Miguel
Manzanera Salavert |
| Especial para La Página |
Muchas
cosas están cambiando en este país como consecuencia de la crisis
económica. Por ejemplo, la percepción
que tienen los españoles de la realidad en la que viven. Según el barómetro del C.I.S. (Centro de
Investigaciones Sociológicas), en diciembre de 2012 más del 90% de los
encuestados pensaban que la situación económica de nuestro país es mala o muy
mala.[1] Es obvio que esa opinión subjetiva se
corresponde con los datos objetivos de la economía. Tomemos algunos datos:
1. El paro registrado por el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística) se situaba en 2011 más del doble por encima del paro del año 2007, y ha seguido aumentando hasta alcanzar valores cercanos a los 6 millones según algunas estimaciones.
2. Como consecuencia, el Estado español, que oficialmente había recibido cerca de 5 millones de inmigrantes en la última década –posiblemente la cifra alcance cerca de 7 millones contando con los ilegales-, ha vuelto a tener un saldo migratorio negativo en el último año. Por poner ejemplo significativo, algunos jóvenes españoles con preparación universitaria están estudiando inglés para ir a trabajar como camareros en Londres y otras capitales europeas. 3. Otro dato preocupante: el diario Expansión alertaba hace unos meses ‘de una fuga de capitales a gran escala en España’.[2] Etc.
Que
los políticos de Madrid no han sabido gestionar la crisis es algo evidente
también para muchos ciudadanos. En la
misma encuesta del C.I.S., el 76% de los encuestados consideran que la situación
política es mala o muy mala. La mayoría
además es pesimista acerca de evolución de los acontecimientos en los próximos
años. Por eso las manifestaciones y
protestas de los ciudadanos son masivas en los últimos años, aunque todavía no
haya resultados claros traducidos en el necesario cambio político. Desde la movilización del 15 M, se está
creando una cultura democrática renovada que tendrá que cristalizar en nuevas
instituciones políticas. Pues casi el
30% de los ciudadanos estima que la nula capacidad de nuestros políticos se
encuentra entre los tres primeros problemas que tiene nuestro país (11,2% el
primer problema) –si bien la mayoría, un 77%, considera que el paro es lo más
preocupante-. En consecuencia, los españoles
sitúan la lucha contra el paro como el primer objetivo de la sociedad, seguido
por la lucha contra la corrupción política como segundo objetivo (46,7%, casi
la mitad de la población, entre primero y segundo objetivo). Lo que significa que los ciudadanos relacionan
la crisis de la democracia con la depresión que está llevando a la miseria a
tantas familias, y que ese fracaso económico de nuestro país afecta la
estabilidad política de la actual forma del Estado. Hacía mucho tiempo que las instituciones del
Estado -la monarquía y su sistema de representación ante la opinión pública-,
no estaban tan desacreditadas entre la ciudadanía como hoy lo están.
La
corrupción de los políticos y las instituciones salta continuamente en los
titulares de los periódicos; es degradante y nos conduce al borde del
abismo. Pero lo más patético de la
política actual es comprobar la desorientación del gobierno español. Su acción a remolque de los hechos, desmiente
su capacidad de gestión y sus ideas trasnochadas; los políticos que dirigen el
Estado se muestran carentes de cualquier iniciativa para afrontar los problemas
de manera constructiva. Sus dogmas
neoliberales carecen de sentido, y han demostrado su incapacidad para
proporcionar una economía productiva desarrollada tanto aquí como en los países
vecinos: Grecia, Portugal, Italia. Pero
en realidad eso ya se venía venir. En
Europa se está repitiendo un escenario conocido: el hundimiento de la economía
latinoamericana en los años 90, por la aplicación de las mismas políticas neoliberales
que ahora nos toca padecer. Frente a las
negras perspectivas de futuro, al presidente del gobierno y sus ministros solo
se les ocurre ofrecer mentiras descaradas y jaculatorias bienintencionadas: los
papeles de Bárcenas son falsos, tenemos derecho a equivocarnos, lo peor de la
crisis ya ha pasado, etc.
Necesitamos
avanzar hacia un orden social que fuera capaz de sacarnos del marasmo en el que
nos encontramos empantanados. Las
enormes movilizaciones de los ciudadanos en los últimos años han puesto en
cuestión el propio sistema político, pero todavía no está claro que se hayan
creado las fuerzas necesarias para la transformación social que requiere la
actual coyuntura histórica. La situación
no es insurreccional, ni siquiera pre-revolucionaria. Pues más que un proyecto renovador de la sociedad,
la protesta se nos muestra como un movimiento reactivo ante el desmoronamiento
de las expectativas sociales en España y en Europa. El hundimiento de la economía capitalista por
las políticas neoliberales ha revelado la verdadera naturaleza del sistema: el sistema
político de la monarquía parlamentaria no es capaz de representar los intereses
a largo plazo y los deseos de justicia de la mayoría social. Las instituciones democráticas existentes
están desacreditadas –el sistema electoral bipartidista, la monarquía, la
judicatura-, o vaciadas de contenido por su subordinación a los poderes
fácticos de la burguesía –los sindicatos mayoritarios-.
