales a los autores de numerosos crímenes, perpetrados por el brazo armado del partido fascista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundado en 1985 por Roberto D´Aubuison, autor intelectual de la muerte de monseñor Arnulfo Romero, ejecutado con un tiro en la frente cuando oficiaba misa en la catedral de San Salvador.
Otro de los hechos más repugnantes y viles fue el asesinado de seis sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Armando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín- Baró, Segundo Montes y Joaquín López, profesores todos de la Universidad Centroamericana (UCA), acusados de estar vinculados con la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN).
Operación Centauro
En un ambiente de terror, desatado por un grupo de coroneles, integrantes del “Escuadrón Tandona”, responsables de haber colocado bombas en las sedes de madres y viudas de los que de los guerrilleros caídos en combate y de la Federación de Sindicatos, ocasionando la muerte de varias mujeres y de diez líderes sindicales, además de numerosos heridos, un grupo de hombres armados de fusiles y pistolas, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 irrumpió en la UCA, obligó a los seis jesuitas a levantarse de sus camas, los condujo a un pequeño patio, donde los pusieron boca abajo en la tierra, disparándoles con balas explosivas en la cabeza. Al marcharse, descargaron sus armas en la imagen de Cristo en la Cruz, que estaba a la entrada de la UCA.
Así se cumplió la “Operación Cent auro ”, nombre de código del plan de eliminación física del grupo religioso, que estaba bajo sospecha de colaborar con la guerrilla salvadoreña.
La participación de “El Matacuras”
Unos días antes de ese fatídico 16 de noviembre, un ex capitán de Venezolana Internacional de Aviación (VIASA), que estaba al servicio del Ministerio del Interior del gobierno de Luis Herrera Campins, fue citado por el director de entonces de la policía secreta DISIP, Remberto Uzcátegui, para recomendarle una “peligrosa misión”, según sus palabras, pero se iba a ganar una buena suma de dinero. El piloto aceptó, siendo citado posteriormente para que estuviese listo.
Dos días después de esta conversación, despegó de La Carlota un avión, conducido por este piloto, acompañado de cuatro personas que se identificaron como agentes de la DISIP y que introdujeron en la nave tres bultos. Al requerirles el capitán de qué se trataba, le comunicaron, luego de comprometerlo a guardar silencio, que uno de los sacos contenía seis millones de dólares y los otros dos, cinco fusiles y proyectiles explosivos.
El avión hizo un toque técnico en Costa Rica, donde agentes fueron sustituidos por personal de la Embajada de Venezuela en El Salvador. Luego, prosiguió su viaje aterrizando no en el aeropuerto internacional de ese país, sino en la pista de un cuartel próximo a la capital salvadoreña.
Al rato se presentaron dos vehículos portando banderas de Venezuela, a donde fueron trasladados los bultos. Al salir los carros, fueron detenidos por un oficial que comandaba la guardia de prevención, y quien reclamaba requisar los vehículos, pero al recibir una orden del general jefe del cuartel, desistió de su intento.
Al llegar a la sede de la Embajada, la cual por cierto estaba protegida por una valla de sacos de cemento, los bultos fueron recibidos por el embajador de entonces, Leopoldo Castillo, bautizado por el pueblo salvadoreño como el “Matacuras”.
Investiga el Senado estadounidense
Según información de la agencia británica Reuters, fechada el 31 de enero de 1990, Washington, firmada por su corresponsal Dan William:
“La Operación Centauro implicaba a agentes cubanos residentes en Miami y al embajador de Venezuela, en El Salvador, Leopoldo Castillo, de quien se dice –subraya el despacho cablegráfico- era la fuente de los servicios de inteligencia que identificaron a los seis jesuitas para asesinarlos”.
Esta información es parte de la investigación que en enero de ese año realizaba el Senado estadounidense respecto a la nominación de Roger Noriega para la Subsecretaría de Estado para América Latina. Noriega estaba conectado con Elliot Abrahams, John Negroponte, Roger Maurer y Oliver Norh, muy conocidos por sus injerencias en los asuntos internos de los países latinoamericanos y sus siniestros planes, como la “Operación Centauro ”, dirigidos a convertir estas naciones en colonias de los Estados Unidos, utilizando para ello el asesinato y otras acciones criminales. Leopoldo Castillo, afirma el corresponsal William, formaba parte del servicio de inteligencia de este grupo.
A continuación texto traducido de la nota de Reuters
31 de enero. Por Dan Williams - WASHINGTON (Reuters). El Senado de los Estados Unidos de América está revisando la nominación de de Roger Noriega para la Subsecretaría de Estado para América Latina, la misma posición que hasta diciembre pasado ostentaba Otto Reich. Actualmente, el seño Noriega ocupa el puesto de representante de los EUA ante la Organización de los Estados Americanos.
Noriega está siendo monitoreado ahora por su relación con Elliot Abrahams, John Negroponte, Otto Reich y Roger Pardo-Maurer, equipo relacionado con el tristemente célebre Oliver North y el asunto Irán-Contras.
Durante el enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército salvadoreño, a principios de los años ochenta, John Negroponte, para entonces embajador de los EUA en Honduras y el super agente de la CIA Roger Noriega , se vieron relacionados con las investigaciones que sobre el asesinato de los misisoneros Maryknoll William Woods, Yado Ite Ford, Maura Clarke y Dorothy Kazel.
"Operación Centauro" era el nombre código para el plan de eliminación física de de personal religioso que estuveira bajo sospecha severa de colaborar con las guerrillas salvadoreñas. El proyecto implicaba a a agentes cubanos radicados en Miami y al embajador de Venezuela en El Salvador, Leopoldo Castillo, de quien se ha dicho que era la fuente de los servicios de inteligencia que identificó a las víctimas.
