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| Foto: General Alberto Bachelet |
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| Especial para La Página |
El
juicio a dos coroneles en retiro de la Fuerza Aérea de Chile por torturas con
resultado de muerte en la persona del general Alberto Bachelet pone en
evidencia que el golpe de estado significó no sólo un crimen contra la
población civil sino, y en primer lugar, al interior mismo de las fuerzas
armadas. Todos los oficiales y suboficiales que no adhirieron a la asonada
golpista fueron destituidos, torturados y, en muchos casos, asesinados por sus
propios compañeros de armas. De hecho, hubo muchos uniformados
“constitucionalistas” que en un gesto patriótico colaboraron lealmente con el
gobierno del presidente Salvador Allende, siguiendo la llamada “doctrina
Schneider”
La
responsabilidad por tales crímenes no alcanza solo a quienes ejecutaron las
órdenes sino, y muy especialmente, a los autores intelectuales que las
dictaron. En el caso de la muerte por tortura del general Alberto Bachelet
detenido en la Academia de Guerra, es necesario recordar que el director de
dicha institución, en ese entonces, era
el general Fernando Matthei, quien fuera después miembro de la junta de
gobierno. La red de terror tejida por los golpistas alcanzó a los más altos
mandos de las instituciones armadas, comprometiendo a muchos uniformados en crímenes
deleznables.
El
juicio por el caso del general Bachelet abre un ignominioso y doloroso
expediente de la dictadura, sin embargo, constituye un signo en el sentido
adecuado. Como toda tragedia, la nuestra linda con la muerte y la vergüenza.
Una tragedia anunciada por el coro vocinglero e insolente de un sector que
sintió amenazados sus privilegios y que culminó con la Moneda en llamas y la
muerte del presidente constitucional. Una inmolación que marca a sangre y fuego
la historia de nuestro país hasta la fecha.
La
justicia chilena no puede hacer oídos sordos a la demanda ciudadana,
precisamente, por justicia y verdad. Hasta la fecha, los caminos establecidos
han sido más bien tortuosos e ineficaces. Mientras en otras latitudes se ha
llevado a los tribunales a los cabecillas de atrocidades similares a las
cometidas en nuestro suelo, se advierte entre nosotros una cierta indolencia,
acaso una negligencia, respecto al tema de los Derechos Humanos.
El
reclamo de los familiares de las víctimas, sea que se trate de uniformados o
civiles, no puede ser desoído por el Chile actual. La democracia que anhelamos
debe construirse sobre las sólidas bases de una justicia cierta que devele toda
la verdad de lo acontecido, por sórdido o triste que resulte. A las nuevas
generaciones les asiste el derecho moral de conocer todos los pormenores
relativos a la dictadura militar. Solo de este modo seremos capaces de superar
los traumáticos efectos de nuestra tragedia colectiva en el presente.