Pero
todavía no se ha visualizado la necesidad de un nuevo orden social, seguramente
porque aún no se han constituido las fuerzas que lo harían posible. Las que pueden servir de recambio, andan en
estado embrionario y deben desarrollarse a partir de las actuales luchas
políticas –la auto-organización de la sociedad civil-. O bien se encuentran en un estado de
precariedad manifiesta: se caracterizan por sufrir altibajos coyunturales y por
pertenecer a ámbitos políticos periféricos al poder del Estado –IU, ICV, ERC, CUP,
Anova, Bildu, Compromís, a lo que añadiríamos los sindicatos más radicales y el
asociacionismo organizado de los movimientos sociales-.
Esa
sopa de letras, representativa de la pluralidad de la izquierda, es también
indicativa de las enormes divergencias que anidan en ella y las dificultades
para crear un bloque social que ofrezca una alternativa a la podredumbre del
sistema. En el proceso de
auto-organización de la sociedad civil pasa lo mismo: hemos visto nacer un buen
puñado de organizaciones al calor de la protesta social: Democracia Real Ya,
Indignados del 15 M, Constituyentes, Socialismo 21, Frente Cívico, Asamblea de
Andalucía, etc. Si bien es fácil
constatar que esos movimientos y su actividad política refuerzan las posiciones
de izquierda, no debe ser menos evidente que esos progresos no se harán
efectivos a menos que exista un plan general para el combate por el futuro: se
hace necesario un acuerdo general entre todos los protagonistas del cambio para
avanzar hacia un proceso de transformación social efectivo. Para ello es imprescindible una clarificación
de las distintas fuerzas que constituyen el motor del cambio en el Estado
español, de modo que los diferentes actores puedan actuar de forma
complementaria, en un frente común para avanzar hacia una democratización más
radical de la sociedad española.
La
propia intelectualidad crítica del Estado español se muestra desorientada y
dividida ante cuestiones tan básicas como el papel que deben jugar las
instituciones políticas existentes en el diseño de la transformación social. El primer problema que nos sale al paso es la
definición frente a las desacreditadas organizaciones que han servido para
integrar a los trabajadores en el orden social juancarlista desde hace 35 años.
¿Son recuperables los sindicatos
mayoritarios para un orden político más democrático? ¿En qué condiciones sería
posible esa recuperación? ¿Es el PSOE un
cadáver político o puede todavía servir para defender los intereses de los
trabajadores y las clases populares? Ese
debate está generando un fuerte conflicto dentro de IU en regiones como
Extremadura y Andalucía, ante la decisión de tener que apoyar o no, gobiernos
del PSOE con minoría mayoritaria en las cámaras regionales. Creo que también existe larvado en otras
comunidades que no han tenido que tomar la decisión. No parece posible, pero tampoco sería de
extrañar, que ante la pudrición política de la derecha, de nuevo algunas gentes
de izquierdas sintieran la tentación de arrojarse en los brazos del PSOE. No sería la primera vez que pasase; más bien ésa
ha sido la tónica en el funcionamiento de la democracia juancarlista. Pero la crisis es tan profunda que ni esa
alternativa parece quedarle al sistema.
Si
tengo razón en esto, debemos entonces preguntarnos por la posibilidad de
plantear la República como alternativa política, por qué medios sería posible
instaurarla y qué clase de República queremos.
En eso también andan las opiniones divididas. En primer lugar, porque es claro que hay
fuertes movimientos fascistas en nuestro país y en Europa, lo que exige actuar
con extraordinaria prudencia, sabiendo lo que puede llegar a pasar. Incluso planteando la alternativa al orden político
actual, se haría necesario defender la trinchera parlamentaria. ¿Podría nacer de nuevo una III República a
partir de una transformación del actual orden constitucional, tras unas
elecciones decisivas como sucedió en 1931?
Sin duda, merecería la pena intentarlo sin ingenuidad, contando con los
movimientos de auto-organización de la sociedad civil en el avance hacia una
democracia participativa, y solo como primera fase en la lucha por la
transformación del Estado. Las fuerzas
políticas democráticas y los movimientos sociales deben establecer un programa
de acción que contemple como primer medida la realización de un referéndum
sobre la forma del Estado.
Pero
aquí aparece una segunda objeción, y es que los proyectos republicanos
presentes en nuestra sociedad son variados y diferenciados. Existe en el Estado español un republicanismo
catalanista, euskaldún, galleguista, andalucista,…, al lado del republicanismo
centralista. Existe también una
tradición confederal, el iberismo, además de la centralista y del término medio
federalista. Sin duda, el problema de
decidir la forma del Estado puede resolverse mediante procedimientos
democráticos formales, fundados en la regla de las mayorías y el derecho de
autodeterminación de las nacionalidades.
Para tomar esa decisión es necesario llegar a un compromiso leal entre
las fuerzas que representan las diferentes posiciones políticas, y estén
dispuestas a avanzar en la profundización de la democracia económica, política
y social.
