Gustavo Márquez Marín |
| Especial para La Página |
En su tránsito por el neoliberalismo, los gobiernos cuartorepublicano, propugnaron sin
eufemismos la pulverización del Estado y demonizaron la planificación centralizada supuestamente
por “estar plagada de ineficiencias” e
interferir la sacrosanta “mano invisible del mercado”, gestora de
un “progreso” globalitario empobrecedor.
Si bien, el gobierno bolivariano ha reivindicado al Plan de
la Nación como el instrumento que
permite darle direccionalidad estratégica y gobernabilidad a la transición del
capitalismo rentista-dependiente al socialismo del Buen Vivir, es en la nueva
etapa que se inicia cuando le ha dado un
carácter participativo amplio, en correspondencia con la proyección que ha
tenido el Poder Popular como sujeto fundamental de la revolución. Sin embargo,
para lograr la anhelada eficacia, la
planificación, asumida como un proceso permanente y continuo,
no solo debe enfocarse hacia la formulación del Plan, sino también,
hacia la construcción de los mecanismos
de seguimiento y ejecución.
No basta disponer de un marco político-estratégico general,
por muy pertinente que este sea con el discurso político revolucionario, si no
se traduce en políticas y proyectos transformadores que movilicen a los actores
en el territorio, hacia la concreción de
los cambios sociales, económicos, culturales y político-institucionales. A ese
propósito podría contribuir la
activación de un nivel de planificación regional, intermedio entre el
nivel estadal y el nacional, circunscrito a los ejes de desarrollo
territoriales estratégicos. Por ejemplo, para ejecutar la directriz del
Presidente Chávez de desarrollar un Polo Industrial de cara al MERCOSUR,
fundado en el Eje Barquisimeto-Puerto
cabello-Valencia-Maracay-La Victoria y más allá, se requeriría de un nivel de
planificación de este tipo que lo haga viable.