Suponiendo,
que se abriera esa vía parlamentaria hacia la regeneración del Estado mediante
la República, para lo que sería necesario un acuerdo entre las fuerzas
parlamentarias y extraparlamentarias que permitiera iniciar el proceso de
cambio, queda todavía el obstáculo más importante para la constitución de ese
bloque histórico. Pues en efecto, la regeneración
política exigirá de forma paralela la transformación económica, poniéndonos
ante la posibilidad de superar el modo de producción capitalista. Sin embargo, la legítima aspiración a abolir
el capitalismo, se enfrenta al bloqueo histórico que ha sufrido el socialismo
en las últimas décadas, de modo que las Repúblicas Democráticas que reconocen
la perspectiva socialista como horizonte futuro, han adoptado, provisionalmente
o no, formas y valores mercantiles en la organización de la producción
económica. Sirva eso de advertencia ante
las tentaciones de correr demasiado en el proceso de la transformación.
Desde
Marx y Engels sabemos que el elemento determinante en la construcción de la
sociedad futura viene dado por la organización de las relaciones
internacionales. La transformación del
modo de producción exige una perspectiva mundial sobre el desarrollo de la
humanidad; hoy en día que la economía se ha globalizado, eso es más cierto que
nunca. Elementos importantes para la
construcción del socialismo en el siglo XXI vienen dados por la construcción
del consenso mundial sobre la protección de los derechos humanos y la asunción
de la normativa internacional emanada de la ONU. Y la cuestión política puede plantearse a
partir de ahí, como la búsqueda de mecanismos eficientes para dar satisfacción
universal de los derechos humanos, para las generaciones presentes tanto como
para las futuras. En este sentido el
fracaso del orden mundial capitalista es palmario y por eso es de justicia
aspirar a un orden internacional socialista.
Basta observar la incapacidad del sistema mundial para satisfacer los
objetivos del milenio propuestos por la ONU, o la insostenibilidad ambiental
del derroche capitalista que pone en riesgo la vida de las generaciones
futuras.
Por
tanto, plantear la construcción del socialismo equivale a presentar un cuadro
de las relaciones internacionales, sobre el que se debe intervenir
políticamente. Y aquí las discrepancias entre
las fuerzas políticas del movimiento social se muestran más agudas si cabe; las
discusiones y divergencias acerca de la posición a tomar en la arena
internacional parecen irresolubles.
Empezando por la actitud hacia la Unión Europea -¿debemos no salirnos
del euro?-; siguiendo por las posiciones ante la guerra en Oriente Medio
promovida por la OTAN –Irak, Afganistán, Siria, Irán, Pakistán, Turquía, etc.-,
y ahora también en África –Libia, Chad, Sáhara, etc.-; añadiendo las
discrepancias sobre los rumbos que debe tomar el socialismo en el siglo XXI, a
partir de los resultados en América Latina; y además la evaluación que merece
la hegemonía china, anunciada para las próximas décadas, por ejemplo en sus
relaciones con el continente africano, importante suministrador de materias
primas; etc. Son algunos ejemplos de
falta de unanimidad entre las vanguardias sociales y los intelectuales críticos,
que indican la existencia de proyectos alternativos en los agentes políticos, y
tal vez también importantes oscuridades en la comprensión de los fenómenos
históricos.
Ese
obstáculo solo se podría salvar con acuerdo de mínimos; y para mí el mínimo es
un principio recogido en la Constitución de la II República: renunciar al uso
de la fuerza militar y la violencia bélica en las relaciones
internacionales. Esto es renunciar al
imperialismo; lo que significaría salirnos de la OTAN. Creo que ese principio echaría atrás a la
mayoría de los españoles. Por varios
motivos.
- El primero es lo que la renuncia al imperialismo significaría en términos de riqueza material. Con suerte, eso significaría vivir como los cubanos: el PIB se situaría por debajo de la actual media mundial, y en esas condiciones habría que sostener, si fuera posible, el Índice de Desarrollo Humano ya alcanzado. La burguesía española no aceptará ese cambio que le despojaría de su poder, y combatirá por evitarla. Esa oposición no sería muy importante, y el combate político se podría ganar para la República, si el pueblo tuviera claros los objetivos políticos republicanos.
- Pero en segundo lugar, pesan importantes motivos culturales: ¿podrá el español medio aceptar ese sacrificio de la tradicional prepotencia imperialista que ha caracterizado el Estado español, desde su fundación por los Reyes Católicos como aspirante al dominio de la Tierra en el nombre del Dios católico?
Desde la
amarga experiencia del siglo XX, como colofón de una terrorífica historia de
cinco siglos imperiales, no es fácil responder con un sí a esta pregunta. Esa me parece la causa más profunda de la
desorientación de la izquierda española.
Por
tanto, la cuestión es que fuera de la República no hay otro camino para avanzar
hacia el socialismo para nuestros países ibéricos, y ese camino parece
bloqueado hasta hoy. Es evidente que
todavía estamos lejos de que se den las condiciones mínimas que nos hagan
emprender esa marcha revolucionaria a los pueblos de nuestra maltratada piel de
toro.
Notas
